Interpol reactiva la circular roja contra alias ‘Papá Pitufo’, el mayor zar del contrabando en Colombia

La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, volvió a hacer visible la notificación roja expedida contra Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’ o ‘El Viejo’, señalado por la Fiscalía General de la Nación como el principal articulador de una estructura dedicada al ingreso de mercancías de contrabando y al pago sistemático de sobornos a funcionarios públicos encargados de impedir esa actividad ilegal.

La decisión fue adoptada por la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia, después de que la notificación permaneciera bajo control de los organismos internos encargados de revisar la información contenida en los archivos de la organización.

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Según la información conocida este 9 de julio, la alerta internacional volvió a ser visible, lo que amplía su difusión entre las autoridades policiales y migratorias de los países que integran Interpol.

La medida permite que los organismos de seguridad conozcan que Marín Buitrago es requerido por la justicia colombiana y que existe una solicitud para localizarlo y detenerlo provisionalmente mientras se tramita su extradición.

Sin embargo, una circular roja no equivale jurídicamente a una orden internacional de captura. Cada Estado debe decidir, conforme a su legislación interna, si procede la detención de la persona requerida.

Interpol precisa que muchas de estas notificaciones permanecen reservadas para las autoridades y que solo algunas son publicadas en su portal cuando el país solicitante pide una mayor divulgación.

La reaparición de la alerta ocurre cuando falta menos de un mes para que termine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato concluye el 7 de agosto de 2026.

El caso en contexto

La cronología conocida muestra que Colombia solicitó una circular roja y que esta fue publicada inicialmente el 5 de abril de 2024. Posteriormente, la alerta atravesó revisiones, cambios de visibilidad y solicitudes de verificación.

El 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía pidió a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia que informara sobre su vigencia y solicitó que tuviera máxima difusión para impedir nuevos desplazamientos de Marín Buitrago.

Por eso, lo ocurrido ahora debe entenderse como la decisión de volver a hacerla visible, no como la expedición por primera vez de una alerta que llevaba más de dos años en trámite.

La historia judicial de alias ‘Papá Pitufo’ está ligada a una investigación de largo alcance sobre contrabando, corrupción administrativa, sobornos y posible lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que Marín Buitrago encabezó una organización que introducía cigarrillos, textiles, calzado, licores, cacharrería y otros productos por puertos y corredores comerciales del Caribe y del Pacífico, sin cumplir los controles aduaneros ni pagar la totalidad de los impuestos correspondientes.

Para garantizar el paso de las mercancías, la estructura habría establecido contactos con integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y servidores destinados en zonas portuarias.

Los investigadores identificaron pagos periódicos que la organización denominaba “cachetadas”, los cuales podían alcanzar los $300 millones mensuales, según uno de los expedientes divulgados por la Fiscalía.

En noviembre de 2025, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con el ente investigador, entre 2023 y 2024 se habrían pagado por lo menos $1.000 millones en sobornos a funcionarios de la Polfa y la Dian para permitir el ingreso y la movilización de mercancías ilegales por terminales como Cartagena y Buenaventura.

Marín Buitrago ha negado los cargos y mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Otras capturas

La dimensión de la investigación ha aumentado con la captura y judicialización de policías, intermediarios, operadores y particulares señalados de actuar a favor de la organización.

En 2026, la Fiscalía informó sobre nuevas detenciones de exintegrantes y miembros de la Policía que presuntamente facilitaban las actividades de Marín Buitrago. También fueron identificados funcionarios que habrían suministrado información reservada, omitido controles o coordinado movimientos para reducir el riesgo de incautaciones.

La Fiscalía no ha limitado las pesquisas al delito de cohecho. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que existen líneas adicionales relacionadas con contrabando y lavado de activos, orientadas a establecer el origen, la circulación y el destino de los recursos obtenidos por la organización, así como la posible utilización de empresas, testaferros y operaciones comerciales para ocultar bienes.

El proceso de extradición se originó en la orden de captura dictada por la justicia colombiana dentro del expediente por corrupción y contrabando. Marín Buitrago fue localizado inicialmente en España y después apareció en Portugal, país donde fue detenido mientras se adelantaban las solicitudes de cooperación judicial.

El 19 de diciembre de 2024, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía presentó ante el Ministerio de Justicia la solicitud formal de extradición basada en el principio de reciprocidad.

Las autoridades portuguesas estudiaron posteriormente la entrega y adoptaron decisiones favorables al trámite, pero Marín Buitrago recuperó la libertad mientras continuaban recursos, solicitudes de asilo y actuaciones promovidas por su defensa.

La defensa ha sostenido que su cliente no se encuentra prófugo y que ha comparecido a algunas diligencias de manera virtual. También ha anunciado solicitudes de asilo y otros mecanismos para impedir su entrega a Colombia.

En julio de 2025, sus abogados ya habían informado sobre una estrategia para frenar la extradición aun en caso de que Portugal negara el asilo. En julio de 2026, el propio Marín Buitrago reiteró que buscaría protección internacional y negó haberse fugado.

Intentó de infiltración de campaña

En Colombia, una jueza lo declaró en contumacia al concluir que se había negado a comparecer ante la justicia pese a conocer la existencia del proceso.

Esta figura permite continuar las actuaciones judiciales en ausencia del procesado cuando existe evidencia de que evita deliberadamente presentarse.

En febrero de 2026 también fue impuesta una medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuya sustitución fue solicitada posteriormente por sus abogados.

El nombre de alias ‘Papá Pitufo’ adquirió una dimensión política por sus contactos con personas vinculadas a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El mandatario reconoció públicamente que Marín Buitrago intentó aportar $500 millones a la campaña y sostuvo que el dinero fue devuelto cuando se conoció su procedencia.

La entrega habría sido gestionada mediante intermediarios políticos y personas cercanas a la campaña. Hasta ahora no existe una decisión judicial que establezca que Petro hubiera autorizado personalmente el ingreso de esos recursos.

El episodio produjo señalamientos cruzados entre antiguos integrantes de la campaña. Petro afirmó que la devolución se realizó después de que Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección, advirtiera quién era el aportante.

Otros dirigentes discutieron quién recibió inicialmente el dinero, cuánto tiempo permaneció en poder de los encargados financieros y si la operación fue registrada correctamente en la contabilidad electoral.

La relación del entorno gubernamental con Marín Buitrago no terminó en el intento de financiación. Investigaciones periodísticas divulgaron conversaciones y reuniones realizadas durante 2025 entre abogados del señalado contrabandista, funcionarios o exfuncionarios de inteligencia y personas con acceso a la Presidencia.

En esos encuentros se habría explorado una eventual entrega a la justicia colombiana, la posibilidad de beneficios jurídicos y su eventual incorporación a mecanismos asociados con la política de paz total.

Entre las personas mencionadas aparece Jorge Arturo Lemus, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Audios conocidos en abril de 2026 registraron conversaciones entre Lemus y Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín Buitrago, sobre condiciones para su regreso a Colombia.

La extradición

Según los documentos, también se habló de evitar una eventual extradición a Estados Unidos y de presentar información sobre redes de contrabando y corrupción.

Esas conversaciones no constituyen por sí solas prueba de un acuerdo ilegal, pero revelan que el caso fue tratado por funcionarios con responsabilidades dentro del aparato estatal.

La controversia aumentó cuando Gonzalo Boye, abogado de Marín Buitrago en España, aseguró que sostuvo una reunión con el presidente Petro en Bogotá.

La existencia del encuentro alimentó las preguntas sobre el nivel de interlocución alcanzado por la defensa del investigado dentro del Gobierno. No obstante, una reunión con un abogado no demuestra por sí misma que se hubiera pactado un beneficio judicial o una interferencia en la investigación.

El Gobierno ha respondido que sus contactos buscaban obtener información sobre estructuras criminales, promover una entrega y recuperar recursos procedentes de actividades ilícitas.

Petro también ha afirmado que algunos funcionarios habrían intentado aprovechar las conversaciones para obtener beneficios personales y que fueron apartados. Estas explicaciones deberán contrastarse con los expedientes de la Fiscalía y los organismos de control.

La pregunta sobre por qué la circular vuelve a ser visible cuando el Gobierno Petro está próximo a terminar requiere separar tres asuntos.

El primero es la fecha de expedición: la alerta fue publicada originalmente en abril de 2024. El segundo es la decisión de hacer público su contenido: Interpol puede mantener una notificación reservada, someterla a revisión o limitar temporalmente su difusión. El tercero es la actuación de Colombia: la Fiscalía solicitó desde septiembre de 2025 que se verificara su vigencia y se ampliara su publicación.

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