Gobierno de Abelardo de la Espriella presenta reforma fiscal: subirá el IVA y recortará el gasto público

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este jueves 29 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, que contempla reducir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios, disminuir en un 20 % los gastos de personal de las entidades nacionales, reducir el tamaño del Estado en un 15 %, ampliar el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) y establecer un mecanismo de devolución de este tributo para aproximadamente 35 millones de colombianos de menores ingresos.

La iniciativa también propone reducir el impuesto de renta de las empresas, modificar los aportes tributarios de las personas de mayores ingresos, reorganizar fondos públicos, vender activos estatales improductivos y destinar recursos adicionales al sistema de salud.

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Según las proyecciones de la Presidencia de la República, el conjunto de medidas permitiría mejorar las finanzas públicas en $51 billones durante 2027 y en más de $122 billones para 2030. Cerca del 70 % del ajuste fiscal previsto provendría de la reducción del gasto estatal y de la reorganización de recursos públicos.

El Ejecutivo calcula que las medidas de austeridad permitirían ahorrar $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030. Estas cifras corresponden a las estimaciones presentadas por el Gobierno durante la radicación del proyecto y están sujetas a la aprobación de las disposiciones propuestas.

Una de las principales medidas establece que durante 2027 las entidades nacionales deberán reducir a la mitad el gasto destinado a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. A partir de ese año, el crecimiento de estos gastos quedaría limitado a la inflación.

El artículo 7 del proyecto contempla esta reducción como parte del programa de austeridad administrativa. La disposición está dirigida a disminuir los recursos utilizados en contratación de servicios dentro de las entidades financiadas con el Presupuesto General de la Nación.

Adicionalmente, el artículo 6 propone reducir en un 20 % los gastos de personal de las entidades nacionales durante 2028, con excepción de la Fuerza Pública. Para 2029 y 2030, el crecimiento de estos gastos tendría un límite equivalente a la inflación anual más 0,5 puntos porcentuales.

La Presidencia precisó que las medidas deberán respetar el incremento salarial de los empleados públicos conforme a las garantías constitucionales. La reducción presupuestal planteada corresponde al gasto total de personal de las entidades y no a una disminución general del salario individual de los funcionarios.

El Gobierno también propone reducir en un 15 % el tamaño del Estado mediante una reorganización administrativa que comprende la revisión de estructuras institucionales, gastos de funcionamiento y mecanismos de contratación.

Entre 2027 y 2030, los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades estatales no podrían aumentar por encima de la inflación. La iniciativa incorpora restricciones sobre gastos de papelería, viáticos, publicidad y otras actividades administrativas.

Otra disposición contempla revisar más de 250 transferencias presupuestales y los recursos administrados por aproximadamente 50 fondos públicos financiados con dinero de la Nación.

La revisión estará dirigida a identificar excedentes de liquidez, gastos duplicados y recursos disponibles en fondos especiales y encargos fiduciarios. El proyecto establece que los excedentes identificados podrán trasladarse al Tesoro Nacional, de acuerdo con las condiciones legales correspondientes.

El articulado también incluye medidas para facilitar la venta de activos públicos improductivos y reorganizar los mecanismos de administración de recursos estatales.

La Presidencia señaló que las medidas de reducción del gasto mantendrán protegidos los recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, saneamiento, pensiones, universidades públicas, el Sistema General de Participaciones y el cumplimiento de sentencias judiciales.

En materia tributaria, la reforma plantea ampliar la aplicación del IVA a productos que actualmente no están gravados y modificar determinados tratamientos preferenciales. La propuesta está acompañada de un sistema de devolución del impuesto dirigido a personas de menores ingresos.

El mecanismo, denominado EfectIVA, contempla devolver la totalidad del IVA pagado por aproximadamente 19 millones de colombianos pertenecientes a los sectores de menores ingresos.

Según el documento explicativo de la Presidencia, los hogares beneficiarios recibirían en promedio $213.000 mensuales, con un máximo de $288.000. El Gobierno calcula que actualmente estos hogares pagan alrededor de $138.000 mensuales por concepto de IVA en sus compras.

El comunicado oficial también contempla una devolución parcial de hasta el 50 % del impuesto para otros 16,5 millones de personas. De esta manera, el mecanismo de compensación tendría una cobertura aproximada de 35 millones de colombianos.

La propuesta incluye a hogares con ingresos de hasta $3,4 millones mensuales, sujetos a los mecanismos de focalización que establezca el Gobierno para identificar a los beneficiarios de los programas sociales.

La devolución se calcularía mediante la información registrada en la factura electrónica. Para acceder al mecanismo, los compradores deberán solicitar que sus facturas incluyan su número de identificación, lo que permitirá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinar los valores correspondientes.

Los recursos serían transferidos directamente a las cuentas de los beneficiarios en un plazo máximo de quince días. Para quienes no dispongan de una cuenta, la propuesta contempla mecanismos de entrega mediante envío postal.

El Gobierno también anunció que los beneficiarios de menores ingresos tendrán garantizado un monto mínimo de devolución, incluso cuando no presenten factura electrónica.

Aunque la implementación general del mecanismo está prevista para enero de 2028, el Ejecutivo contempla realizar un primer giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Las personas que actualmente reciben compensaciones del IVA continuarían accediendo a esos recursos hasta su incorporación al nuevo sistema, según las disposiciones anunciadas por la Presidencia.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó que la medida está dirigida a modificar la distribución de la carga tributaria entre los hogares colombianos.

“Durante años, los colombianos más pobres han pagado el mismo IVA que los que más tienen. Con la devolución del IVA ese dinero vuelve a su bolsillo, a su nombre y directo a su cuenta”, afirmó el funcionario.

La reforma también contempla cambios para las compras realizadas mediante plataformas internacionales de comercio electrónico. El Gobierno propone que todas estas operaciones paguen IVA, independientemente del valor de la mercancía adquirida.

Actualmente, determinadas compras internacionales inferiores a 200 dólares pueden acceder a tratamientos tributarios especiales cuando cumplen los requisitos legales. La propuesta busca eliminar ese tratamiento para las operaciones efectuadas mediante plataformas internacionales.

La Presidencia señaló que esta disposición está dirigida a modificar las condiciones tributarias de competencia entre los comerciantes nacionales y los vendedores internacionales que ofrecen productos a consumidores colombianos.

En cuanto a la tributación empresarial, el proyecto establece una reducción progresiva de la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades.

La tarifa, actualmente fijada en el 35 %, disminuiría al 33 % durante 2027 y al 31 % a partir de 2028, según las disposiciones anunciadas por el Ministerio de Hacienda.

Adicionalmente, el Gobierno propone crear un régimen especial de incentivos para empresas que realicen inversiones de gran escala en Colombia y generen nuevos empleos.

El mecanismo, denominado RUGE, contempla una tarifa de renta del 20 % para las empresas que cumplan las condiciones de inversión durante 2027 y 2028, y del 26 % para las inversiones realizadas en 2029, según la explicación oficial del programa.

La iniciativa también incluye modificaciones tributarias para personas naturales de mayores ingresos. De acuerdo con el comunicado de la Presidencia, el 10 % de la población con mayores ingresos aportaría el 97 % de los recursos previstos dentro del componente de contribuciones asociado al ajuste económico.

Asimismo, contempla cambios en las contribuciones relacionadas con el sistema de salud y en determinados impuestos al consumo.

El Ejecutivo propone destinar al aseguramiento en salud los recursos adicionales obtenidos mediante los gravámenes sobre licores, tabaco y cerveza.

También se incluyen modificaciones al impuesto al carbono, con ajustes dirigidos a incrementar la contribución tributaria asociada a actividades contaminantes.

El Gobierno estima que las medidas económicas generarían un aumento adicional del recaudo de $1,7 billones en 2027 y de $13,8 billones en 2030 como resultado del crecimiento económico proyectado.

La presentación de la reforma estuvo acompañada de un diagnóstico de las finanzas públicas elaborado por el Ejecutivo, según el cual el Estado recibe actualmente un promedio de $29 billones mensuales y registra gastos superiores a $40 billones durante el mismo período.

La Presidencia también informó que el servicio anual de la deuda pública pasó de $118 billones a $155 billones y proyectó que el déficit fiscal podría alcanzar los $144 billones al cierre de 2026.

En el documento explicativo de la iniciativa, el Gobierno advierte que, sin medidas de ajuste, la deuda pública podría llegar al 82 % del producto interno bruto al finalizar el período presidencial y alcanzar el 149 % en un horizonte de diez años.

El Ejecutivo también calcula que un deterioro de las condiciones fiscales podría comprometer aproximadamente 367.000 empleos. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo mencionó una estimación de 360.000 puestos de trabajo durante la presentación del proyecto.

“Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene recibirá más”, manifestó Restrepo.

La administración de Abelardo de la Espriella atribuyó el deterioro de las finanzas públicas a las decisiones presupuestales y de contratación adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro, según el diagnóstico divulgado por la Presidencia.

El proyecto de Ley de Rescate Económico quedó radicado ante el Congreso de la República el 29 de octubre de 2026 y deberá surtir el trámite legislativo correspondiente antes de que puedan entrar en vigor las modificaciones tributarias, presupuestales y administrativas propuestas.

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