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JEP reconoce como crimen de lesa humanidad asesinato de joven presentado como baja en combate
Víctor Manuel Mendoza tenía 17 años cuando fue asesinado y presentado falsamente como guerrillero muerto en combate por integrantes del Batallón La Popa.
La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que el asesinato de Víctor Manuel Mendoza Ospino y Darwin David Aragón Granados constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad dentro del Caso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
Víctor Manuel tenía 17 años cuando, junto a su amigo Darwin David, aceptó una supuesta oferta de trabajo de albañilería hecha por un hombre que terminó engañándolos. El 30 de abril de 2008 ambos jóvenes fueron asesinados en la vereda La Honda, sector El Cairo, en el municipio de Pueblo Bello.
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Según las investigaciones, sus muertes fueron presentadas falsamente como el resultado de un enfrentamiento armado con tropas del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
Desde mayo de 2008, la familia de Víctor Manuel denunció su desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. Meses después, una de sus hermanas logró identificar el cuerpo a través de fotografías y prendas de vestir.
La entrega del cuerpo se produjo en medio de una investigación sustentada en la versión oficial de que el joven tenía vínculos con grupos armados ilegales, situación que durante años afectó la reputación de la víctima y de sus familiares.
El cuerpo de Víctor Manuel permaneció en una bóveda del Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte, en Barranquilla.
Sin embargo, en 2025 los representantes judiciales de la familia acudieron ante la JEP para solicitar medidas urgentes que evitaran la exhumación del cuerpo debido a una deuda económica relacionada con la permanencia en la bóveda.
La Jurisdicción concluyó que el caso de Víctor Manuel refleja no solo la gravedad de la ejecución de un menor de edad, sino también el impacto de la narrativa oficial que lo presentó injustamente como integrante de un grupo armado.
En marzo de 2025, dentro del Caso 03 relacionado con el Batallón La Popa, la Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a 28 comparecientes de la fuerza pública, tras encontrar evidencias de que estos hechos hicieron parte de una práctica sistemática y no de casos aislados.
La JEP estableció que civiles y personas en estado de indefensión fueron presentados falsamente como resultados operacionales con el propósito de mostrar éxitos militares.
Además, el tribunal documentó que la entrega inicial del cuerpo de Víctor Manuel estuvo rodeada de señalamientos y estigmatización, y que pese a los avances en la justicia ordinaria nunca se reconoció plenamente la condición de civiles inocentes de los jóvenes asesinados.
El caso se suma a los cientos de procesos investigados por la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado colombiano y consideradas una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el país.
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