Lili Pink rechaza medidas de la Fiscalía sobre 45 inmuebles por más de $184.615 millones

La defensa de Lili Pink cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de ampliar las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio dentro de la investigación relacionada con la compañía, al señalar que los nuevos bienes afectados no tendrían relación con la marca ni con los hechos que son materia del proceso.

La Fiscalía adicionó las medidas cautelares dentro de la investigación en la que indaga un presunto esquema mediante el cual habría sido facilitado el ingreso a Colombia de recursos de origen ilícito y mercancías de contrabando. La nueva actuación afecta 45 inmuebles cuyo valor supera los $184.615 millones.

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De acuerdo con la defensa, los bienes están relacionados patrimonialmente con las nueve personas vinculadas a la investigación, pero no tendrían conexión con el caso de Lili Pink. Los abogados también señalaron que algunos de los inmuebles objeto de las medidas habrían sido adquiridos antes de la creación de la compañía.

Los representantes judiciales Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña rechazaron la decisión adoptada por el ente investigador y advirtieron sobre las consecuencias que las medidas tendrían para propietarios y terceros que desarrollaban actividades comerciales en los inmuebles.

“Denunciar corrupción en la Dian puede salir muy caro, ese parece ser el mensaje que le están tratando de mandar”, afirmó Jiménez al referirse a las actuaciones adelantadas dentro del proceso.

El abogado sostuvo que cuatro jueces han declarado ilegalidades relacionadas con elementos probatorios y que otro despacho judicial negó una medida de aseguramiento solicitada dentro del caso. Según su versión, la Fiscalía no consiguió demostrar la autoría de los delitos atribuidos a las personas involucradas.

Jiménez cuestionó además que las nuevas medidas cautelares recaigan sobre propiedades que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink y en las que terceros adelantaban actividades comerciales.

“La semana pasada la Fiscalía General de la Nación decidió adoptar nuevas medidas cautelares que afectan bienes que nada tienen que ver con la marca Lili Pink y, en cambio, sí afectan reputacionalmente a las terceras personas de reconocidas marcas nacionales que se encontraban adelantando sus negocios en esos locales”, señaló el abogado.

La defensa también sostuvo, mediante un comunicado, que las medidas representan una afectación patrimonial para los propietarios de los inmuebles y planteó reparos frente a las consecuencias que podrían tener sobre inversiones efectuadas en Colombia.

“La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”, afirmaron los representantes judiciales de la compañía.

Los abogados retomaron, además, decisiones adoptadas previamente dentro del proceso para sustentar sus cuestionamientos a las actuaciones de la Fiscalía. Según indicaron, cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios y otro juez rechazó una medida de aseguramiento tras considerar insuficientes los argumentos presentados por el ente acusador.

“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía”, señalaron.

Según la defensa, esos antecedentes estarían siendo utilizados nuevamente para respaldar las medidas patrimoniales decretadas dentro del proceso de extinción de dominio.

Los representantes judiciales también se refirieron a las denuncias que, de acuerdo con su versión, fueron formuladas por presuntas irregularidades en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y aseguraron que no se conocen avances en esas actuaciones.

Entre los asuntos mencionados por los abogados se encuentra la posible comercialización irregular de cerca de tres millones de prendas que habían sido decomisadas. La defensa cuestionó que esas denuncias permanezcan, según indicó, sin avances conocidos mientras continúan las actuaciones patrimoniales dentro de la investigación relacionada con Lili Pink.

La controversia se concentra ahora en las nuevas medidas sobre los 45 inmuebles valorados en más de $184.615 millones. Mientras la Fiscalía mantiene las actuaciones dentro del proceso de extinción de dominio derivado de la investigación, la defensa sostiene que las propiedades afectadas son ajenas a la marca y a los hechos investigados y cuestiona las consecuencias patrimoniales de la decisión para sus propietarios y para terceros que desarrollaban negocios en esos establecimientos.

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