Publicidad
¿Quiénes son los gestores de paz de Petro que Abelardo de la Espriella ordenó extraditar a Estados Unidos?
La historia de cinco criminales que llegarán a prisión en Norteamérica.
La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de hacer efectivas las extradiciones de cinco hombres vinculados a organizaciones armadas y estructuras dedicadas al narcotráfico cerró este miércoles uno de los capítulos que más controversia generó alrededor de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
Los casos tienen un elemento en común: Estados Unidos los reclama por delitos relacionados principalmente con tráfico internacional de drogas y, durante la administración anterior, su participación en procesos de diálogo fue utilizada para suspender, aplazar o condicionar su entrega a la justicia estadounidense.
Lea también (Presidente Abelardo de la Espriella ordenó extradición a EE.UU. de cinco señalados criminales)
Los nombres incluidos en la decisión son Geovany Andrés Rojas, alias Araña; Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.
Los tres primeros se encuentran bajo custodia de las autoridades, mientras que H. H. y Pinocho permanecen prófugos, por lo que De la Espriella ordenó que sean capturados para proceder posteriormente con su extradición.
Alias Araña
Uno de los expedientes que provocó mayor controversia durante el gobierno Petro fue el de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como uno de los principales dirigentes de los Comandos de Frontera y posteriormente representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en las conversaciones con el Gobierno.
Su trayectoria judicial, sin embargo, comenzó muchos años antes de que llegara a una mesa de negociación.
Rojas nació en Cali, pero desde niño estuvo radicado en Putumayo, departamento en el que desarrolló buena parte de su trayectoria.
Las investigaciones de las autoridades lo relacionaron inicialmente con Los Rastrojos, organización dedicada al narcotráfico que durante años disputó corredores para movilizar cocaína en el sur del país.
Su expediente también registró vínculos posteriores con las Farc y, tras la desmovilización de esa guerrilla, terminó convertido en uno de los hombres de mayor peso dentro de los Comandos de Frontera.
En 2010 fue condenado a 29 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir agravados, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas.
La condena estableció que esos delitos fueron cometidos cuando hacía parte de Los Rastrojos. Años después, en medio de la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, recibió la condición de gestor de paz y en 2017 salió de la cárcel bajo libertad condicionada.
Su nombre volvió a ocupar un lugar central con la política de paz total. Rojas apareció como integrante de la dirección de los Comandos de Frontera y posteriormente como representante en los diálogos con el Gobierno. Esa condición terminó chocando con un expediente que avanzaba simultáneamente en Estados Unidos.
Alias Araña fue capturado en Bogotá en febrero de 2025, después de participar en una ronda de conversaciones. El procedimiento provocó una confrontación institucional debido a que agentes del CTI llegaron al hotel donde se encontraba para hacer efectiva una orden relacionada con una circular roja de Interpol.
El episodio abrió interrogantes sobre la protección que podía otorgar su condición de negociador frente a un requerimiento internacional.
La justicia estadounidense lo acusa de concierto para delinquir, narcoterrorismo y tráfico de drogas. El proceso sostiene que habría participado en actividades destinadas a producir y distribuir narcóticos y que parte de esos recursos estaba relacionada con organizaciones armadas. La solicitud fue tramitada ante la justicia colombiana y la Corte Suprema emitió concepto favorable para su extradición.
El Ministerio de Justicia registró oficialmente que la extradición de Rojas había sido concedida, pero su entrega permanecía suspendida.
El documento gubernamental consignó que era miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la mesa de diálogos y que Estados Unidos lo requería desde el Distrito Sur de California por concierto para delinquir, narcoterrorismo y tráfico de drogas.
Alias H.H
Otro de los nombres es Gabriel Yepes Mejía, alias H. H. o Samuel, comandante de Comuneros del Sur, estructura que durante años perteneció al Ejército de Liberación Nacional y que posteriormente se apartó de la dirección nacional de esa organización para adelantar un proceso territorial de negociación con el Gobierno.
Yepes nació en San Pablo, Bolívar, y entró al ELN en 1991. Sus primeras actividades dentro de esa guerrilla estuvieron relacionadas con el frente Luis José Solano Sepúlveda. Con el paso de los años ascendió dentro de la organización hasta convertirse en comandante de Comuneros del Sur, estructura asentada principalmente en Nariño.
Su expediente en Colombia es extenso. La información incorporada al trámite de extradición registra cinco procesos penales reportados por la Fiscalía, entre ellos investigaciones por homicidio, desaparición forzada, fabricación, tráfico y porte de armas y terrorismo.
La Policía, por su parte, reportó 22 registros de órdenes judiciales relacionados con Yepes. También figura una condena vigente por rebelión y órdenes de captura por conductas como desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de armas.
El expediente estadounidense agregó otro componente. La Corte del Distrito Este de Texas lo reclama por concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.
La investigación sostiene que desde al menos 2019 Comuneros del Sur habría establecido relaciones con organizaciones mexicanas para producir y comercializar cocaína que posteriormente era transportada hacia Norteamérica.
De acuerdo con el expediente examinado por la Corte Suprema, H. H. habría desempeñado un papel en la producción de cocaína, la coordinación de cargamentos y la salida de droga desde las costas colombianas hacia puntos próximos a Centroamérica y México.
La investigación estadounidense sostiene además que narcotraficantes debían obtener autorización de Yepes para desarrollar determinadas actividades de producción en territorios controlados por la organización y pagar por cada kilogramo procesado.
Pese al requerimiento, durante el gobierno Petro su papel como representante de Comuneros del Sur en la mesa de diálogos terminó incidiendo sobre su entrega.
Los registros oficiales del Ministerio de Justicia muestran que Estados Unidos lo requería desde el Distrito Este de Texas y que su extradición había sido concedida, pero la entrega fue suspendida debido a su participación como representante de esa estructura en las negociaciones de paz.
Mocho Olmedo
Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, constituye otro de los casos. Es integrante del frente 33 de las disidencias de las Farc y llegó a ocupar una posición de mando dentro de esa estructura, con presencia histórica en el Catatumbo.
Las autoridades lo han señalado por actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, secuestros, homicidios y acciones armadas.
Estados Unidos lo requiere ante la Corte del Distrito Sur de Florida por concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.
Los hechos incluidos en el expediente estadounidense corresponden principalmente al periodo comprendido entre 2021 y 2022. La Corte Suprema concluyó que se trataba de delitos comunes y emitió concepto favorable para su extradición.
El caso de Mocho Olmedo también estuvo rodeado de controversia. En febrero de 2025, en medio de los acercamientos entre el Gobierno y el frente 33 después de la crisis humanitaria del Catatumbo, Henao se entregó al Ejército.
Tras la legalización de su captura con fines de extradición, permaneció bajo protección de la Dirección Nacional de Inteligencia en un hotel y posteriormente en casas de seguridad. La DNI argumentó que era una fuente humana que debía ser protegida.
La situación se volvió todavía más compleja porque Henao tenía participación en los acercamientos con el Gobierno. Su defensa presentó ante la Corte documentos relacionados con las negociaciones e insistió en que había desarrollado actividades dirigidas a la paz y la reconciliación.
El alto tribunal, sin embargo, consideró que esas circunstancias no impedían conceptuar favorablemente su extradición.
El Gobierno Petro terminó suspendiendo su entrega mientras continuara realizando aportes verificables dentro del proceso de paz.
Documentos oficiales del Ministerio de Justicia lo identificaron como representante de estructuras de las disidencias en la mesa de conversaciones y confirmaron que el requerimiento estadounidense estaba relacionado con tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
Muñeca
Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, representa otro frente del problema. Su trayectoria está relacionada con Los Pachenca, posteriormente denominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización surgida en la región Caribe después de la desmovilización de estructuras paramilitares que habían operado bajo el mando de Hernán Giraldo.
Castillo acumulaba, según la Fiscalía, cerca de 18 años de trayectoria criminal cuando fue capturado en 2024. Las autoridades establecieron que asumió el liderazgo de la organización en 2022 después de la captura de su hermano Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho. Bajo su mando se encontraban más de 250 integrantes de la estructura.
Su captura ocurrió en Pereira en junio de 2024. Según las autoridades, estaba próximo a someterse a una intervención destinada a modificar su apariencia. La Fiscalía lo identificó entonces como uno de los principales cabecillas de Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Las investigaciones lo señalan de coordinar homicidios selectivos, narcotráfico, secuestros y extorsiones contra comerciantes y ganaderos en municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Las autoridades también documentaron la capacidad de la organización para utilizar el puerto de Santa Marta y otros puntos de la costa Caribe en operaciones de salida de cocaína hacia mercados internacionales.
Estados Unidos formalizó su solicitud de extradición para que comparezca ante la Corte del Distrito Este de Texas. El proceso incluye cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y armas.
La Corte Suprema examinó el expediente y los antecedentes judiciales existentes en Colombia antes de emitir su concepto dentro del procedimiento de extradición.
Alias Pinocho
El quinto hombre incluido en las decisiones anunciadas este miércoles es Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, hermano de Muñeca y uno de los nombres con mayor recorrido dentro de las organizaciones que han controlado actividades ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Su trayectoria criminal se remonta a más de dos décadas. Las autoridades lo relacionaron inicialmente con estructuras asociadas a los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, conocidos como los Mellizos, y posteriormente con el frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por Hernán Giraldo. Allí habría fortalecido sus vínculos con actividades de narcotráfico.
Pinocho ya conoce una cárcel estadounidense. Fue extraditado en 2008 por narcotráfico y regresó a Colombia en 2011. Después se acogió al proceso de Justicia y Paz como antiguo integrante de las estructuras paramilitares.
Las autoridades sostuvieron posteriormente que continuó relacionado con Los Pachenca y que desde 2017 volvió a ocupar posiciones de dirección dentro de esa organización.
En enero de 2022 fue capturado en Brunete, cerca de Madrid, España. Tras regresar al escenario judicial colombiano quedó en libertad en junio de 2023 por una decisión que generó cuestionamientos y un mes después fue solicitada nuevamente su captura.
Paralelamente, Estados Unidos avanzó en un nuevo expediente en su contra.
La Corte del Distrito Este de Texas lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico y distribución de cocaína.
Las autoridades colombianas lo han señalado como uno de los dirigentes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización relacionada con tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios en Magdalena y La Guajira.
Su situación adquirió una dimensión política cuando el gobierno Petro lo incorporó como delegado en las conversaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada pese a la existencia del requerimiento estadounidense.
Su condición de negociador quedó entonces enfrentada al proceso de extradición, como ocurrió con otros integrantes de organizaciones armadas vinculados a la paz total.
Los cinco expedientes terminaron confluyendo en una misma controversia: mientras las autoridades estadounidenses reclamaban su entrega por investigaciones de narcotráfico y delitos asociados, el gobierno Petro consideró que su participación en procesos de diálogo podía contribuir a negociaciones con las estructuras que representaban.
El propio Ministerio de Justicia dejó constancia de que varias extradiciones habían sido concedidas, pero que las entregas fueron suspendidas temporalmente por circunstancias relacionadas con la búsqueda de la paz y los procesos de reconciliación.
La decisión adoptada por De la Espriella cambia ese tratamiento. Araña, Mocho Olmedo y Muñeca quedaron incluidos entre quienes deberán ser entregados a Estados Unidos, mientras que para H. H. y Pinocho la instrucción es hacer efectivas sus capturas y, una vez se encuentren bajo custodia de las autoridades, avanzar con su extradición.
Con ello, cinco hombres que ocuparon espacios en las negociaciones impulsadas durante la paz total vuelven a quedar sujetos al trámite judicial que había sido frenado o condicionado por su participación en esos procesos.
Otras noticias
Etiquetas
