Tribunal de Antioquia suspende decreto del Gobierno que reorganizaba las EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional del Decreto 182 de 2026, expedido el pasado 24 de febrero por el Gobierno Nacional con el propósito de reorganizar el sistema de aseguramiento en salud. 

La decisión responde a una acción popular interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez, quien argumentó que la norma representa un riesgo abrupto y peligroso para la población, y solicitó de manera simultánea la medida cautelar de urgencia que el Tribunal terminó concediendo.

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El punto más crítico identificado por el despacho judicial es el impacto logístico y humano del decreto. Según el fallo, su implementación habría provocado traslados masivos de aproximadamente seis millones de afiliados, generando una concentración de usuarios en Nueva EPS y dejándola como la única aseguradora disponible en 502 municipios del territorio nacional. El Tribunal advirtió que la norma podría poner en riesgo el acceso y la libre elección de los pacientes al limitar la oferta de aseguramiento a un solo actor en gran parte del país.

La demanda se dirige contra la Nación, específicamente contra el ministerio de Salud y la Presidencia de la República, entidades que firmaron el decreto el mes pasado. 

El demandante fundamentó su acción en el artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998, herramientas diseñadas para la defensa de derechos e intereses colectivos. Al tratarse de una medida cautelar de urgencia, la suspensión busca evitar que se consoliden situaciones irreversibles mientras el Tribunal estudia el fondo del asunto.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud deberá frenar cualquier proceso de traslado o reorganización derivado del decreto hasta que se produzca un fallo definitivo o se levante la medida. 

Los seis millones de usuarios cuya afiliación estaba en vilo permanecerán en sus EPS actuales, garantizando la continuidad de sus tratamientos y el derecho a elegir quién gestiona su salud. El Gobierno Nacional no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre si apelará la decisión o buscará ajustar la normativa para mitigar los riesgos señalados por el despacho judicial.

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