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Contraloría alerta por $4,84 billones de recursos públicos inmovilizados en fiducias sin ejecutar
Estudio advierte que más de un tercio de los recursos comprometidos en negocios fiduciarios permanece sin uso.
La Contraloría General de la República encendió las alertas por la persistente inmovilización de recursos públicos administrados a través de fiducias. Con corte a diciembre de 2024, el ente de control identificó que de un total de $13,48 billones comprometidos en 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones correspondientes a 156 contratos permanecen sin ejecutar, lo que equivale al 35,61 % del total.
Según el informe, esta situación implica un doble costo para el Estado. Por un lado, una pérdida de eficiencia económica asociada al costo de oportunidad, dado que los recursos permanecen en portafolios de baja rentabilidad en lugar de generar valor público. Por otro, una pérdida de eficacia social, reflejada en el retraso de obras y servicios esenciales como proyectos de vivienda, centros de salud y obras de infraestructura, lo que impacta directamente el gasto público social y la calidad de vida de la ciudadanía.
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En una muestra analizada por la Contraloría por $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda encabeza la lista de entidades con mayores recursos inmovilizados, con $165.255 millones, equivalentes al 42,34 %. Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01 %), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17,37 %). En cuanto a las fiduciarias, Scotiabank Colpatria concentra la mayor administración de recursos sin ejecutar, con $168.081 millones, seguida por Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular.
El estudio atribuye esta problemática principalmente a deficiencias contractuales, falta de ejecución oportuna y procesos administrativos ineficientes, factores que generan rigidez operativa y retrasos, pese a la disponibilidad de los recursos. La Contraloría advirtió que los proyectos más afectados pertenecen a sectores estratégicos como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, caracterizados por altas inversiones y ejecuciones de largo plazo. Ante estos hallazgos, el organismo anunció el inicio de las actuaciones fiscales correspondientes para proteger el patrimonio público y mejorar la eficiencia del gasto.
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