Desmantelan red de estafa inmobiliaria en Bogotá y Cundinamarca

Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto una red delincuencial dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza. Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y abril de 2026, y permitieron identificar y judicializar a dos presuntos integrantes de esta organización.

La investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que, a través de redes sociales, la estructura delincuencial promocionaba la venta de inmuebles con el fin de captar víctimas interesadas en la compra de vivienda o finca raíz.

Una vez las víctimas establecían contacto, los integrantes de la organización acordaban encuentros para mostrar los inmuebles y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita.

Para ello, previamente tomaban las propiedades en arriendo y se hacían pasar por sus propietarios legítimos, con el propósito de ganarse la confianza de los compradores.

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Asimismo, con la presunta participación de empleados de notarías, elaboraban documentos fraudulentos con sellos falsificados, entre ellos certificados de tradición y libertad, para inducir en error a los compradores.

Los procesados fueron identificados como Mauricio Navarrete Sarabia y Yuli Stella Guerrero López, empleada de una notaría, quienes habrían cumplido diferentes roles dentro de la estructura delincuencial. El hombre sería el encargado de suplantar a los propietarios de los inmuebles y acudir a las notarías para autenticar documentación de manera fraudulenta. 

Por su parte, Guerrero López, en calidad de auxiliar de notaría, presuntamente se habría aprovechado de su cargo para acceder a los sistemas empleados para las verificaciones biométricas y facilitar la expedición de documentos espurios con los que se perfeccionaban las compraventas fraudulentas.

La Fiscalía documentó al menos seis eventos delictivos en los que los propietarios legítimos fueron suplantados y nunca ofrecieron sus inmuebles en venta. Asimismo, los implicados coordinaban citas con las víctimas en notarías previamente seleccionadas para formalizar los negocios ilícitos y recibían importantes sumas de dinero. Posteriormente, cortaban toda comunicación con los afectados. De esta manera, habrían obtenido de forma fraudulenta más de $500 millones.

Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público.

Durante las audiencias concentradas, Navarrete Sarabia aceptó los cargos imputados. Por su parte, Guerrero López no aceptó su responsabilidad. Por disposición de un juez de control de garantías, a la mujer le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario y al hombre en lugar de residencia.

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