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Fiscalía revoca suspensión de 16 órdenes de captura en el Valle de Aburrá

Tras presiones y críticas de diversos sectores Luz Adriana Camargo anunció la revocatoria.

Fiscalía 3 Agosto
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 07/04/2026 - 08:33

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó sobre la modificación de varias decisiones relacionadas con órdenes de captura en el Valle de Aburrá, en el contexto de los acercamientos entre el Gobierno nacional y estructuras criminales en Medellín.

La jefa del ente acusador se refirió a las actuaciones recientes de la Fiscalía frente al proceso de diálogo denominado “paz total”, promovido por la administración del presidente Gustavo Petro.

En particular, explicó los alcances de la revisión de medidas que habían sido adoptadas días atrás en relación con personas vinculadas a negociaciones de carácter urbano.

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Según indicó, la Fiscalía General de la Nación expidió la resolución 0079, mediante la cual se dejó sin efecto la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que previamente habían sido objeto de esa medida.

La funcionaria precisó que esta decisión se fundamenta en la situación jurídica de los individuos involucrados, quienes, de acuerdo con la información verificada, ya se encontraban privados de la libertad cumpliendo condenas impuestas por autoridad judicial.

Camargo detalló que la resolución fue comunicada a las entidades competentes, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de garantizar la coordinación institucional frente a las decisiones adoptadas.

En ese sentido, señaló que la revocatoria de la suspensión aplica exclusivamente a aquellas personas cuya condición de reclusión fue confirmada por la Fiscalía.

De las 23 órdenes inicialmente suspendidas, siete continúan vigentes bajo esa misma condición, lo que implica que la medida de suspensión no ha sido modificada en esos casos específicos.

La fiscal explicó que la revisión se realizó de manera individual, con base en la información disponible en los sistemas del ente acusador y en los datos suministrados por otras autoridades.

La fiscal general también se refirió a la solicitud presentada por el Gobierno nacional, la cual dio origen a la suspensión inicial de las órdenes de captura.

Según manifestó, la información remitida no incluía elementos suficientes para identificar con precisión la situación jurídica de algunas de las personas mencionadas, en particular el hecho de que varias de ellas ya se encontraban cumpliendo condenas en centros penitenciarios.

En ese contexto, Camargo señaló que, de haberse incluido en el listado los alias o datos completos de identificación de los involucrados, la Fiscalía habría podido establecer desde el inicio que se trataba de personas privadas de la libertad.

Esta circunstancia, según explicó, habría permitido adoptar una decisión distinta desde el primer momento.

La funcionaria indicó que, desde la perspectiva de la Fiscalía, no se contemplaba la posibilidad de solicitar la suspensión de órdenes de captura respecto de personas que ya estaban bajo custodia del Estado.

En sus declaraciones, enfatizó que dicha situación no fue prevista al momento de evaluar la solicitud inicial.

El pronunciamiento de la fiscal general se produce en medio del debate sobre los mecanismos jurídicos utilizados en el marco de la política de paz total, especialmente en lo relacionado con los acercamientos a estructuras criminales en entornos urbanos.

Las decisiones adoptadas por la Fiscalía evidencian la necesidad de precisar los procedimientos y la información utilizada en este tipo de iniciativas, con el fin de garantizar la coherencia entre las medidas judiciales y la realidad procesal de los involucrados.

La resolución 0079 constituye, en este sentido, una corrección administrativa basada en la verificación de datos, que busca ajustar las decisiones del ente acusador a las condiciones jurídicas reales de las personas incluidas en el proceso.

Entretanto, las siete órdenes de captura cuya suspensión se mantiene continúan sujetas a las determinaciones que se adopten en el marco de las conversaciones en curso.

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