Juez niega tutela contra Gobierno por fotos de cuerpos en bolsas

El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta contra el Gobierno Nacional por la difusión de imágenes en las que se observaban cuerpos envueltos en bolsas tras una operación militar. Con este fallo quedó sin efectos la medida provisional que había ordenado suspender la divulgación de ese material mientras se resolvía el fondo del caso.

La acción había sido promovida por el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz, quienes cuestionaron la publicación de las imágenes y alegaron posibles vulneraciones a la dignidad de los fallecidos, así como la exposición de niños, niñas y adolescentes a contenido violento.

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El juez, sin embargo, determinó que ninguno de los dos accionantes cumplió con los requisitos para actuar en representación de las personas cuyos derechos habrían sido vulnerados. En el caso de Cabrera Cruz, no se acreditó parentesco con los fallecidos ni representación de sus familiares, y tampoco se demostró que estos estuvieran impedidos para acudir directamente ante la justicia. 

"Javier Ricardo Cabrera Cruz no demostró vínculo de parentesco con las personas fallecidas ni representación de sus familiares; tampoco explicó que estos se encontraran imposibilitados para promover directamente la defensa de sus garantías", señaló el despacho.

Respecto a Osorio Marín, quien dijo actuar en nombre de todos los niños, niñas y adolescentes del país, el juzgado consideró que tampoco logró identificar a un menor determinado que hubiera visto las publicaciones o sufrido una afectación concreta. 

"Si bien la protección prevalente de la niñez flexibiliza las exigencias propias de la agencia oficiosa, no suprime la necesidad de establecer, cuando menos, un sujeto o grupo determinable, la amenaza que recae sobre sus derechos y las razones que hacen necesaria la intervención de un tercero", sostuvo el juez.

El fallo también distinguió entre la publicación de las imágenes y el manejo que se dio a los cuerpos tras la muerte. Sobre este segundo punto, el despacho concluyó que no existían pruebas de actuaciones contrarias al respeto debido a los cadáveres: estos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantaron los procedimientos de identificación correspondientes, y luego quedaron disponibles para ser entregados a quienes acreditaran las condiciones exigidas para reclamarlos. 

El juez añadió que no se probó una demora injustificada, ocultamiento, negativa de acceso ni restricción arbitraria que hubiera impedido a los familiares realizar los ritos funerarios o afectado su proceso de duelo.

En cuanto a la exposición de menores de edad a imágenes violentas, el despacho reconoció que este tipo de contenido puede representar un riesgo para su bienestar emocional y su desarrollo integral, pero consideró que en este caso no se acreditó una afectación concreta. 

"No se identificó a algún menor que hubiese observado los videos ni se allegaron valoraciones médicas, psicológicas o familiares que permitieran establecer una afectación atribuible a su contenido", se lee en la providencia.

Pese a negar la tutela, el juez hizo un llamado sobre la forma en que las autoridades deben comunicar este tipo de hechos. Señaló que los resultados de una operación militar pueden divulgarse mediante mecanismos menos invasivos frente a la dignidad, la memoria y la imagen de las personas fallecidas, así como frente a la intimidad de sus familias, y pidió al Gobierno "ponderar y evaluar la proporcionalidad" al momento de compartir imágenes de cadáveres y material relacionado con hechos violentos, incluyendo la posibilidad de usar advertencias previas o restricciones de visualización.

Finalmente, el juez concluyó que, ante la falta de una afectación concreta y la ausencia de víctimas individualizadas dentro del proceso, no era procedente impartir órdenes de retiro, sanción o regulación general sobre los contenidos publicados en redes sociales.

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