Ministro de Justicia denuncia espionaje con Pegasus y señala a miembros del Gobierno

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, denunció haber sido objeto de espionaje a través del software Pegasus, un programa de origen israelí especializado en la infiltración de dispositivos móviles.

De acuerdo con los análisis forenses practicados por una firma internacional, el teléfono del funcionario fue intervenido en noviembre de 2025 y desde entonces se extrajo información de manera remota. Idárraga sostiene que la operación fue ordenada por actores dentro del propio Gobierno.

El informe forense, cuya existencia confirmó el propio ministro, establece que el teléfono iPhone de su propiedad fue infectado el 1.º de noviembre de 2025 a las 2:32 p. m.

Quince segundos después, se detectó la instalación de una librería maliciosa que dio inicio al monitoreo. Desde ese momento, se han registrado 134 activaciones remotas del micrófono, lo que habría permitido a los operadores del programa escuchar y grabar conversaciones en tiempo real.

También se identificaron 2.3 gigabytes de información extraída, incluidos mensajes, archivos y datos almacenados en aplicaciones cifradas como Signal, Telegram y Line.

El análisis técnico identificó acceso a más de 8.000 mensajes de texto. Las comunicaciones intervenidas abarcan tanto conversaciones personales como institucionales, entre ellas intercambios con el presidente Gustavo Petro.

Según el informe, los operadores del software tuvieron acceso a una réplica completa del contenido del teléfono y recibieron información de forma inmediata, sin necesidad de intervención física sobre el aparato.

Cuando se produjo la infección del dispositivo, Idárraga ocupaba el cargo de secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

Durante ese periodo, adelantaba investigaciones sobre presuntas irregularidades en las Fuerzas Militares. Entre los temas en revisión se encontraban posibles alianzas entre altos mandos del Ejército y estructuras armadas ilegales, filtraciones de información sobre operativos de seguridad, desvío de armamento desde la Industria Militar (Indumil) hacia grupos armados, irregularidades en procesos de adquisición de vehículos blindados y el uso indebido de fondos reservados de inteligencia.

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El 11 de noviembre de 2025, pocos días después del inicio del espionaje, se expidió una orden operativa desde el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM).

El documento clasifica como una amenaza interna a “miembros activos y retirados del Ejército Nacional que filtran información reservada al actual secretario de Transparencia”.

El mismo texto ordena identificar a los presuntos responsables del flujo de información y tomar medidas por el “posible daño a la imagen de altos oficiales”.

El ministro calificó como llamativo que, en lugar de abordar las denuncias sobre irregularidades en el sector Defensa, se haya optado por focalizar esfuerzos en rastrear a quienes colaboraban con su investigación.

Idárraga afirmó que esta orientación de la contrainteligencia coincide temporalmente con la instalación de Pegasus en su dispositivo, lo que sugiere un vínculo entre ambas operaciones.

En declaraciones recientes, el ministro detalló comportamientos anómalos en su teléfono, como la aparición de mensajes no leídos en aplicaciones de mensajería que ya había revisado, modificaciones en archivos almacenados en la nube y notificaciones sobre intentos de acceso desde dispositivos desconocidos.

Según precisó, en su cuenta de correo electrónico llegaron a figurar hasta cuatro iPhone conectados simultáneamente.

La existencia y operación de Pegasus en Colombia no es un hecho nuevo. El software fue introducido durante el gobierno de Iván Duque, y su adquisición se financió con recursos entregados por agencias de seguridad de Estados Unidos.

En su momento, cuando se conoció la procedencia de los fondos, la investigación sobre el uso de esta herramienta se interrumpió. No obstante, el caso actual indica que Pegasus continúa en funcionamiento y que su utilización ha trascendido objetivos de seguridad nacional para emplearse presuntamente en acciones de vigilancia interna contra funcionarios estatales.

Idárraga señaló que el uso de este tipo de tecnología con fines políticos, y no operativos contra estructuras criminales, representa un riesgo institucional grave.

También advirtió que el espionaje dirigido a su gestión como secretario de Transparencia coincide con el avance de investigaciones sobre corrupción en organismos del Estado, en especial dentro del sector Defensa.

El caso revive episodios anteriores de interceptaciones ilegales en Colombia, como los realizados por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se documentaron seguimientos a magistrados, periodistas y opositores. Desde entonces no se conocían evidencias tan detalladas sobre acciones de vigilancia contra funcionarios de alto nivel.

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