Funcionaria del CTI habría intentado hacer pasar como suicidio la muerte de su esposo: fue capturada

La investigación por la muerte de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, funcionario de la Rama Judicial hallado con varios impactos de bala dentro de su vivienda en Barranquilla, tomó un nuevo rumbo cinco meses después de los hechos. Chirley Mildred Hernández Rojas, esposa de la víctima e investigadora activa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue capturada por orden judicial como presunta responsable del homicidio.

La detención se produjo en la tarde del martes 25 de agosto en el barrio Boston, en el norte de Barranquilla, y fue ejecutada por unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía 23 Seccional de la Unidad de Vida e Integridad Personal. Hernández Rojas deberá responder por los delitos de homicidio en circunstancias de agravación punitiva y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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La captura representa un cambio en el curso de un expediente que comenzó el 21 de marzo de 2026, cuando Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años, murió dentro del apartamento en el que residía con su familia, ubicado en un conjunto residencial del barrio Boston, cerca de la Catedral María Reina.

Esa noche, aproximadamente a las 10:05, las autoridades fueron alertadas sobre la muerte del funcionario. Avendaño Carrillo fue encontrado en la sala del inmueble con varias heridas producidas por arma de fuego. Cerca de su cuerpo fue localizada una pistola Bernardelli calibre 9 milímetros y los investigadores encontraron cinco vainillas en el lugar.

Las primeras informaciones conocidas sobre el caso contemplaron la posibilidad de una muerte autoinfligida. Sin embargo, la ubicación y cantidad de las heridas llevaron a los investigadores a mantener abiertas otras hipótesis y a recopilar elementos materiales probatorios para determinar qué había ocurrido dentro del apartamento.

El cuerpo presentaba impactos de bala en distintas zonas, entre ellas el pecho, un brazo, un antebrazo y la cabeza. La naturaleza de las lesiones se convirtió en uno de los elementos que hicieron que el caso continuara bajo investigación y que, pocos días después de la muerte, las autoridades comenzaran a manejar formalmente la posibilidad de un homicidio.

De acuerdo con las versiones entregadas inicialmente a las autoridades, Avendaño Carrillo había permanecido fuera de su vivienda durante varias horas y regresó aproximadamente a las 9:00 de la noche. Posteriormente permaneció en la sala. Su esposa y sus hijos se encontraban en el inmueble cuando se escucharon las detonaciones. Al salir de las habitaciones encontraron al funcionario herido de muerte.

Mientras avanzaba la investigación, la Fiscalía 23 de la Unidad de Vida e Integridad Personal asumió el expediente y la Sijín inició la recopilación y análisis de los elementos encontrados en la escena, así como de las versiones relacionadas con lo ocurrido antes y durante la muerte del funcionario.

La propia Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla se pronunció semanas después. En un comunicado fechado el 15 de abril, la corporación calificó lo ocurrido como hechos violentos que debían ser esclarecidos y solicitó a la Fiscalía y a los organismos competentes una investigación que permitiera identificar a los responsables.

Avendaño Carrillo llevaba 14 años vinculado a la Rama Judicial. Se desempeñaba en la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla y documentos oficiales de la Rama Judicial lo identificaban como servidor de la Secretaría del Tribunal de Justicia y Paz de esa ciudad.

También era abogado y había aspirado anteriormente a cargos de elección popular en Ciénaga, Magdalena, municipio del que era oriundo.

El expediente permaneció abierto durante los meses siguientes. La hipótesis inicial perdió fuerza mientras los investigadores contrastaban los hallazgos de la escena con las circunstancias en las que se produjo la muerte. El proceso terminó orientándose hacia un posible homicidio.

La investigación condujo finalmente hasta Chirley Mildred Hernández Rojas, quien además de ser la esposa de Avendaño Carrillo es funcionaria del CTI de la Fiscalía en la Seccional Atlántico.

La condición de investigadora judicial de la capturada agrega una circunstancia particular al proceso, pues pertenece al organismo encargado de apoyar las investigaciones penales de la Fiscalía.

Con base en los elementos recopilados durante los cinco meses posteriores a la muerte, las autoridades solicitaron una orden judicial contra Hernández Rojas.

La Policía informó que la mujer estaría vinculada como presunta responsable del homicidio ocurrido el 21 de marzo.

La orden fue materializada hacia las 5:00 de la tarde del martes. Algunas informaciones conocidas sobre el operativo indican que Hernández Rojas fue localizada en inmediaciones de la carrera 45 con calle 53, en el mismo sector de Boston donde se encuentra el conjunto residencial en el que ocurrió la muerte de Avendaño Carrillo.

Tras su captura, la funcionaria fue trasladada a dependencias de la Fiscalía para iniciar el procedimiento de judicialización.

Deberá comparecer ante un juez de control de garantías, escenario en el que el ente acusador expondrá los elementos que sustentaron la solicitud de captura y definirá los cargos que le serán imputados.

Será durante esas audiencias cuando comiencen a conocerse los detalles de la investigación que llevaron a las autoridades a señalar a Hernández Rojas como presunta autora del crimen, así como los elementos técnicos, testimoniales y forenses utilizados para descartar la hipótesis que inicialmente rodeó la muerte.

La captura no constituye una condena y Hernández Rojas mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial. Corresponderá a la Fiscalía demostrar ante los jueces su teoría sobre lo ocurrido dentro del apartamento y establecer las circunstancias y posibles móviles del homicidio.

El caso pasó así de una escena que inicialmente permitió considerar una posible muerte autoinfligida a una investigación por homicidio que terminó, cinco meses después, con la captura de la persona que se encontraba dentro de la vivienda con la víctima la noche de los hechos y que, además, ejercía funciones como investigadora del CTI.

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