Medida de aseguramiento contra excandidato al Senado y expolicías por red de contrabando ligada a ‘Papá Pitufo’

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional. Entre los procesados se encuentran el capitán (r) Faudel Luis Salazar Piñeros y los patrulleros (r) José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

De acuerdo con la investigación, estas personas harían parte de una red de corrupción que favorecía las actividades de contrabando del señalado contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’. El grupo, presuntamente, contactaba funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para facilitar el ingreso irregular de mercancías por los puertos del Caribe. A cambio, recibían dádivas o “cachetadas”, como denominaba la organización a los sobornos, que podrían alcanzar hasta $300 millones mensuales.

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La Fiscalía indicó que Gómez Castro habría sido el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, además de acercar a uniformados de la Polfa para que desde sus cargos favorecieran los intereses criminales de Marín Buitrago. Asimismo, el excandidato habría recibido préstamos y vehículos de la estructura ilegal para realizar actividades de proselitismo y encuentros con fines políticos.

En el caso del capitán retirado Salazar Piñeros, cuando se desempeñaba como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, habría direccionado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos sin la documentación aduanera ni los permisos exigidos. Posteriormente, estas mercancías eran transportadas por vía terrestre hacia distintas ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela.

También se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido incautada mientras era trasladada en dos camiones por carreteras del departamento del Atlántico. Además, habría pagado el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, para alojar a un mayor que supuestamente hacía parte de la red de corrupción.

Por su parte, Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la Policía para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que pudieran colaborar con la organización criminal. Según las evidencias, también se encargaba de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de sobornos a otros policías y, en algunos casos, trasladaba recursos hacia Bogotá destinados a otros funcionarios.

En cuanto a Bacca Suárez, la investigación señala que desempeñaría un papel directamente relacionado con el ingreso de contrabando de cacharrería y cigarrillos por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Presuntamente contactaba agentes aduaneros y dueños de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser registrados ni incautados. Las pruebas indican que habría entregado $28 millones a Salazar Piñeros y $10 millones más —dentro de una bolsa con pandebonos— a un intendente que en realidad actuaba como agente encubierto.

Finalmente, Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido con el alias de ‘Zorro’, sería el encargado de dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados por la red. La investigación señala que habría llevado $34 millones a un uniformado que también realizaba labores investigativas como agente encubierto. Incluso, después de retirarse de la Policía, continuó ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. A Salazar Piñeros se le adicionó el delito de tráfico de influencias de servidor público y a Gómez Castro el de tráfico de influencias de particulares. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados.

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