Juan Carlos Suárez Ortiz contacta a la Fiscalía para preacuerdo por homicidio de estudiante de Los Andes

Juan Carlos Suárez Ortiz, procesado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario de 20 años, ha iniciado un proceso de acercamiento con la Fiscalía General de la Nación con el propósito de evaluar la posibilidad de alcanzar un preacuerdo judicial. 

Así lo confirmó su abogado defensor, Delio Ignacio Romero, quien sostuvo que ya se estableció contacto con la fiscal del caso, Elsa Reyes, funcionaria encargada de la investigación penal.

El caso ha generado amplia atención pública desde que se conocieron los hechos ocurridos el 31 de octubre en las inmediaciones de la discoteca Before Club, donde la víctima se encontraba con un grupo de amigos. 

Según la versión del ente acusador, al abandonar el establecimiento, Moreno Jaramillo fue interceptado por Suárez Ortiz y por otro individuo identificado como Ricardo González Castro. 

Ambos, de acuerdo con los avances de la investigación, habrían propinado una agresión física que derivó en un trauma craneoencefálico severo, causa directa del fallecimiento.

En la diligencia de imputación de cargos realizada semanas atrás, la Fiscalía le atribuyó a Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado en calidad de coautor. 

El procesado no aceptó los cargos. No obstante, su defensa plantea una hipótesis alternativa al relato del ente acusador. 

Según Romero, se trataría de un homicidio preterintencional, es decir, un acto violento cuyas consecuencias letales no habrían sido previstas ni deseadas por el agresor, aunque sí atribuibles jurídicamente. 

El abogado sostiene que el propósito no habría sido el de causar la muerte, sino el de infligir una lesión.

Este argumento podría servir como base para una eventual negociación judicial con la Fiscalía. De llegar a concretarse un preacuerdo, Suárez Ortiz accedería a beneficios como la reducción de la pena a cambio de aceptar responsabilidad en los hechos y colaborar con el proceso judicial. 

Estos elementos, consagrados en la legislación penal colombiana, permiten que el procesado obtenga una rebaja sustancial sobre la pena ordinaria aplicable, siempre y cuando el juez del caso avale los términos acordados por las partes.

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Desde la posición de las víctimas, el abogado Camilo Rincón, apoderado de la familia de Jaime Esteban Moreno, reconoció la existencia de diálogos preliminares, pero subrayó que el objetivo principal es obtener una condena. 

El jurista sostuvo que cualquier acuerdo debe garantizar el reconocimiento del daño causado y evitar una posible revictimización. 

Para Rincón, la justicia retributiva exige no sólo la imposición de una pena, sino también el reconocimiento público de los hechos, a fin de evitar que el dolor se prolongue innecesariamente en el tiempo.

En relación con la posible pena que enfrentaría el procesado, el abogado de la parte civil señaló que, si el caso se lleva a juicio, Suárez Ortiz se expondría a una sanción que oscila entre los 40 y los 50 años de prisión. 

No obstante, si se concreta el preacuerdo, la reducción dependería de la aceptación de los hechos y otros factores evaluados por el juez. 

En este escenario, la pena podría situarse, de forma tentativa, en un rango entre 25 y 30 años, según lo estimado por Rincón.

En paralelo al proceso penal contra Suárez Ortiz y González Castro, la Fiscalía avanza en la investigación sobre la eventual responsabilidad de dos mujeres que estuvieron presentes la noche del crimen. 

Se trata de Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Según los elementos recopilados hasta el momento, ambas habrían tenido una participación indirecta en el episodio violento. 

La fiscal Reyes ha manifestado en varias audiencias que una de ellas habría incitado a la agresión, señalando a la víctima de presuntos comportamientos inadecuados y tildándolo de supuesto acosador.

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