Nuevos requisitos del gobierno para ser diplomático: colombiano, mayor de 25 años y sin experiencia

Una propuesta normativa del Departamento Administrativo de la Función Pública ha generado reacciones inmediatas entre los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El borrador de un nuevo decreto establece modificaciones sustanciales al Decreto 770 de 2015, en lo concerniente a los requisitos para ocupar cargos de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, así como cónsules generales centrales. 

El proyecto elimina exigencias relacionadas con formación académica, trayectoria profesional y acreditaciones previas, y en su lugar plantea que basta con ser colombiano por nacimiento, tener ciudadanía en ejercicio y haber cumplido 25 años.

El texto propuesto contempla una excepción específica a los requisitos generales aplicables al resto de cargos en el servicio exterior. 

La disposición precisa que en el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción como embajador y cónsul general central, no se exigirán los requisitos de formación ni experiencia laboral contenidos en el decreto vigente. 

De aprobarse el nuevo marco normativo, el presidente de la República podría designar en estos cargos a ciudadanos que cumplan únicamente con los criterios de nacionalidad y edad.

La iniciativa fue conocida de manera preliminar por distintos sindicatos del sector diplomático, que han iniciado un proceso interno para estructurar una respuesta institucional. 

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Entre los primeros en pronunciarse se encuentra la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), cuyo presidente, Camilo Vizcaya, expresó su preocupación por lo que considera una desproporción entre lo exigido a los funcionarios de carrera diplomática y las nuevas condiciones que se plantean para designaciones directas.

Vizcaya señaló que los diplomáticos que acceden a cargos superiores por carrera deben haber cumplido décadas de formación y servicio, superar múltiples evaluaciones periódicas y cumplir criterios estrictos de ascenso. 

Frente a ello, la eventual eliminación de requisitos para nombramientos políticos directos representa, según su criterio, un desequilibrio que afecta el principio de mérito. 

En sus palabras, la iniciativa equivale a “una reducción absoluta de los requisitos” y, en su criterio, podría derivar en una práctica de improvisación en el nombramiento de representantes del país ante otros Estados y organismos internacionales.

El dirigente sindical agregó que, en la actualidad, quienes son designados por el jefe de Estado en esos cargos deben contar con estudios profesionales, posgrados y dominio de al menos una lengua extranjera. 

En contraste, con el borrador actual, la única condición sería la edad y la nacionalidad. Vizcaya advirtió sobre el riesgo de que este tipo de flexibilización se preste para la designación de personas sin preparación en el contexto de una contienda electoral, lo que, desde su perspectiva, podría traducirse en un uso político del servicio exterior.

Por su parte, representantes de Unidiplo, otro de los sindicatos que agrupa a funcionarios de la Cancillería, confirmaron que analizarán el documento durante el periodo de observaciones abierto por la Función Pública. 

Sin embargo, su vocero manifestó que, si la propuesta es adoptada de manera definitiva mediante firma presidencial, la organización procederá con acciones judiciales para impugnar el contenido del decreto, por considerar que vulnera principios fundamentales de la carrera diplomática.

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