JEP pide a la Corte Penal Internacional intervenir ante propuestas que afectarían su presupuesto y competencias

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tomar nota de dos iniciativas legislativas que actualmente avanzan en Colombia y que, según advirtió, podrían tener efectos sobre el funcionamiento y las competencias del tribunal de justicia transicional.

La solicitud fue presentada en una comunicación dirigida a los fiscales adjuntos de la CPI, Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang. En ella, Ramelli expuso su preocupación por una propuesta que plantea trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura y por otra iniciativa que busca establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública. 

De acuerdo con el presidente de la JEP, ambas medidas podrían comprometer las condiciones materiales y jurídicas necesarias para que el tribunal continúe desarrollando sus funciones. La jurisdicción pidió a la Fiscalía de la CPI valorar las posibles implicaciones de estas propuestas frente al Acuerdo de Cooperación firmado entre Colombia y ese organismo en 2021.

Ese acuerdo se suscribió después de que la Fiscalía de la CPI cerrara el examen preliminar sobre la situación de Colombia y estableciera una nueva etapa de cooperación con las instituciones nacionales encargadas de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. 

La alerta por el recorte presupuestal

Según las cifras expuestas por Ramelli, la JEP enfrenta actualmente una desfinanciación acumulada de $84.663 millones. A esto se sumaría el traslado de otros $100.000 millones contemplado en la iniciativa que cuenta con respaldo del Gobierno de Abelardo de la Espriella. 

La JEP sostiene que el recorte representaría cerca del 62 % de los recursos previstos para la adquisición de bienes y servicios. Entre los rubros que podrían resultar afectados están el sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales, así como los recursos destinados a arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de las sedes.

Ramelli también señaló que podrían verse comprometidos recursos destinados a la infraestructura tecnológica, el centro de datos y la interoperabilidad del sistema judicial. Según la JEP, esto tendría efectos sobre la seguridad de la información y la operación digital de los procesos que adelanta la jurisdicción. 

Lea también: (Pareja fue enviada a prisión por presunto homicidio de guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha)

El presidente de la JEP sostuvo que una reducción de esta magnitud podría afectar la capacidad de la entidad para cumplir las funciones establecidas en el Acuerdo Final de Paz y atender las obligaciones relacionadas con las víctimas y los comparecientes.

La propuesta de revisar las sentencias de la JEP

La segunda iniciativa mencionada en la comunicación enviada a la CPI plantea una revisión judicial automática, por parte de la Justicia Penal Militar, de las sentencias que profiera la JEP contra miembros de la Fuerza Pública.

La JEP considera que esta medida modificaría la estructura y las competencias establecidas para el tribunal dentro del modelo de justicia transicional. Según la jurisdicción, permitir que otra instancia judicial revise automáticamente sus decisiones introduciría una intervención externa sobre sus fallos.

La preocupación de la JEP se relaciona con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Cooperación de 2021, que contempla el respaldo a los procesos nacionales de justicia transicional y la protección del marco institucional necesario para su funcionamiento. 

¿Qué pidió Ramelli a la CPI?

En su comunicación, el presidente de la JEP solicitó a la Fiscalía de la CPI valorar las posibles implicaciones de las dos iniciativas frente a los artículos 1 y 6 del Acuerdo de Cooperación y al principio de complementariedad.

La carta señala que el artículo 6 contempla la posibilidad de que la Fiscalía de la CPI reconsidere su evaluación de complementariedad ante cambios significativos que puedan afectar el desarrollo de procedimientos nacionales relacionados con los crímenes de competencia de la Corte.

Ramelli también pidió fortalecer los canales de comunicación entre el Gobierno Nacional y la JEP, con el propósito de preservar la independencia, autonomía y capacidad de funcionamiento del tribunal.

Mientras las iniciativas continúan su trámite legislativo, el debate se concentra en el futuro del presupuesto de la JEP y en los límites de las posibles reformas a sus competencias. La propuesta de traslado de recursos deberá ser discutida dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. 

Otras noticias