JEP anula llamado a versión voluntaria del general (r) Óscar Naranjo por irregularidades procesales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en medio de una fuerte controversia interna tras decidir la anulación del auto que citaba a versión voluntaria al general retirado Óscar Naranjo. La medida, que inicialmente buscaba indagar el conocimiento del exdirector de la Policía sobre crímenes de la fuerza pública en el macrocaso 08 (Montes de María), fue revocada tres meses después de su emisión al detectarse fallas en el procedimiento y dudas sobre la competencia del tribunal frente al exoficial.

El conflicto surgió en la Subsala L de la Sala de Reconocimiento, donde la magistrada ponente, María del Pilar Valencia, fundamentó el llamado en informes de inteligencia reservados y testimonios de Salvatore Mancuso y el general Mauricio Santoyo. Sin embargo, tras la aprobación inicial del auto en marzo de 2025, varios magistrados, liderados por Catalina Díaz, manifestaron reparos sustanciales sobre la motivación jurídica de la decisión y la falta de incorporación de salvamentos de voto obligatorios.

Uno de los puntos de mayor debate fue la calidad en la que Naranjo debía acudir al tribunal. Mientras la ponencia original lo vinculaba como compareciente, la magistrada Catalina Díaz argumentó que el general retirado no ejercía funciones de control del orden público en el territorio específico de los hechos ni tenía mando directo sobre las unidades implicadas en las incursiones paramilitares. Por su parte, el magistrado Óscar Parra sugirió que su rol debía ser el de testigo y no el de procesado.

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La Sala de Reconocimiento finalmente aprobó la anulación con una votación de cinco contra tres. Los magistrados a favor de dejar sin efecto la citación señalaron que el auto carecía de la motivación clara requerida y que existían dudas sobre el quórum necesario para su validación. Esta decisión fue duramente criticada por las magistradas Belkis Izquierdo y María del Pilar Valencia, quienes insistieron en que el material probatorio era suficiente para requerir la comparecencia del oficial.

La decisión de anular el llamado incluyó una disposición inusual que prohibía la interposición de recursos, lo cual generó una inmediata reacción de las víctimas representadas en el caso. Los afectados calificaron la medida como un "precedente nefasto" que obstaculiza el acceso a la verdad. Ante esta presión, y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la JEP terminó por admitir un recurso de apelación para garantizar el debido proceso.

Por su parte, el general (r) Óscar Naranjo manifestó su desconcierto ante la situación y aclaró que nunca recibió una notificación formal. El exvicepresidente y negociador de paz reiteró su voluntad de colaborar con el sistema de justicia transicional, señalando que, como hombre de Estado, siempre estará listo para acudir ante cualquier autoridad que lo requiera para contribuir al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado.

Actualmente, el futuro de esta comparecencia está en manos de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. La magistrada Sandra Rocío Gamboa será la encargada de liderar la ponencia que decidirá si se mantiene la anulación o si el general retirado debe finalmente comparecer ante la justicia especial. El caso representa un desafío institucional para la JEP en la delimitación de responsabilidades de altos mandos de la fuerza pública.

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