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María Claudia Tarazona acusa a Gustavo Petro de ordenar el asesinato de Miguel Uribe Turbay

“Van a atentar contra Miguel Uribe”: la advertencia que Benedetti habría hecho a un congresista.

María Claudia Tarazona 21
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 21/11/2026 - 10:38 Créditos: Archivo Particular

La viuda del senador aseguró que una persona del Congreso le contó que Armando Benedetti había advertido sobre un atentado contra su esposo. También señaló la presunta presencia de funcionarios de inteligencia en el lugar del crimen, cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y habló de sus aspiraciones políticas para 2027.

María Claudia Tarazona, viuda del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, responsabilizó al expresidente Gustavo Petro de haber ordenado el asesinato de su esposo y reveló que recibió información sobre una supuesta advertencia que Armando Benedetti habría hecho a un congresista antes del atentado del 7 de junio de 2025, en Bogotá.

También aseguró que existen elementos relacionados con la posible presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el lugar del ataque y cuestionó el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista a la revista Semana este sábado 21 de noviembre de 2026. En la conversación, Tarazona expuso su convicción personal sobre la responsabilidad de Petro, mencionó información que atribuye a fuentes cercanas al proceso judicial y reconoció que todavía no cuenta con pruebas que permitan atribuirle judicialmente al exmandatario la orden del magnicidio.

Al ser interrogada sobre quién había ordenado el asesinato de su esposo, Tarazona respondió que había llegado a una conclusión después de examinar los elementos conocidos de la investigación y escuchar testimonios de personas que, según explicó, no han querido formalizar sus declaraciones ante las autoridades.

“Pero con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”, afirmó.

La viuda sostuvo que sus sospechas tienen antecedentes en los enfrentamientos políticos que mantuvieron Uribe Turbay y Petro desde 2012, cuando el primero llegó al Concejo de Bogotá y el segundo ejercía como alcalde de la capital.

Según su relato, las diferencias comenzaron con las posiciones del entonces concejal frente a proyectos de la administración distrital, entre ellos el Plan de Ordenamiento Territorial y las propuestas de transporte público relacionadas con la carrera Séptima.

Tarazona recordó que su esposo presentó una ponencia negativa sobre el POT impulsado por la Alcaldía de Petro y participó en la oposición a otras iniciativas del gobierno distrital.

Aseguró que los enfrentamientos continuaron cuando Uribe Turbay fue elegido senador y asumió una posición de oposición al Gobierno nacional durante la Presidencia de Petro, entre 2022 y 2026.

En su declaración, atribuyó al expresidente una conducta de hostigamiento político contra su esposo y señaló que las diferencias entre ambos habían trascendido los debates sobre políticas públicas.

La viuda afirmó que durante los años 2023, 2024 y 2025 Petro realizó pronunciamientos públicos que, en su opinión, contribuyeron a generar animadversión contra el dirigente del Centro Democrático. Estas afirmaciones corresponden a su interpretación de los enfrentamientos políticos y no constituyen una demostración de responsabilidad penal en el asesinato.

La entrevista abordó uno de los episodios que Tarazona aseguró no haber revelado anteriormente. Se trata de una supuesta advertencia formulada por Armando Benedetti, exministro del Interior del Gobierno Petro, a un integrante del Congreso sobre la posibilidad de un atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Según explicó, una persona vinculada al Congreso le contó que Benedetti se había acercado para advertirle sobre un eventual ataque contra el senador o contra el propio destinatario de la conversación.

Tarazona sostuvo que el episodio habría ocurrido en abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del atentado perpetrado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

La información le fue comunicada en junio de 2026, cuando ya habían transcurrido cerca de diez meses desde el fallecimiento de Uribe Turbay.

De acuerdo con su testimonio, el congresista le relató que Benedetti había advertido que tanto él como Uribe Turbay se encontraban entre los posibles objetivos de un ataque.

Tarazona señaló que su esposo nunca tuvo conocimiento de esa supuesta conversación y que la persona que recibió la advertencia no la comunicó al entonces senador.

La viuda indicó que el relato le llegó cuando conversaba sobre las posibles conexiones de estructuras armadas ilegales con la organización del atentado, entre ellas disidencias de las Farc y organizaciones criminales que operan en zonas fronterizas.

También manifestó que el episodio coincidía, según su interpretación, con mensajes que había conocido y en los cuales se mencionaban amenazas contra Miguel Uribe Turbay y la dirigente política Paloma Valencia.

Sin embargo, reconoció expresamente que no había entregado esa información a la Fiscalía y que tampoco estaba en condiciones de corroborarla de manera independiente.

Explicó que la persona que le contó lo sucedido no estaba dispuesta a sostener el relato ante las autoridades por temor a su seguridad.

Tarazona sostuvo que recibió esta versión después del asesinato y expresó su preocupación porque la información, de haberse comunicado oportunamente, habría podido alertar a la familia sobre un posible riesgo.

La declaración no establece que Benedetti hubiera participado en la preparación del crimen ni que conociera su organización. La existencia, el contenido y las circunstancias de la supuesta advertencia no quedaron acreditados mediante documentos o testimonios judiciales presentados en la entrevista.

Otro de los señalamientos expuestos por Tarazona estuvo relacionado con los posibles determinadores del asesinato y la información que, según aseguró, ha conocido durante sus reuniones con investigadores.

La viuda mencionó al disidente conocido como alias Marcos Calarcá y afirmó que, de acuerdo con información relacionada con unos chats entregados a las autoridades, personas identificadas por un grupo especial de investigadores habrían señalado su presunta participación en la orden del atentado.

Tarazona aseguró que esas personas fueron ubicadas y que sus versiones fueron contrastadas por los investigadores. No obstante, los detalles de esas diligencias y las conclusiones que atribuyó al equipo de investigación no fueron acompañados en la entrevista de decisiones judiciales o documentos oficiales que permitieran confirmarlos.

También se refirió a una carta que, según dijo, llegó a la Fiscalía con señalamientos relacionados con Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo de Sandra Ramírez.

La comunicación, de acuerdo con su relato, habría mencionado actividades de minería ilegal en territorios de Guainía y Vaupés y posibles relaciones con estructuras criminales que operan en la frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil.

Tarazona afirmó que la información señalaba a Marulanda como supuesto responsable de actividades de logística y financiación vinculadas al asesinato. Esas acusaciones fueron presentadas por la entrevistada como contenido de una comunicación cuya autenticidad y respaldo probatorio no quedaron establecidos públicamente.

En la conversación también mencionó a alias John 40 y a organizaciones armadas que operarían en el territorio fronterizo. La viuda sostuvo que existen sospechas sobre el traslado de dinero y armamento desde Venezuela y manifestó su convicción de que integrantes de estructuras criminales transnacionales participaron en la ejecución del atentado.

Al referirse a Nicolás Maduro, Tarazona planteó sospechas sobre un eventual conocimiento de esos movimientos por parte de autoridades venezolanas durante su gobierno. No presentó una prueba directa que acreditara la participación personal de Maduro en la planeación u orden del magnicidio.

La viuda también cuestionó los resultados de la política de paz del Gobierno Petro y formuló críticas contra integrantes del antiguo grupo guerrillero de las Farc que ingresaron a la actividad política después del acuerdo suscrito en 2016.

En particular, mencionó a Sandra Ramírez y a Marcos Calarcá, a quienes relacionó con versiones conocidas durante las investigaciones. Asimismo, cuestionó las actuaciones políticas del senador Iván Cepeda en asuntos relacionados con el acuerdo de paz y los procesos de exintegrantes de las Farc.

Los señalamientos contra estas personas corresponden a declaraciones de Tarazona y no equivalen a determinaciones judiciales de responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Tarazona también formuló cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación y las conversaciones que, según aseguró, ha sostenido personalmente con la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Uno de los aspectos que destacó fue una reunión en el despacho de Camargo durante la cual, de acuerdo con su testimonio, la funcionaria le manifestó que entre las hipótesis examinadas se encontraba la eventual responsabilidad de agentes estatales en el magnicidio.

La viuda aseguró que Camargo le habló de la posibilidad de que el asesinato de su esposo correspondiera a un crimen de Estado. Precisó que la conversación se desarrolló en presencia de su abogado.

Tarazona relató que, después de escuchar esa afirmación, solicitó resultados que permitieran establecer si la hipótesis contaba con respaldo probatorio. Sin embargo, aseguró que, tres meses después, no había recibido los avances que esperaba.

La entrevistada cuestionó además una respuesta que atribuyó a Camargo durante un encuentro posterior, en el cual habría señalado que tenía numerosas responsabilidades institucionales y que no podía intervenir directamente en todos los asuntos.

Según Tarazona, respondió que la investigación sobre el asesinato de un candidato presidencial merecía especial atención. También manifestó que la fiscal le pidió que no se molestara durante la conversación.

La viuda aclaró que mantiene su confianza en los fiscales e investigadores encargados del caso, aunque expresó reservas frente a la gestión de Camargo.

Aseguró que ha sostenido reuniones con la Fiscalía dos o tres veces al mes y que también ha realizado gestiones internacionales para buscar apoyo en el esclarecimiento del asesinato.

Mencionó encuentros en Europa y nuevas actividades previstas en Washington, Estados Unidos, relacionadas con la búsqueda de cooperación y garantías para el proceso.

Pese a sus acusaciones contra Petro, Tarazona reconoció que no existen pruebas suficientes para sostener actualmente un proceso penal contra el exmandatario por la muerte de su esposo.

Explicó que su convicción personal no ha sido respaldada hasta ahora por una decisión judicial que permita establecer la responsabilidad del expresidente.

La viuda admitió que su conclusión podría cambiar dependiendo de los resultados de la investigación y manifestó que continuará buscando información sobre los autores intelectuales del crimen.

Otra parte de la entrevista estuvo dedicada a la presunta presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia en el parque El Golfito, donde Miguel Uribe Turbay recibió los disparos que posteriormente le causaron la muerte.

Tarazona aseguró que existe una grabación en la que aparecen personas que, según la información que afirma haber recibido de los investigadores, trabajaban para esa entidad durante el Gobierno Petro.

Explicó que el material audiovisual fue sometido a verificaciones técnicas para determinar su autenticidad y descartar posibles alteraciones mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

De acuerdo con su versión, los resultados permitieron concluir que las imágenes correspondían a lo ocurrido en el lugar del atentado.

Posteriormente, aseguró, los investigadores utilizaron las imágenes para adelantar consultas ante la DNI y establecer la identidad de quienes aparecían en el registro.

Tarazona relató que fiscales del caso y representantes de la familia sostuvieron una reunión con el director de la entidad de inteligencia y que, durante las verificaciones, se habría establecido que algunas de las personas observadas pertenecían a su nómina.

Al ser interrogada por Vicky Dávila sobre el número de funcionarios que presuntamente se encontraban en el parque, respondió que tenía información sobre tres personas.

La viuda manifestó que ni su familia ni el esquema de seguridad del senador habían sido informados previamente sobre esa supuesta presencia de personal de inteligencia.

También aseguró que desconocía las razones por las cuales esas personas habrían estado en el lugar donde se produjo el ataque.

La existencia de una grabación auténtica, en caso de confirmarse, no acredita por sí misma la participación de quienes aparecen en ella en la preparación o ejecución del homicidio. La identidad de los presuntos funcionarios y sus actividades en el parque fueron presentadas por Tarazona como asuntos relacionados con la investigación.

El 20 de noviembre, un día antes de la publicación de la entrevista con Dávila, la viuda ya había hablado públicamente sobre este asunto. En declaraciones radiales, señaló que la Fiscalía le había proporcionado información sobre dos personas supuestamente vinculadas a la DNI y que la entidad había confirmado su pertenencia institucional.

En esa oportunidad también se refirió a declaraciones del exfuncionario Víctor Gutiérrez y aclaró que correspondía a los investigadores establecer cualquier eventual responsabilidad. La diferencia entre las dos personas mencionadas en esa intervención y las tres señaladas posteriormente no quedó aclarada en la entrevista.

Tarazona también abordó las investigaciones sobre una posible filtración de información desde el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay.

La viuda manifestó que le resultaba difícil comprender cómo los responsables del atentado pudieron conocer con precisión los desplazamientos del senador el día del ataque, especialmente porque su agenda podía modificarse durante la jornada.

Explicó que Uribe Turbay salió de su residencia hacia el parque El Golfito y que el desplazamiento podía durar aproximadamente 45 minutos.

Según su relato, la vivienda tenía controles de acceso y un parqueadero interior, circunstancias que, desde su perspectiva, dificultaban que personas ajenas a su entorno conocieran exactamente el momento de salida.

Tarazona señaló que su esposo modificaba frecuentemente sus compromisos y que, en ocasiones, solicitaba a integrantes de su equipo reemplazarlo en determinados eventos.

Por esa razón, consideró relevante la investigación sobre el conocimiento previo que los atacantes pudieron tener de sus movimientos.

También recordó información sobre un presunto intento anterior de atentado que no se habría concretado porque las condiciones de un recinto cerrado dificultaban la salida del responsable del ataque.

La viuda aclaró que las actuaciones relacionadas con integrantes del equipo de seguridad permanecían en investigación y reconoció que todos los señalados tienen derecho a la presunción de inocencia.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025, mientras participaba en una actividad política en el barrio Modelia, en Bogotá. El senador recibió varios disparos y fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento, el 11 de agosto de ese mismo año.

La Fiscalía informó inicialmente que había desplegado equipos especializados de investigación y que abrió diferentes líneas para esclarecer las circunstancias del ataque. El adolescente que disparó contra el dirigente político fue aprehendido en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el menor, que tenía 15 años cuando cometió el atentado, aceptó cargos y recibió una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las investigaciones también permitieron identificar a otras personas relacionadas con la logística y ejecución del ataque. Entre los nombres vinculados a las actuaciones judiciales figuran Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o Costeño, y otros procesados por su presunta participación en distintas fases de la organización criminal.

En abril de 2026 se conoció la acusación contra un hombre señalado de contactar al adolescente que disparó contra el senador. La investigación establecía como hipótesis que el menor había recibido instrucciones antes del atentado y que varias personas participaron en la coordinación de sus desplazamientos.

Entre los avances judiciales también se encuentran actuaciones contra Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo; Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, y Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, quienes aceptaron responsabilidad en hechos relacionados con el magnicidio.

La identificación de participantes en la ejecución material del crimen no ha significado, hasta la información pública consultada para esta noticia, una determinación judicial definitiva sobre la identidad de quien impartió la orden de asesinar al dirigente político.

En otro momento de la entrevista, Tarazona se refirió a la posible participación de organizaciones criminales internacionales en la financiación del atentado.

La viuda mencionó a la Segunda Marquetalia, a las disidencias de las Farc asociadas con alias Iván Mordisco y a los denominados Comandos de Frontera, organizaciones sobre las cuales afirmó haber conocido información relacionada con el traslado de recursos y armamento.

También habló de una supuesta suma de 1,5 millones de dólares que habría salido de Venezuela y de posibles conexiones con integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La cifra fue mencionada por Tarazona dentro de sus señalamientos y no fue acompañada de documentos financieros u otras pruebas que permitieran establecer su procedencia, destino o relación efectiva con el asesinato.

La entrevistada sostuvo que espera que la cooperación con Estados Unidos contribuya al esclarecimiento de esas posibles conexiones y mencionó la situación judicial de Nicolás Maduro y la extradición de alias Araña como circunstancias que, según su apreciación, podrían aportar información sobre las actividades de las organizaciones criminales.

Al referirse al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, señaló que en ambos casos se han mencionado estructuras dedicadas al crimen organizado transnacional. Sus declaraciones sobre eventuales conexiones entre los responsables de los dos asesinatos no acreditan la existencia de una misma organización criminal detrás de ambos hechos.

Tarazona manifestó que el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2026, ha expresado su compromiso con el esclarecimiento del asesinato de Uribe Turbay.

Afirmó que encuentra mayor disposición institucional para acompañar las gestiones relacionadas con el caso y mencionó la cooperación de autoridades estadounidenses.

Las declaraciones también incluyeron referencias al entorno familiar del senador y a las consecuencias de su muerte para su esposa y sus hijos.

Tarazona contó que el proceso de duelo continúa afectando a su familia, particularmente a Alejandro, hijo de la pareja, quien cumplió seis años en 2026.

Relató que el niño celebró recientemente su segundo cumpleaños sin su padre y que durante la celebración le preguntó si Miguel Uribe Turbay podía recordar desde el cielo que estaba cumpliendo años.

También recordó que Alejandro le ha pedido ver videos de su padre porque comienza a olvidar su voz.

La viuda explicó que estas situaciones forman parte de las dificultades que enfrenta su familia desde el asesinato y que la búsqueda de los responsables intelectuales se mantiene como una de sus principales preocupaciones.

Asimismo, aseguró que sus hijos han expresado temor por su seguridad debido a las actuaciones y declaraciones que ha realizado alrededor de la investigación.

Tarazona manifestó que, a pesar de esas preocupaciones, continuará participando en las gestiones relacionadas con el esclarecimiento del magnicidio.

Otro de los momentos de la conversación estuvo relacionado con el adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay.

La viuda explicó que, desde que conoció las circunstancias personales del menor, ha sentido compasión por su situación y por las condiciones de vulnerabilidad que, según su relato, marcaron su vida.

Aseguró que nunca desarrolló sentimientos de odio contra el adolescente y que lo considera una persona que también fue utilizada por una estructura criminal.

Tarazona habló de las dificultades familiares y sociales que, según la información que recibió, enfrentó el joven antes del atentado. Algunas de las circunstancias personales que mencionó no fueron corroboradas de manera independiente durante la entrevista.

Explicó que, si tuviera la oportunidad de hablar directamente con él, lo animaría a aprovechar la posibilidad de reconstruir su vida.

También mencionó las redes criminales que utilizan menores de edad para ejecutar homicidios y señaló que la instrumentalización de adolescentes constituye una de las situaciones que más le impactaron al conocer las circunstancias del asesinato.

En contraste con esa posición frente al autor material, Tarazona reiteró su intención de continuar buscando a quienes financiaron, planearon y ordenaron el crimen.

La entrevista también reveló que la viuda contempla iniciar una carrera política propia y que ha recibido propuestas para participar en las elecciones regionales y locales de 2027.

Tarazona aseguró que algunas de las alternativas están relacionadas con una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá o una aspiración al Concejo de la capital.

Consultada sobre la posibilidad de participar en representación del Centro Democrático, señaló que todavía no ha tomado una decisión y que espera definir su futuro político en diciembre de 2026.

Explicó que lleva aproximadamente quince años trabajando en actividades políticas y que participó directamente en la organización de las campañas electorales de Miguel Uribe Turbay.

Según relató, ambos se distribuían recorridos por ciudades y localidades, coordinaban encuentros con ciudadanos y desarrollaban actividades proselitistas de manera conjunta.

La viuda manifestó que tiene interés en dedicarse a la política electoral, aunque reconoció que cualquier decisión debe considerar las responsabilidades que mantiene con sus hijos.

También señaló que, si finalmente decide presentarse a un cargo de elección popular, pretende desarrollar una campaña directamente en las calles y comenzar sus actividades en enero de 2027.

Tarazona se refirió igualmente a la relación que mantiene con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, y a su designación como embajador.

Explicó que la familia ha mantenido espacios de encuentro después del magnicidio y que el abuelo paterno conserva una relación cercana con Alejandro.

La viuda mencionó la participación de Uribe Londoño en celebraciones familiares y expresó satisfacción por su nueva responsabilidad diplomática.

También destacó el apoyo de Delia, integrante del entorno familiar del senador, quien, según contó, mantiene contacto frecuente con el niño y participa en algunas de sus actividades.

Al finalizar la entrevista, Tarazona reiteró que continuará buscando información que permita establecer quién ordenó el asesinato de su esposo y sostuvo que no quiere que esa responsabilidad termine recayendo sobre Alejandro cuando sea adulto.

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