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Investigan policías de Santa Marta por irregularidades en el traslado de Enrique Vives
Vives es responsable del asesinato de seis personas en Gaira. Fue sentenciado a una pena de siete años.
La Procuraduría General de la Nación presentó pliego de cargos contra tres miembros de la Policía Metropolitana de Santa Marta, debido a presuntas irregularidades en el traslado de Enrique Vives Caballero, responsable desde asesinato de seis menores de edad en Gaira.
Vives Caballero se encontraba privado de libertad por el homicidio de seis personas y por causar lesiones a otra, tras atropellarlas mientras conducía bajo los efectos del alcohol el 13 de septiembre de 2021.
Los implicados en este caso son: el intendente Julio Gaspar Hernández López, el intendente jefe Alex Cruz Pedraza, y el capitán Billy Rubén Andrews Junco.
Según el ente de control, el intendente Hernández López, quien se desempeñaba como jefe de turno en el Centro de Traslado por Protección de la Policía Metropolitana de Santa Marta, habría permitido que Vives Caballero fuera trasladado a la Clínica Perfect Body en un vehículo particular, sin que existiera una emergencia médica y sin contar con la autorización o comunicación del fiscal séptimo seccional de la URI, quien tenía a su cargo el caso después de que Vives Caballero fuera capturado en flagrancia tras el accidente de tránsito.
Con base en las pruebas obtenidas, Enrique Vives fue arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía a las 02:30 a.m del 13 de septiembre de 2021. A partir de ese momento, adquirió la condición de sospechoso y quedó bajo la jurisdicción de la entidad investigadora.
Además, se ha planteado interrogantes sobre la conducta del oficial Cruz Pedraza, quien como supervisor de los reclusos en los Centros de Traslado por Protección, posiblemente no supervisó la salida de Vives.
Por otro lado, el Ministerio Público señaló que, a pesar de que Vives Caballero fue debidamente informado sobre la celebración de una audiencia programada para el 16 de septiembre de 2021 en la Clínica Perfect Body, el condenado abandonó dicho centro médico y fue trasladado a la fundación FUSAM, donde los médicos legistas determinaron su estado de salud, el cual no presentaba una condición grave que justificara el incumplimiento de los protocolos policiales.
Adicionalmente, la Procuraduría presentó cargos contra el capitán Andrews, quien se desempeñaba como comandante de la Subestación de Policía Gaira, por su presunta falta de cumplimiento del "Protocolo para la aplicación de las medidas de traslado por protección" establecido por la Policía Nacional.
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