Crisis en la Fiscalía: decisiones internas afectan investigaciones más de 30.000 procesos en riesgo

Las unidades Gaula de la Fiscalía General de la Nación enfrentan una acumulación de procesos y cambios administrativos que han incidido en el curso de investigaciones relacionadas con extorsión y secuestro.

Funcionarios del ente acusador advierten que decisiones recientes han derivado en el archivo de múltiples denuncias, en medio de un intento institucional por reorganizar la carga laboral y redefinir competencias.

De acuerdo con testimonios recogidos entre fiscales e investigadores por Semana, el volumen de casos que llega a estas unidades supera la capacidad operativa disponible.

Las denuncias incluyen desde llamadas intimidatorias hasta exigencias económicas para permitir el desarrollo de actividades comerciales, así como amenazas vinculadas con la difusión de información personal.

En este contexto, las víctimas esperan una respuesta institucional que, en varios casos, no se ha materializado debido a decisiones de archivo adoptadas como mecanismo de gestión interna.

Funcionarios consultados señalan que parte de los expedientes que ingresan a los despachos no corresponden a la competencia de las unidades Gaula, lo que obliga a su remisión o archivo.

A esto se suman procesos antiguos, algunos sin actuaciones durante varios años, que también han sido objeto de cierre.

Según indicaron fiscales, esta situación genera dificultades cuando las víctimas solicitan información sobre el avance de sus casos y encuentran que no se realizaron diligencias.

El origen de la situación se vincula con dos resoluciones emitidas por la Fiscalía en el segundo semestre de 2025.

La primera, suscrita en octubre de ese año por la fiscal general Luz Adriana Camargo, dispuso el traslado de fiscales especializados desde distintas seccionales hacia la Delegada contra la Criminalidad Organizada, con sede en Bogotá.

Esta medida implicó la reasignación de un número significativo de expedientes hacia un grupo reducido de funcionarios.

Fiscales consultados indican que, como consecuencia de esta decisión, se concentraron más de 700 carpetas en los despachos de los fiscales especializados.

Además de asumir esas investigaciones, estos funcionarios deben atender audiencias judiciales y continuar recibiendo nuevas denuncias, sin contar en todos los casos con apoyo suficiente de policía judicial.

La resolución también partió del supuesto de que una proporción relevante de los casos de extorsión y secuestro está vinculada con organizaciones criminales, lo que justificaría su abordaje de manera estructurada.

Sin embargo, fuentes internas señalan que una parte considerable de estos delitos corresponde a grupos de menor escala o a actores individuales, lo que plantea interrogantes sobre la pertinencia de dicha clasificación general.

En paralelo, los procesos que no fueron considerados dentro de la categoría de criminalidad organizada quedaron en manos de fiscales seccionales.

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Esto implicó que funcionarios dedicados a otras materias, como violencia intrafamiliar, asumieran investigaciones por extorsión, lo que incidió en la distribución del trabajo y en los tiempos de respuesta.

Posteriormente, una segunda resolución expedida dos meses después introdujo nuevos ajustes en la organización interna.

Según los fiscales, esta decisión generó duplicidad en la asignación de casos, al disponer que distintas dependencias asumieran investigaciones sobre los mismos fenómenos delictivos.

Con esta nueva disposición, más de 30.000 expedientes de las seccionales pasarían a integrarse en la dinámica de trabajo de las unidades encargadas, lo que incrementó la carga para los funcionarios.

A ello se suma la necesidad de reactivar procesos antiguos y preparar actuaciones judiciales, en simultáneo con la recepción de nuevas denuncias.

Algunos fiscales han cuestionado la falta de continuidad en las decisiones administrativas y proponen mantener el esquema previo, en el que las unidades Gaula adelantaban las etapas iniciales de investigación y otros fiscales asumían las fases judiciales, de acuerdo con la competencia asignada.

A la carga de trabajo se agregan limitaciones en recursos logísticos. Investigadores han advertido sobre la reducción de medios de transporte, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las labores investigativas, lo que incide en la capacidad de respuesta frente a los casos.

Las consecuencias de esta situación se reflejan en las experiencias de las víctimas. Algunas han señalado que sus denuncias no registran avances o fueron archivadas sin notificación previa, mientras continúan siendo objeto de exigencias económicas y amenazas.

Testimonios recogidos en Bogotá y Cundinamarca dan cuenta de la persistencia de estas conductas delictivas y de la percepción de ausencia institucional.

Comerciantes afectados han indicado que, incluso tras el cierre de sus negocios, continúan recibiendo mensajes y presiones por parte de quienes realizan las exigencias.

La situación también ha sido objeto de pronunciamientos por parte de organizaciones sindicales.

En una comunicación dirigida a la fiscal general, Asonal advirtió que la acumulación de funciones —que incluye la participación en audiencias y la conducción de investigaciones— puede afectar el desarrollo de las indagaciones y la coordinación con entidades como el CTI, la Policía y las Fuerzas Militares.

A esto se suma la inconformidad de funcionarios de la Fiscalía que han señalado que la fiscal general trabaja poco, no hay autoridad en la entidad y su gestión es pobre, incluso muy por debajo de otros fiscales generales que han pasado por la institución.

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