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Gobernación de Antioquia alerta por más de 90 violaciones a derechos humanos en 2025
El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que, pese a múltiples comunicaciones enviadas a entidades nacionales e internacionales, no se ha recibido respuesta.
La Gobernación de Antioquia denunció que durante 2025 ha reportado cerca de 90 violaciones a los derechos humanos, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta por parte del Gobierno nacional ni de organismos internacionales.
El gobernador Andrés Julián Rendón manifestó su preocupación por la falta de acciones frente al recrudecimiento de la violencia en varias zonas del departamento, especialmente en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, donde operan estructuras armadas ilegales como el Frente 36 de las disidencias de las FARC.
“Los receptores de los procesos de verificación nunca nos han dado respuesta ante las violaciones de derechos humanos que hemos señalado por cuenta de los grupos criminales que delinquen en los distintos rincones de Antioquia. Nosotros vamos a ir ante organismos internacionales esperando que estas denuncias tengan eco y no se queden en la impunidad”, afirmó Rendón.
Según el mandatario, de las comunicaciones enviadas este año, nueve fueron dirigidas a instancias internacionales y alrededor de 80 al Ministerio de Defensa, sin resultados concretos ni acompañamiento a las víctimas.
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El pronunciamiento se dio luego del reciente atentado en San Andrés de Cuerquia, donde dos menores resultaron gravemente heridos tras la explosión de un artefacto que habría sido instalado por el Frente 36.
Rendón advirtió que hechos como este podrían repetirse mientras el Gobierno insista en dialogar con estructuras que, según él, no han demostrado voluntad de paz. “Todo esto se vuelve repetitivo mientras exista esa disposición tan equívoca del Gobierno nacional de contemporizar con el crimen, de negociar con él, de tratarlos como angelitos, cuando ellos solo infunden terror a la población”, señaló.
Entre las violaciones denunciadas por la Gobernación figuran la instalación de explosivos en zonas rurales, el confinamiento forzado de comunidades campesinas y desplazamientos masivos. Rendón reiteró que el departamento acudirá a organismos internacionales para exigir garantías de seguridad y justicia para las víctimas.
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