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En firme orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
Es señalado como pieza clave en el escándalo de corrupción de la Ungrd, mantiene vigente una circular roja de Interpol mientras permanece en Nicaragua bajo asilo político.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión quedó consignada en un fallo de 23 páginas de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que confirmó la sentencia del 14 de octubre de 2025 de la Sala de Decisión de Tutelas. Con ello, se mantiene vigente la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá y la circular roja de Interpol emitida desde septiembre de 2025.
González, quien se encuentra en Nicaragua bajo la figura de asilo político otorgado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es señalado por la Fiscalía como uno de los protagonistas del que ha sido calificado como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.
Según el ente acusador, el exdirector del Dapre habría coordinado la entrega de sobornos por 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de impulsar proyectos del Gobierno Petro en el Congreso. La Fiscalía lo acusa de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
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De acuerdo con la investigación, González habría instruido al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para entregar contratos por 60.000 millones y 10.000 millones de pesos, respectivamente, como parte de una estrategia para destrabar reformas clave, entre ellas la pensional y la de salud.
La acusación también señala que el exfuncionario habría ordenado inflar los costos de una orden de proveeduría para la compra de carrotanques destinados a La Guajira, con el propósito de desviar recursos provenientes de sobrecostos. De esos fondos, según la Fiscalía, 3.000 millones de pesos habrían sido destinados a Name y 1.000 millones a Calle.
En el proceso también se menciona el presunto papel de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien habría mediado en la entrega de los recursos en efectivo.
Durante la audiencia de acusación ante la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, González rechazó los señalamientos y calificó la acusación como “absurda” y “llena de vacíos y falsedades”.
Con la decisión de este 12 de febrero, la Corte Suprema ratifica la vigencia de la orden de captura internacional, mientras avanza el juicio en su contra y las autoridades mantienen activa la solicitud de ubicación y detención a través de Interpol.
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