En Buenaventura recrudece la violencia: durante febrero y marzo 23 asesinatos de jóvenes

La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante aumento de homicidios y violencia armada en el Distrito de Buenaventura, donde, entre febrero y marzo del 2026, hubo al menos 23 asesinatos —principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años— en medio de disputas entre grupos armados organizados por la expansión del control territorial y persistentes vulneraciones a los derechos humanos.

Esto evidencia el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal.

Asimismo, ha habido una expansión de las disputas territoriales en varias comunas, particularmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12.

De acuerdo con la información recolectada, el aumento de los homicidios y otras situaciones de violación a los derechos humanos responden a procesos de reconfiguración interna de estos grupos, asociados, entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos.

Estas dinámicas, que también se relacionan con el control de economías ilícitas, han derivado en la consolidación de “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos sectores de esta ciudad vallecaucana.

De manera especial, se evidencia una afectación a jóvenes hombres que se relacionan con patrones de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento en medio de las disputas territoriales.

Además, se ha documentado al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro presuntamente vinculado a estructuras armadas, así como tres casos de personas desaparecidas, fenómeno que opera de manera paralela al homicidio.

La falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación afectan a las familias que están a la espera de información que les permita encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

También han sido identificadas afectaciones a entornos escolares, además de situaciones relacionadas con extorsiones (la persistencia de cobros ilegales a comerciantes y transportadores en corredores viales), secuestros y enfrentamientos entre grupos armados (intercambio de disparos en distintos sectores del Distrito, con afectaciones a viviendas y a la movilidad de la población).

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Estos hechos de violencia impactan la organización social, la participación y el ejercicio de derechos.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo advierte que la respuesta del Estado no ha sido suficiente frente a las dinámicas de control territorial de los actores armados organizados.

La persistencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y otras conductas asociadas reflejan la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio.

Por lo anterior, la Defensoría insta al Gobierno nacional, al regional y al local a poner en marcha las acciones necesarias que permitan una intervención integral en seguridad, justicia y oferta social, todo orientado a restablecer condiciones para reducir los riesgos para la población civil y promover el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta respuesta institucional debe priorizar los sectores con mayor afectación y atender de manera diferenciada a jóvenes, comunidades en condición de vulnerabilidad y entornos educativos.

Resulta necesario, por lo tanto, implementar medidas inmediatas para contener las dinámicas de violencia, garantizar la protección de la población y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo.

A su vez, la entidad les exige a estos grupos que están en conversaciones para la construcción de paz cumplir los acuerdos a los que se comprometieron, respetando la vida e integridad de personas lideresas y comunidades, y seguir avanzando en los procesos de diálogo que permitan su disolución y reintegración a la sociedad.

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