La JEP pide $121.000 millones al Gobierno para ejecutar primeras sentencias restaurativas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al Gobierno Nacional y al Congreso la asignación de $121.858 millones con el fin de ejecutar las primeras sentencias restaurativas contra comparecientes de las exFarc y de la Fuerza Pública. Según el tribunal, la partida inicial de $20.000 millones resulta insuficiente para poner en marcha los proyectos de reparación ordenados.

El cumplimiento de las Sanciones Propias en el Caso 01 (secuestros de las Farc-EP) y en el Caso 03 (ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe) depende, por mandato legal y constitucional, de la disponibilidad presupuestal. Por ello, la JEP advirtió que es urgente garantizar los recursos que permitan la implementación de estos proyectos y de los que se impongan en el futuro.

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A través de una carta enviada el 23 de septiembre al Ejecutivo y al Congreso, la jurisdicción pidió soporte, articulación y asignación presupuestal para asegurar las condiciones necesarias de las sanciones impuestas a los máximos responsables que han aportado verdad y reconocido su responsabilidad.

Los fondos solicitados se destinarán a siete líneas de acción definidas por la JEP en el marco del Acuerdo Final de Paz: búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas antipersonal, medio ambiente y territorio, memorialización y reparación simbólica, daños diferenciales y macrovictimización, educación y capacitación, e infraestructura rural y urbana.

En la misiva, la JEP también expresó dos preocupaciones: el ministerio de Justicia aún no ha tramitado el decreto de condiciones transversales (seguridad, protección, habitabilidad y dignidad), indispensable para cumplir con las sanciones, y el Ministerio de Hacienda no ha priorizado los gastos de la JEP en el Presupuesto 2026, pese a una circular previa.

De manera respetuosa, la jurisdicción presentó al debate legislativo la propuesta de incluir dos artículos en el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara y 083 de 2025 Senado, que define el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026.

Pese a las dificultades, la JEP aseguró que ha trabajado en colaboración armónica con el Gobierno para avanzar en aspectos normativos, técnicos y operativos que permitan cumplir con las sanciones restaurativas. El tribunal indicó que mantiene diálogo con el ministro de Hacienda para garantizar la materialización de las órdenes judiciales.

Finalmente, la jurisdicción hizo un llamado a la acción para asegurar la apropiación presupuestal suficiente que permita que las sanciones propias y las medidas de reparación no se queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones reales que contribuyan a aliviar los daños ocasionados por el conflicto.

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