Judicializan a siete personas por millonario desvío de recursos del ICBF en La Guajira

La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete personas por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desviado recursos de contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de La Guajira durante 2019.

Según la investigación, entre los implicados se encuentran tres exfuncionarios del ICBF: Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos están relacionados con tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 para la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en municipios como Riohacha y Manaure.

De acuerdo con la Fiscalía, los exfuncionarios, en su rol de supervisores contractuales, habrían aprobado actas de revisión y al menos doce pagos que contenían presuntos sobrecostos en favor de la empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera.

Las irregularidades se habrían sustentado en facturas y cuentas de cobro con incrementos inusuales en productos alimenticios como carnes, verduras y otros insumos básicos. Estos documentos, según el expediente, habrían sido utilizados para inflar los informes financieros y justificar nuevos desembolsos por parte del ICBF.

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El ente acusador indicó que mediante el aumento artificial de los costos del servicio de alimentación se habría generado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos, afectando recursos destinados a comunidades vulnerables, especialmente en zonas étnicas y rurales.

En el proceso judicial, a los siete implicados se les imputaron delitos como peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Las autoridades continúan avanzando en el caso para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados y esclarecer el alcance total de las irregularidades.

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