Denuncia de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro llega a la Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por la presunta entrega de contratos y cargos en entidades del Estado a cambio de favores sexuales.

El expediente fue asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien tendrá a su cargo la revisión de los hechos denunciados y las actuaciones judiciales correspondientes.

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La decisión se conoció este martes, después de las declaraciones de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien aseguró que durante varios años existió un supuesto mecanismo mediante el cual mujeres obtenían vinculaciones contractuales con entidades públicas a cambio de mantener encuentros sexuales con el entonces senador y posteriormente presidente de la República, Gustavo Petro.

El caso llegó a la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción y fue sometido al procedimiento de reparto entre los magistrados que integran esa dependencia judicial.

Como resultado, Fonseca Alvarado recibió el expediente para examinar los señalamientos relacionados con hechos que presuntamente ocurrieron durante el periodo en el que Petro ejerció como congresista.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, explicó que las denuncias correspondientes a la etapa legislativa del exmandatario son competencia de la Sala Especial de Instrucción.

También precisó que el magistrado asignado determinará, de acuerdo con los elementos disponibles, si procede ampliar la denuncia, recibir declaraciones o adoptar otras decisiones procesales.

Fonseca Alvarado fue elegido magistrado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 17 de septiembre de 2026 y tomó posesión de su cargo el 14 de octubre. El abogado penalista y académico forma parte de los nuevos integrantes de la Sala Especial de Instrucción, encargada de conocer los procesos relacionados con congresistas y determinados hechos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

La denuncia tiene su origen en las declaraciones de Jiménez, quien aseguró haber conocido a Petro en 2019, cuando este se desempeñaba como senador. Según su testimonio, el contacto se produjo mediante una plataforma para adultos y posteriormente se habría desarrollado una relación en la que, de acuerdo con su versión, se ofrecían oportunidades de contratación estatal.

Jiménez sostuvo que el supuesto mecanismo involucraba a un grupo de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos en distintas entidades públicas. La denunciante afirmó que esas vinculaciones estarían relacionadas con encuentros sexuales, acompañamiento en reuniones privadas y otras exigencias atribuidas al exmandatario.

Entre las instituciones mencionadas aparecen el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dependencias relacionadas con la Presidencia de la República.

Uno de los episodios denunciados involucra directamente a María José Pizarro, quien ocupó la primera vicepresidencia del Senado y contó con la participación de Jiménez en actividades relacionadas con su despacho.

La mujer aseguró que recibió un contrato por aproximadamente 34 millones de pesos para prestar servicios de apoyo a la gestión de la primera vicepresidencia del Senado. Según su declaración, entre las actividades asignadas figuraban asuntos relacionados con casos de violencia sexual.

Jiménez afirmó que su llegada al equipo de Pizarro se produjo por recomendación de Gustavo Petro y vinculó esa contratación con los supuestos beneficios que, según su testimonio, recibían algunas mujeres que mantenían encuentros sexuales con el entonces dirigente político.

En relación con la trayectoria contractual de la denunciante, una revisión de registros del Portal Anticorrupción de Colombia, administrado por la Secretaría de Transparencia, identificó diez contratos asociados a Jiménez entre 2021 y 2026.

De acuerdo con esa revisión, siete vinculaciones corresponden a entidades relacionadas con el Congreso de la República, dos al Ministerio del Interior y una a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Entre los registros figura un contrato suscrito con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por 30.457.000 pesos, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 31 de diciembre del mismo año.

El objeto contractual está relacionado con actividades de apoyo para consolidar informes de seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados mediante recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), mecanismo destinado a respaldar iniciativas de seguridad ciudadana y convivencia.

Por su parte, María José Pizarro rechazó públicamente las acusaciones y defendió su trayectoria política en asuntos relacionados con los derechos de las mujeres.

La excongresista calificó las afirmaciones en su contra como “señalamientos sin fundamentos” y sostuvo que obedecen a una estrategia encaminada a apartarla de la actividad política.

Pizarro también manifestó que nunca avalaría las conductas insinuadas en las denuncias y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres. En su respuesta aseguró que ese compromiso “no se negocia”.

Además, cuestionó el tratamiento periodístico de las declaraciones de Jiménez y utilizó la expresión “prensa amarillista y mercenaria” para referirse a los medios que difundieron las acusaciones.

Gustavo Petro, por su parte, ha rechazado los señalamientos sobre la supuesta entrega irregular de contratos públicos y ha negado haber cometido delitos relacionados con los hechos denunciados.

Las actuaciones judiciales también comprenden la intervención de otras instituciones del Estado. La Fiscalía General de la Nación confirmó la existencia de una noticia criminal relacionada con posibles irregularidades en la contratación pública durante el anterior gobierno.

Según informó el ente acusador, las diligencias están a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado. Entre las actuaciones anunciadas figura la recepción de declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Laura Sarabia, quien ocupó diferentes cargos durante la administración Petro.

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