JEP rechaza sometimiento del exmagistrado Henry Villarraga

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con los requisitos de verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ya demostrados en investigaciones judiciales previas.

Villarraga enfrenta varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, asesorar ilegalmente al coronel (r) Robinson González del Río en un caso de falsos positivos. Además, se le investiga por haberse comprometido a presentar una ponencia favorable para trasladar uno de los procesos contra el oficial a la Justicia Penal Militar, con el fin de garantizar impunidad frente a graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el relato entregado por el exmagistrado presentó omisiones significativas que impidieron esclarecer su papel en el encubrimiento de crímenes del conflicto armado. La JEP señaló que Villarraga no aportó información relevante que permitiera identificar patrones o prácticas sistemáticas para proteger a miembros de la Fuerza Pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales.

La Sala también enfatizó que el exmagistrado incumplió el régimen de condicionalidad que exige reconocer responsabilidad y aportar verdad como requisito para acceder a los beneficios judiciales. Además, advirtió que la etapa de solicitud de sometimiento no es un escenario para replicar debates propios de la justicia ordinaria, como pretendía hacerlo Villarraga.

El tribunal transicional destacó que no volverá a requerirlo para nuevos aportes, al considerar que ya tuvo múltiples oportunidades para hacerlo y que insistir sería un desgaste injustificado del sistema de justicia transicional. 

En su lugar, Villarraga se limitó a justificar su actuación bajo la tesis de que la Justicia Penal Militar era más especializada, e incluso acusó a la Fiscalía General de la Nación de tener “sesgos ideológicos” y de librar una supuesta “guerra jurídica” contra la Fuerza Pública.

Por estas razones, la JEP rechazó formalmente su sometimiento y condenó cualquier discurso estigmatizante hacia las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado. Finalmente, el expediente de Villarraga fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación, además de un proceso penal cuya apertura quedó sin efecto.

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