JEP califica como Genocidio ataque contra la Unión Patriótica (UP)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el crimen de genocidio a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional por su papel en la política contrainsurgente que, según el tribunal, vinculó la derrota militar de las Farc con la destrucción del partido político Unión Patriótica (UP). Entre los señalados como máximos responsables y coautores están el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero; el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas; y los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

La Sala de Reconocimiento de Verdad les atribuyó los crímenes de genocidio, homicidio como crimen de guerra y los delitos de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso y otros actos inhumanos. Las conductas se habrían ejecutado desde sus cargos como comandantes o jefes de inteligencia de la Primera División, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ (BIVEL).

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La decisión llevó a la sala a renombrar el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”, al establecer un patrón macrocriminal de estigmatización sistemática que señalaba a la colectividad como el supuesto “brazo político de las Farc-EP”. Este fenómeno tuvo uno de sus epicentros en Apartadó (Urabá), particularmente en 1996, durante el periodo de mayor violencia contra sus militantes.

Para llegar a esta conclusión, la sala contrastó un amplio conjunto de fuentes: 34 informes institucionales y de organizaciones de víctimas, 139 diligencias de versión, 135 testimonios y 105 relatos de sobrevivientes. Además, efectuó inspecciones judiciales a archivos de inteligencia de las brigadas XV y XX, donde halló evidencia clave del patrón de persecución.

La investigación reveló que, mientras la UP era estigmatizada, también fue abandonada por las autoridades, pese a las denuncias sobre la operación de grupos paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública. Este abandono permitió la consolidación paramilitar en Urabá y facilitó que los perpetradores actuaran con libertad e impunidad. La sala destacó que la estigmatización no fue marginal, sino una narrativa institucional replicada en inteligencia militar y alimentada por documentos oficiales que vinculaban a la UP con las Farc-EP, incluso después del anuncio público de su separación en 1987.

La segregación se manifestó especialmente en Urabá, donde la Brigada XVII, bajo el mando de Rito Alejo del Río, brindó protección al sindicato bananero Sintrainagro y al movimiento Esperanza, Paz y Libertad, mientras dejaba desprotegidos a los militantes de la UP, aun con mapas que evidenciaban zonas de influencia y solicitudes públicas de protección del Gobierno.

La Sala estableció que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida. Entre 1984 y 2016, al menos 8.929 personas fueron víctimas del ataque contra la colectividad: 5.729 asesinadas o desaparecidas y 3.200 sometidas a violencia no letal. La UP fue el movimiento político con más víctimas fatales en la historia del conflicto armado colombiano, con un 66,3% del total de militantes políticos asesinados.

El exterminio incluyó asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos (1.959 víctimas), exilios, amenazas, intentos de homicidio, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y violencia sexual. La JEP determinó que entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes sin un militante de la UP asesinado o desaparecido. Tres periodos críticos marcaron esta violencia: 1984-1993, 1994-1999 y 2000-2007, coincidiendo con elecciones regionales de alto riesgo para la colectividad.

Aunque los ataques ocurrieron en 427 municipios, el 59,1% de las víctimas se concentró en Urabá, Ariari-Guayabero y Magdalena Medio. La JEP concluyó que el genocidio dejó un daño profundo: afectó la paz, debilitó la institucionalidad y produjo un impacto moral irreparable en miles de familias y sobrevivientes.

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