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Fiscalía solicitará nueva medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por presunta corrupción

El hijo del presidente enfrenta otro proceso judicial, además del caso por lavado de activos.

Nicolás Petro audiencia 25
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 07/09/2025 - 09:25 Créditos: Captura de pantalla audiencia - Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación anunció que pedirá una nueva medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en contratos firmados entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico. La solicitud se suma al proceso ya abierto por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El ente acusador radicó imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según los investigadores, se detectaron al menos cinco contratos cuestionados que ascienden a más de 3.000 millones de pesos y que estaban destinados a programas para adultos mayores y niños en situación de discapacidad.

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De acuerdo con la Fiscalía, ninguno de los contratos se cumplió en los términos pactados. El informe entregado por los investigadores señala que en cuatro de los cinco contratos aparece como responsable la Fundación Conciencia Social, y en el restante, la Unión Temporal Conciencia Incluyente, con sede en la misma dirección de la fundación en Barranquilla.

La entidad presentó la solicitud de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento ante el centro de servicios judiciales de Barranquilla. La judicatura aún no ha fijado la fecha de la diligencia, aunque se espera que se realice en los próximos días.

En paralelo, Nicolás Petro ya enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese caso, la Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para lograr una condena, mientras la defensa insiste en que el material probatorio es ilegal y carece de sustento jurídico.

Con este nuevo proceso, el hijo del presidente queda en el centro de dos frentes judiciales: uno por presunto lavado de dinero y otro por supuesta corrupción en contratación pública. Ambos procesos se desarrollan de manera independiente, pero podrían influir en las estrategias legales que defina su equipo de defensa.

 

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