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Ocde advierte que Colombia atraviesa una “situación difícil” por déficit fiscal, inflación y baja inversión
El organismo lanza alerta sobre la economía colombiana: crecimiento caerá al 2,1 % en 2027.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que Colombia enfrenta dificultades por el deterioro de las finanzas públicas, la persistencia de la inflación y los bajos niveles de inversión privada, al proyectar que el crecimiento de la economía nacional se desacelerará del 2,6 % en 2026 al 2,1 % en 2027, mientras el déficit del Gobierno central alcanzará el 7,2 % del producto interno bruto (PIB).
El diagnóstico fue presentado el viernes 20 de noviembre en Bogotá por el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, durante la divulgación del Estudio Económico de Colombia 2026, un documento que examina las perspectivas de crecimiento, la evolución de la deuda pública, el comportamiento de los precios y las dificultades estructurales que enfrenta el país.
“Hoy Colombia se encuentra en una situación difícil”, manifestó Cormann durante la presentación, en la que participaron el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.
El organismo internacional señaló que la economía colombiana ha mantenido su capacidad de recuperación frente a diferentes perturbaciones, pero identificó restricciones relacionadas con la baja productividad, las dificultades para recuperar la inversión y los desequilibrios presupuestarios.
Las proyecciones divulgadas por la Ocde establecen una reducción de medio punto porcentual en el ritmo de crecimiento económico entre 2026 y 2027. El pronóstico para el próximo año se sitúa por debajo de la expansión calculada para el período actual, en un entorno de condiciones financieras restrictivas y presiones sobre las cuentas públicas.
En materia de inflación, el informe prevé que el indicador cierre 2026 en el 6,0 % y disminuya ligeramente hasta el 5,9 % durante 2027. Ambas cifras permanecerían por encima de la meta del 3 % establecida por el Banco de la República.
El estudio también identifica limitaciones en la inversión privada y el crecimiento de la productividad, dos componentes que la organización considera fundamentales para ampliar la capacidad productiva nacional y sostener la actividad económica.
Las proyecciones de la Ocde indican que el déficit fiscal del Gobierno nacional central llegaría al 7,2 % del PIB en 2026, después de haberse situado en el 6,4 % durante 2025. Para 2027, el organismo contempla que el desequilibrio presupuestario permanezca alrededor del 7,2 % del producto.
El deterioro de las cuentas fiscales coincide con un incremento del endeudamiento público y de las obligaciones destinadas al pago de intereses, situación que ocupa una parte importante del diagnóstico económico presentado por la organización.
De acuerdo con las cifras recogidas en el estudio, los pasivos financieros brutos del sector público aumentarían del 64,4 % del PIB en 2025 al 67,6 % en 2027. La evolución prevista mantiene una trayectoria ascendente para el endeudamiento durante el período examinado.
La Ocde señaló que el gasto primario del Gobierno, que excluye el pago de intereses de la deuda, pasó de representar aproximadamente el 16 % del PIB antes de la pandemia a una proporción cercana al 20 %.
Durante su intervención, Cormann relacionó esa evolución con la permanencia de niveles de gasto público que se incrementaron durante la emergencia sanitaria. Según explicó, las erogaciones extraordinarias adoptadas durante ese período no regresaron posteriormente a sus niveles anteriores.
El documento también registra que Colombia se encuentra entre los países de la Ocde y de América Latina que soportan mayores cargas financieras por concepto del pago de intereses de la deuda pública.
La organización relacionó el aumento de los costos de financiamiento con el deterioro de la credibilidad fiscal, las desviaciones presupuestarias y las primas de riesgo exigidas en los mercados financieros.
El estudio plantea que la estabilización del endeudamiento depende de una trayectoria de consolidación fiscal a mediano plazo. Entre las medidas examinadas figuran una mayor eficiencia del gasto, modificaciones al sistema tributario, reducción de exenciones y ajustes en la distribución de subsidios públicos.
La Ocde también abordó la suspensión temporal de la regla fiscal, activada en 2025, y las condiciones presupuestarias necesarias para regresar al marco de cumplimiento establecido por la legislación colombiana.
En particular, el organismo advirtió que las obligaciones fiscales previstas para los próximos años seguirían representando una proporción elevada del producto interno bruto, incluso bajo escenarios que contemplan nuevas medidas de recaudo y contención del gasto.
Uno de los asuntos examinados fue el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en octubre de 2026, iniciativa que contempla modificaciones tributarias y medidas de ajuste presupuestario.
La Ocde consideró que el proyecto constituye un avance en materia de consolidación fiscal, aunque advirtió que su alcance depende de las disposiciones finalmente aprobadas por el Congreso y de la aplicación efectiva de las medidas.
“El proyecto de rescate económico es un paso importante en la dirección correcta. Pero los invito a ser aún más ambiciosos”, manifestó Cormann durante la presentación del estudio.
Las estimaciones examinadas por el organismo indican que, incluso bajo el supuesto de una aprobación integral de las medidas propuestas y del cumplimiento de los ahorros calculados por el Ejecutivo, la deuda pública neta se estabilizaría cerca del 64 % del PIB en 2030.
Ese nivel permanecería por encima del ancla de deuda del 55 % del producto interno bruto contemplada en la regla fiscal colombiana.
El documento también contempla un escenario de aplicación parcial de las medidas fiscales, bajo el cual el déficit primario podría situarse en el 2,6 % del PIB durante 2027. Esa proporción supera en medio punto porcentual la previsión del 2,1 % incluida en las estimaciones del Ministerio de Hacienda.
El déficit primario corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, sin contabilizar los intereses de la deuda. Su comportamiento forma parte de los indicadores utilizados para establecer la evolución de las obligaciones fiscales del Estado.
Durante la presentación, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que las conclusiones de la Ocde reflejan las condiciones económicas y presupuestarias que encontró la administración iniciada en agosto de 2026.
“Lo que va a presentar el secretario general es en buena medida la fotografía del país que recibimos”, afirmó el funcionario.
Restrepo también señaló que, en ausencia de medidas adicionales, el déficit fiscal total podría alcanzar el 9,4 % del PIB en 2027, estimación que presentó como un escenario de riesgo y no como la proyección central de la Ocde.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, atribuyó parte del deterioro presupuestario a las decisiones de gasto de la administración anterior y cuestionó el manejo de las finanzas públicas durante el período presidencial precedente.
El funcionario se refirió a lo que denominó “la tentación populista” y aseguró que el cuatrienio anterior había representado “una ruptura con nuestra tradición de prudencia”.
Las declaraciones de los integrantes del Gobierno se produjeron durante la presentación del informe, que también incluye observaciones sobre la productividad, las condiciones laborales, la estructura tributaria y la necesidad de aumentar la inversión.
En este último componente, la formación bruta de capital se situó alrededor del 16 % del PIB durante 2025 y alcanzó el 16,9 % en el segundo trimestre de 2026, según las cifras recogidas en la información divulgada sobre el estudio.
Los niveles registrados permanecen por debajo de referencias históricas y regionales utilizadas para examinar el comportamiento de la inversión en Colombia.
La formación bruta de capital comprende la inversión destinada a activos productivos, infraestructura, maquinaria, equipos y construcción, entre otros componentes que forman parte de la capacidad económica del país.
La Ocde identificó restricciones relacionadas con la incertidumbre regulatoria, los costos financieros y las dificultades para desarrollar proyectos productivos. El informe también examina las condiciones que enfrentan las empresas para incorporar nuevas tecnologías y mejorar sus procesos.
En el ámbito tributario, la organización señaló que los ingresos fiscales de Colombia representan aproximadamente el 20 % del PIB, frente a un promedio cercano al 34 % entre los países miembros de la Ocde.
El estudio incluye recomendaciones para ampliar las bases tributarias, reducir tratamientos preferenciales, fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones fiscales y simplificar el sistema impositivo.
También examina la distribución de los subsidios destinados a los servicios públicos y las posibilidades de modificar su focalización.
Según las cifras expuestas durante la presentación, el 81 % de los subsidios a servicios públicos llega a hogares que no están clasificados como de bajos ingresos, un dato incorporado al diagnóstico sobre la distribución de las transferencias estatales.
Otro de los asuntos abordados fue el impacto presupuestario del incremento del salario mínimo para 2026.
El estudio recogió estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), según las cuales el aumento del 23 % del salario mínimo representaría un costo adicional para el Estado de al menos 5,3 billones de pesos durante 2026 y de aproximadamente 8 billones de pesos anuales a partir de 2027.
Las cifras corresponden a cálculos del organismo técnico sobre las obligaciones presupuestarias asociadas al incremento de la remuneración mínima legal.
En materia laboral, la Ocde identificó la informalidad como uno de los problemas persistentes de la economía colombiana. Aunque reconoció avances en la reducción del desempleo, la pobreza y el trabajo informal, señaló que una proporción considerable de los trabajadores permanece por fuera de los mecanismos ordinarios de protección laboral.
El informe también examina las dificultades de acceso al empleo formal para los jóvenes y las barreras que enfrentan las mujeres para participar en el mercado laboral.
Entre las alternativas planteadas por la organización figuran la reducción de los costos laborales no salariales para trabajadores de menores ingresos, el fortalecimiento de los servicios de cuidado infantil y una mayor articulación entre los programas de formación profesional y las necesidades de las empresas.
La Ocde incorporó en su diagnóstico el envejecimiento de la población colombiana, asociado con la disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida.
Aunque Colombia conserva una estructura demográfica relativamente joven, el organismo señaló que el proceso de envejecimiento está avanzando y examinó sus efectos sobre la oferta laboral, la productividad y los sistemas de protección social.
El estudio también abordó las condiciones del sistema pensional y las consecuencias fiscales y laborales de los cambios demográficos previstos para las próximas décadas.
Otro componente del documento corresponde a la transformación tecnológica de la economía. La Ocde identificó diferencias en el acceso a herramientas digitales entre las empresas y señaló que las pequeñas unidades productivas presentan dificultades para incorporar nuevas tecnologías.
La organización incluyó recomendaciones relacionadas con la formación en competencias digitales, el fortalecimiento de la competencia en telecomunicaciones y la utilización de inteligencia artificial para mejorar los procesos empresariales.
Asimismo, examinó la ampliación de los servicios públicos digitales como un mecanismo para disminuir costos administrativos y facilitar los trámites de las empresas.
La productividad laboral constituye otra de las principales preocupaciones recogidas en el documento. El organismo señaló que la producción por trabajador en Colombia permanece considerablemente por debajo del promedio registrado entre sus países miembros.
El diagnóstico incluye diferencias en las capacidades tecnológicas de las empresas, las competencias de la fuerza laboral y el acceso a infraestructura productiva.
En cuanto al sector energético, la Ocde señaló que Colombia requiere mayores inversiones privadas para fortalecer la seguridad del suministro, desarrollar proyectos vinculados con sus objetivos climáticos y mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos relacionados con el cambio climático.
El documento identifica necesidades de financiamiento que, según el organismo, superan los recursos que pueden aportar exclusivamente las entidades públicas.
Entre los instrumentos examinados aparecen mecanismos de mitigación de riesgos para inversionistas, una mayor profundidad de los mercados de capitales y condiciones más previsibles para los proyectos relacionados con la transición energética.
También se incluyen observaciones sobre la preparación técnica y financiera de los proyectos de inversión, así como sobre el papel de los instrumentos de fijación de precios del carbono.
Durante la divulgación del estudio, Cormann reconoció los avances económicos y sociales registrados desde el ingreso de Colombia a la Ocde en 2020, especialmente en indicadores relacionados con desempleo, pobreza e informalidad.
El secretario general explicó que la organización mantiene entre sus prioridades para Colombia el fortalecimiento de las finanzas públicas, la productividad, la digitalización y la utilización de la fuerza laboral ante los cambios demográficos.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) también se pronunció sobre las conclusiones del documento y señaló que varios de los asuntos abordados coinciden con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado “Colombia, la Patria Milagro”.
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