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Gobierno Petro pidió suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo
La medida hace parte de las negociaciones de paz con el grupo armado y busca facilitar el traslado de los cabecillas a zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de órdenes de captura y pedidos de extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo cabecilla, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en el marco de las negociaciones que adelanta el Ejecutivo con esa estructura armada.
Según el documento, la suspensión de las órdenes busca permitir el desplazamiento de los integrantes del Clan del Golfo hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), donde se desarrollaría el proceso de concentración, desmovilización y tránsito a la legalidad.
Las zonas estarán ubicadas en los municipios de Tierralta y Belén de Bajirá, según lo acordado entre las delegaciones del Gobierno y los voceros de la organización criminal el pasado 24 de abril.
Uno de los nombres que más llamó la atención dentro del listado es el de alias Chiquito Malo, considerado el principal jefe del Clan del Golfo tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga. El narcotraficante es requerido por la justicia de Estados Unidos y figura entre los hombres más buscados del país.
La resolución establece que la suspensión de las órdenes tiene un carácter limitado y no representa una autorización de libre movilidad en todo el territorio nacional.
“Cualquier tránsito realizado deberá tener una finalidad directa, verificable y exclusiva de preparación, coordinación o ejecución del ingreso a la ZUT”, señala el documento firmado por el Gobierno.
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Además, la administración Petro aclaró que los desplazamientos de las personas incluidas en la medida solo podrán realizarse dentro de zonas donde actualmente tenga presencia el Clan del Golfo y hacia los lugares de concentración autorizados.
Entre los beneficiados aparecen también otros integrantes señalados de pertenecer a la estructura criminal, varios de ellos con procesos por narcotráfico, concierto para delinquir y otros delitos relacionados con actividades ilegales.
La medida se conoce en medio de cuestionamientos a la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional y mientras continúan las operaciones de las autoridades contra estructuras armadas en distintas regiones del país.
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