Gobierno ordena traslado de $25 billones de AFP a Colpensiones mediante decreto

El Gobierno nacional expidió el decreto que ordena el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones, en una decisión que se conoció en medio del congreso anual del gremio y que reaviva el debate jurídico y económico sobre el manejo de los ahorros pensionales en Colombia.

La norma, firmada por los ministerios de Hacienda y de Trabajo, materializa una medida que ya había sido anticipada en un borrador que generó fuertes cuestionamientos por parte de entidades de control, expertos y representantes del sector financiero.

El eje central del decreto es reglamentar el traslado de recursos de los afiliados que hicieron uso de la denominada “ventana de oportunidad”, contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional aún bajo revisión de la Corte Constitucional.

De acuerdo con el texto oficial, la disposición busca establecer la exigibilidad del traslado de los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

En términos prácticos, esto implica que los afiliados que optaron por cambiar de régimen deberán llevar consigo la totalidad de su ahorro pensional, incluyendo capital y rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de transferencia.

El decreto establece un calendario exigente para las administradoras privadas. El 50% de los recursos deberá ser trasladado en un plazo máximo de 20 días desde la entrada en vigencia de la norma, mientras que el restante 50% deberá girarse en los 10 días siguientes.

Este cronograma ha despertado inquietudes en el sector, dado que los fondos mantienen los recursos invertidos en distintos instrumentos financieros, lo que dificulta su liquidación en periodos tan cortos sin afectar la rentabilidad.

La decisión se apoya en los apartados de la reforma pensional que continúan vigentes, pese a la suspensión provisional de varios de sus artículos mientras la Corte Constitucional define su legalidad.

Entre los puntos que se mantienen en pie está precisamente la “ventana de traslado”, que permitió a ciertos afiliados cambiar de régimen bajo condiciones específicas.

Sin embargo, el contenido del decreto ha sido objeto de reparos desde distintos frentes. La Contraloría General de la República había advertido previamente sobre posibles inconsistencias jurídicas, al considerar que la misma ley que habilitó la oportunidad de traslado también establece que los recursos deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que se configure el derecho a la pensión.

Desde el sector privado, las críticas han sido reiteradas. Voceros de Asofondos señalaron que la medida afecta el patrimonio de millones de colombianos, cuyos ahorros están invertidos con el objetivo de generar rendimientos a largo plazo.

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Santiago García, directivo del gremio, indicó que el traslado masivo de recursos podría alterar la estabilidad del sistema, mientras que el presidente de la agremiación, Andrés Velasco, subrayó que las AFP no mantienen liquidez suficiente, dado que su función fiduciaria consiste en invertir los recursos para maximizar su rentabilidad.

Velasco también advirtió que el decreto obliga a realizar un proceso de desinversión acelerado, lo que podría impactar negativamente los portafolios y, en consecuencia, el valor de los ahorros.

En ese sentido, insistió en que los fondos cumplirán la norma, pero al mismo tiempo adoptarán las acciones necesarias para proteger los recursos de los afiliados.

El trasfondo del debate se conecta con uno de los pilares de la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que plantea un sistema de pilares en el cual Colpensiones tendría un papel central en la administración de los aportes obligatorios hasta cierto umbral.

No obstante, la incertidumbre jurídica persiste mientras la Corte Constitucional no emita un fallo definitivo sobre la exequibilidad de la ley.

A la par, el proyecto contempla la creación de un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, destinado a respaldar el sistema en el largo plazo.

Este componente ha sido citado por analistas como un mecanismo de protección frente a posibles presiones fiscales, aunque su implementación depende igualmente de la decisión del alto tribunal.

En este contexto, la expedición del decreto introduce un nuevo elemento en la discusión sobre el futuro del sistema pensional colombiano.

Mientras el Gobierno defiende la medida como un desarrollo normativo de la reforma, los cuestionamientos apuntan a la seguridad jurídica, la protección del ahorro individual y las implicaciones fiscales de trasladar recursos que actualmente se encuentran invertidos en el mercado de capitales.

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