Israel confirma abatimiento del ayatolá Alí Jameneí y recuperación de su cuerpo: fin del régimen de Irán desde 1979

Las fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar coordinado sobre varios objetivos en Irán en la mañana de este sábado, en lo que Washington denomina “Operación Furia Épica” (Epic Fury) y Jerusalén ha llamado “Rugido del León”.

Según altos funcionarios israelíes citados por agencias internacionales, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, habría muerto tras ser alcanzado por los bombardeos sobre su residencia en Teherán y su cuerpo fue supuestamente hallado en un búnker subterráneo.

El gobierno iraní no ha confirmado oficialmente su fallecimiento. Voceros oficiales calificaron la ofensiva como una “guerra mental” impulsada por adversarios extranjeros y negaron, de momento, que Jameneí esté muerto —asegurando incluso que fue trasladado a un lugar seguro— aunque también reconocieron la muerte de otros comandantes militares durante la operación

Benjamín Netanyahu y del presidente estadounidense Donald Trump, la ofensiva buscaba: Neutralizar la amenaza nuclear de Irán.

Eliminar a miembros clave del aparato de poder teocrático y militar. “Dar al pueblo iraní la oportunidad de levantarse contra su régimen”, dijeron ambos mandatarios.

Historia del ayatolá

El ayatolá Alí Jameneí, conocido internacionalmente como Ali Khamenei, ejerció como líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989, cuando asumió el cargo tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la revolución islámica.

Nacido el 19 de abril de 1939 en Mashhad, inició su trayectoria como clérigo chií vinculado a los movimientos de oposición contra el régimen del sha durante las décadas de 1960 y 1970. Su participación en la Revolución Islámica de 1979 lo proyectó dentro del nuevo orden político, donde ocupó posiciones de influencia en la estructura religiosa y estatal.

Entre 1981 y 1989 fue presidente de Irán en medio de la guerra con Irak, un periodo que consolidó sus alianzas internas con las fuerzas militares y religiosas del país.

Tras la muerte de Jomeini, la Asamblea de Expertos reformó la Constitución para permitir su elección como líder supremo pese a no contar con el grado religioso máximo requerido hasta entonces.

Desde esa posición, Jameneí concentró el poder político, militar, judicial y mediático bajo el principio de Velayat-e Faqih, o “gobierno de los juristas”, que sitúa al líder supremo como autoridad final del Estado.

Durante su mandato controló directamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que evolucionó hacia un actor central del aparato militar y económico del país.

También fortaleció la influencia regional de Irán mediante alianzas con organizaciones como Hezbolá en Líbano y apoyos estratégicos en Siria y Yemen, mientras mantenía una postura exterior abiertamente confrontativa hacia Estados Unidos e Israel.

El régimen instaurado después de 1979 se configuró como una teocracia chií regida por una interpretación estricta de la Sharía, que ubicó al Estado como garante del cumplimiento de normas religiosas en la vida pública y privada.

En ese marco, las mujeres quedaron sujetas a regulaciones que incluyen la obligatoriedad del velo en espacios públicos y restricciones en materia de libertades individuales, movilidad, participación social y acceso igualitario a servicios y oportunidades.

Esta estructura jurídica y moral ha sido objeto de críticas persistentes de organizaciones de derechos humanos y de amplios sectores de la sociedad iraní, especialmente mujeres jóvenes que han liderado movimientos de resistencia frente a las limitaciones impuestas por el sistema.

A finales de 2025 y comienzos de 2026 se produjo una de las oleadas de protesta más amplias en décadas. Las movilizaciones, registradas en numerosas ciudades del país, respondieron a la crisis económica, al descontento frente al autoritarismo religioso y a exigencias de mayores libertades sociales.

Informes de organizaciones independientes documentaron una represión de gran escala, con estimaciones de decenas de miles de manifestantes asesinados por fuerzas de seguridad del IRGC y por unidades paramilitares como los Basij, responsables de disparos contra concentraciones civiles, detenciones masivas y presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Marco legal en Irán antes de 1979 y características

Constitución de 1906 y reformas del Sha
Antes de la Revolución Islámica, Irán se regía por la Constitución de 1906, conocida como la Constitución del Gobierno Constitucional Persa, y por una serie de reformas impulsadas por la monarquía Pahlaví (Reza Shah y Mohammad Reza Pahlaví).

Separación moderada entre religión y Estado: Aunque el islam chií era religión oficial, la legislación civil no estaba basada en la Sharía. Los tribunales religiosos tenían funciones limitadas, principalmente en temas familiares.

Sistema judicial moderno:  El sha implantó códigos penales y civiles inspirados en modelos europeos (Francia y Bélgica), con procedimientos judiciales centralizados y jueces seculares.
Derechos de las mujeres ampliados:
Ley de Protección Familiar de 1967 (reformada en 1975).

Esta norma limitaba la poligamia, garantizaba el derecho de la mujer a solicitar divorcio, regulaba la custodia infantil y elevaba la edad mínima para contraer matrimonio.

Acceso creciente a educación, trabajo público y cargos políticos.

Prohibición de castigos corporales religiosos

Amputaciones, lapidación y flagelaciones estaban prohibidas.

Las sanciones provenían del Código Penal, no de jurisprudencia religiosa.
En síntesis, antes de 1979 Irán tenía un sistema legal secularizado, con instituciones judiciales modernas y un marco de derechos que avanzaba hacia estándares internacionales, particularmente en igualdad de género.

Marco legal después de 1979

Instauración de la Sharía y la Constitución Islámica de 1979
Tras la revolución, el ayatolá Jomeini impulsó un sistema jurídico basado en la Sharía chií (fiqh jaafarí), con la doctrina del Velayat-e Faqih que entregó poder absoluto al líder supremo.

El nuevo Código Penal Islámico incorporó penas hudud y qisas, entre ellas:
Amputación de manos o pies por robo.
Lapidación por adulterio.
Flagelación por “delitos morales” como beber alcohol, relaciones fuera del matrimonio o incumplimiento del código de vestimenta.

Ejecución por delitos religiosos:

blasfemia, apostasía, corrupción en la tierra (mofsed-e-filarz), enemistad contra Dios (moharebeh).

Derogación de la Ley de Protección Familiar (1975):

Se reinstauraron reglas religiosas:
Poligamia permitida nuevamente.
La mujer necesitaba autorización masculina para divorcio en la mayoría de los casos.

Reducción de la edad mínima para el matrimonio femenino (9 años lunares inicialmente, luego 13).

Código de vestimenta obligatorio:
En 1983 el Parlamento aprobó una ley que obligó a las mujeres a usar hijab en público.

La sanción por no cumplir incluía flagelación hasta 74 latigazos, según el Código Penal (Libro 2, artículo 638).
Supremacía de los tribunales revolucionarios:

Estos tribunales pueden emitir condenas de muerte sin las garantías del debido proceso, según han documentado la ONU y organizaciones de derechos humanos.

Casos emblemáticos de ejecuciones, amputaciones y sanciones contra mujeres

Según casos documentados por la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las autoridades iraníes han aplicado durante décadas castigos amparados en la interpretación estricta de la Sharía, entre ellos amputaciones por robo, ejecuciones por cargos religiosos y sanciones severas contra mujeres.

Documentos de organismos internacionales permiten trazar algunos de los casos más emblemáticos registrados en los últimos años.

En 2022, un tribunal de Mashhad ordenó la amputación de los dedos de cuatro personas acusadas de hurto, un procedimiento confirmado por Amnistía Internacional en un comunicado emitido el 8 de julio de ese año.

Nueve años antes, en 2013, un hombre recluido en la prisión de Evin fue sometido a una amputación de dedos mediante una guillotina médica, caso reportado en el informe anual de Human Rights Watch de 2014. Ambos episodios ilustran la continuidad de penas hudud que, según organizaciones de derechos humanos, vulneran el derecho internacional y se ejecutan sin garantías procesales adecuadas.

Las ejecuciones bajo los cargos de “corrupción en la tierra” y “enemistad contra Dios” han sido otro instrumento central de represión estatal. Estas figuras legales permiten imponer la pena capital por una amplia gama de conductas, desde participación en protestas hasta actividades consideradas contrarias a los valores religiosos del régimen.

Uno de los antecedentes más graves es la ejecución masiva de 1988, cuando entre 4.000 y 5.000 presos políticos fueron ejecutados tras juicios sumarios que, según expertos de la ONU, constituyen un crimen de lesa humanidad. Amnistía Internacional reconstruyó ese episodio en su informe Blood-Soaked Secrets de 2018.
La represión volvió a intensificarse tras la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Durante las protestas registradas entre 2022 y 2023, al menos 551 manifestantes fueron asesinados y 26 personas ejecutadas por vía judicial, de acuerdo con la organización Iran Human Rights.

Entre los casos más conocidos figuran los de Mohsen Shekari, condenado por “moharebeh”, y Majidreza Rahnavard, ejecutado públicamente tras un proceso de pocos días.

Las mujeres han sido uno de los grupos más afectados por este entramado normativo y represivo. El caso de Mahsa Amini se convirtió en un símbolo mundial luego de su detención por la Policía de la Moral por supuestamente llevar mal puesto el velo y su posterior muerte bajo custodia, calificada por la ONU como evidencia de una represión sistemática contra las mujeres.

La escritora Azar Nafisi, obligada al exilio tras ser vetada por no cumplir el código vestimentario y por impartir contenidos catalogados como “no islámicos”, es otro ejemplo documentado por el Iran Human Rights Documentation Center.

A estos hechos se suma la persistencia de castigos corporales por conductas consideradas “ilícitas” bajo la Sharía. Informes del Relator Especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Irán, entre 2020 y 2025, registran múltiples casos de mujeres condenadas a decenas e incluso cientos de latigazos por aparecer en público junto a hombres que no eran familiares directos o por acusaciones de relaciones extramatrimoniales.

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