Gobierno gira $20.000 millones a la JEP para sanciones de exFarc y militares

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmó que el Gobierno nacional realizó el primer giro de $20.000 millones para financiar la implementación de las sanciones que se impondrán al último secretariado de las Farc y a los 12 militares del Batallón La Popa.

Estas sanciones están relacionadas con crímenes graves: los más de 21.000 secuestros reconocidos por la antigua guerrilla y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Valledupar entre 2002 y 2005 por miembros del Ejército. Ramelli explicó que los recursos buscan asegurar la ejecución de las medidas restaurativas y reparadoras, garantizando la centralidad de las víctimas en los procesos de justicia transicional.

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El magistrado también anunció que el Ministerio de Defensa trabaja en un borrador de decreto para definir las condiciones de habitabilidad de los comparecientes, tanto exintegrantes de las Farc como exmilitares, precisando los lugares y parámetros en los que cumplirán sus sanciones en concordancia con lo estipulado por la JEP.

Paralelamente, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la JEP, el Ministerio de Justicia y otras entidades del Gobierno nacional avanzan en la elaboración de un decreto sobre las condiciones transversales para la implementación de las Sanciones Propias y las Medidas de Contribución a la Reparación (MCR), de cara a las primeras sentencias restaurativas que emitirá el Tribunal para la Paz.

El proyecto de decreto fija las reglas que deberán cumplir entidades públicas y privadas que se vinculen a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR), garantizando afiliación a seguridad social, protección frente a riesgos laborales y condiciones dignas de habitabilidad. 

Asimismo, ordena medidas de seguridad tanto para comparecientes como para comunidades receptoras y compromete al Gobierno a proporcionar las condiciones institucionales necesarias para hacer efectivas las restricciones de derechos y libertades que acompañan la ejecución de estas sanciones.

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