Gobierno prepara ley de sometimiento para grupos armados ilegales en Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la elaboración de una ley de sometimiento o acogimiento dirigida a integrantes de grupos armados ilegales, un mecanismo que establecerá las condiciones bajo las cuales podrán abandonar las actividades ilícitas y someterse a la justicia, sin que el proceso implique negociaciones políticas, impunidad o reducciones desproporcionadas de las sanciones.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que la iniciativa se encuentra en construcción y que el Ejecutivo espera tener durante las próximas dos semanas una primera muestra de cómo funcionaría su aplicación. La propuesta busca definir las reglas jurídicas para quienes decidan abandonar las estructuras ilegales y acogerse a las condiciones establecidas por el Estado.

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La elaboración del proyecto se adelanta de manera articulada entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, con la participación de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Dentro de los procesos que actualmente son objeto de revisión se encuentran los relacionados con estructuras como los Comandos de la Frontera.

Cancino explicó que el modelo que prepara el Gobierno tendrá como punto de partida el sometimiento a la legislación colombiana y descartó que los integrantes de las organizaciones armadas puedan participar en negociaciones prolongadas o intervenir en la definición de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso.

“No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, afirmó el ministro al referirse a los límites que tendrá el mecanismo.

Según lo planteado por el titular de la cartera de Justicia, los miembros de los grupos armados ilegales que manifiesten su intención de acogerse al procedimiento tendrán que decidir si aceptan o rechazan las condiciones establecidas por el Estado. La propuesta no contempla que estas organizaciones tengan capacidad para negociar los términos jurídicos del sometimiento.

“Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, señaló Cancino.

El proyecto contempla la posibilidad de establecer un tratamiento diferenciado para quienes abandonen las actividades ilegales y decidan acogerse a la justicia. Sin embargo, el ministro sostuvo que cualquier beneficio deberá mantenerse dentro de los límites definidos por la legislación y no podrá convertirse en una vía para evitar las responsabilidades derivadas de los delitos cometidos.

“Ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación”, manifestó el funcionario.

La discusión jurídica también incluye la situación de la Ley 418, norma que contempla, entre otros aspectos, mecanismos de protección para testigos y cuya vigencia termina en noviembre. De acuerdo con Cancino, el Gobierno analiza las alternativas jurídicas necesarias para prorrogarla y mantener los instrumentos previstos en esa legislación.

La iniciativa de sometimiento deberá surtir el trámite correspondiente ante el Congreso de la República. Además, tendrá que ser discutida en el Consejo Superior de Política Criminal, instancia encargada de examinar asuntos relacionados con la formulación y ejecución de la política criminal del Estado.

Mientras se desarrolla ese procedimiento, el Gobierno trabaja en la definición de los instrumentos jurídicos que permitirán poner en marcha los primeros procesos de sometimiento. La intención es contar con un esquema en el que los integrantes de las estructuras armadas ilegales puedan acogerse a la justicia bajo condiciones previamente determinadas y asumir las consecuencias establecidas en la ley.

El mecanismo planteado por el Ejecutivo establece así una diferencia entre el sometimiento a la justicia y una negociación con los grupos armados. De acuerdo con lo explicado por Cancino, las organizaciones que decidan acogerse no tendrán un espacio para negociar las condiciones, sino que deberán aceptar el marco que determine el Estado y decidir si ingresan o no al procedimiento.

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