Fiscalía acusó al padre de Greeicy Rendón por secuestro y tortura de dos trabajadores en Rionegro

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, por los delitos de secuestro y tortura en un caso que involucra a dos trabajadores informales en una finca ubicada en Rionegro, Antioquia. Los hechos habrían ocurrido el 8 de mayo y han generado amplio impacto público por la gravedad de las denuncias y el perfil de los señalados.

De acuerdo con el expediente judicial, Rendón habría actuado como principal determinador de las agresiones, luego de que los trabajadores fueran acusados de un presunto robo dentro de la propiedad. La Fiscalía sostiene que el acusado dio instrucciones a un grupo de escoltas privados para retener e intimidar a los empleados con el fin de forzarlos a admitir su responsabilidad.

Los testimonios recogidos por el ente acusador indican que los trabajadores fueron privados de la libertad durante varias horas y sometidos a tratos violentos dentro de la finca. En los relatos también se menciona la presencia de Lucy Ceballos, madre de la artista y esposa del acusado, así como de un nieto de la pareja, quien sería menor de edad.

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Según las víctimas, Ceballos habría ejercido presiones verbales para que confesaran, advirtiéndoles que la situación podría prolongarse. Aunque su nombre aparece en declaraciones y documentos del proceso, hasta el momento la Fiscalía no la ha vinculado formalmente a la investigación.

Las diligencias señalan que los gritos de auxilio fueron escuchados por personal de vigilancia del sector, lo que permitió la intervención de la Policía y la captura en flagrancia de los escoltas presuntamente implicados en los hechos.

La Fiscalía imputó a Luis Alberto Rendón como coautor y determinador de los delitos de secuestro y tortura, con base en los testimonios de las víctimas y otros elementos probatorios. No obstante, el proceso judicial se encuentra temporalmente suspendido tras una recusación presentada por la defensa del acusado contra el juez del caso, argumentando posibles afectaciones a la imparcialidad.

En paralelo, continúa el juicio contra los escoltas, para quienes se espera una decisión judicial el próximo 6 de febrero. Las víctimas han reiterado su intención de solicitar que se amplíe la investigación y se evalúe la responsabilidad de otras personas mencionadas en el expediente.

El caso también puso en el centro del debate la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, quienes no contaban con contrato ni afiliación a seguridad social y aseguran no haber recibido pago ni atención tras las lesiones sufridas.

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