Benedetti asegura que el Congreso aún no puede ejercer control político sobre la emergencia económica

El anuncio del presidente del Congreso, Lidio García, de interrumpir las vacaciones legislativas para ejercer control político sobre el decreto de emergencia económica generó una rápida respuesta del Gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el Legislativo todavía no está facultado para pronunciarse formalmente sobre la medida adoptada por el presidente Gustavo Petro.

García señaló que, sin importar el receso de fin de año, el Congreso retomará actividades el próximo 26 de diciembre para revisar dos asuntos centrales: la declaratoria de emergencia económica y el ascenso de oficiales de la Fuerza Pública. Según explicó en declaraciones a W Radio, el control político es prioritario ante lo que considera una aplicación indebida de la figura constitucional.

El presidente del Senado argumentó que el Congreso no aprobó nuevos impuestos para enfrentar el déficit fiscal y recordó que el artículo 215 de la Constitución limita la emergencia económica a hechos extraordinarios que alteren de manera grave el orden económico y social.

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Frente a estas afirmaciones, Benedetti explicó que el control político solo puede iniciar cuando el Ejecutivo remita al Congreso el informe correspondiente sobre la declaratoria y las medidas adoptadas. De acuerdo con el ministro, tanto la Constitución como la Ley 137 de 1994 establecen ese requisito, el cual aún no se ha cumplido.

El jefe de la cartera política añadió que, una vez enviado el informe, el Congreso podrá evaluar la conveniencia y oportunidad de las decisiones del Gobierno. También advirtió que eventuales sesiones virtuales no tendrían validez jurídica, ya que solo están permitidas en circunstancias excepcionales como pandemias o desastres naturales.

Aunque el decreto de emergencia económica hace referencia a una crisis y a una perturbación grave e inminente del orden económico, Benedetti reiteró que el Gobierno enviará el informe en el momento previsto por la ley y que los ministros atenderán las citaciones que determine el Congreso.

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