Colombia registra 35 masacres en el primer trimestre de 2026, la cifra más alta desde 2020

Colombia terminó marzo de 2026 con un balance alarmante de 35 masacres, de acuerdo con Indepaz. El conteo público verificable muestra una escalada sostenida durante el trimestre: el observatorio de esa organización llevaba 21 masacres con 91 víctimas al 28 de febrero, luego 33 casos al 23 de marzo y, para el 26 de marzo, medios que citaron a Indepaz registraban ya la masacre número 35 del año.

El dato coincide con la pieza gráfica compartida, elaborada por Rutas del Conflicto con fuente en Indepaz.

Indepaz define masacre como el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, por un mismo autor y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Bajo ese criterio, el año comenzó con una secuencia de hechos en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Valle del Cauca, Meta, Nariño, Atlántico, Córdoba, Huila, Tolima y Caldas, entre otros territorios.

El registro consultado muestra, por ejemplo, la primera masacre del año en Santander de Quilichao el 3 de enero; una de 26 víctimas en El Retorno, Guaviare, el 16 de enero; y una sucesión de casos en zonas urbanas y rurales durante enero y febrero.

El salto de 21 casos al cierre de febrero a 35 antes de terminar marzo indica que el mes agregó, en cuestión de semanas, por lo menos 14 nuevas masacres al panorama nacional.

Esa aceleración fue advertida por el director de Indepaz, Leonardo González, quien sostuvo que el fenómeno no solo persiste en corredores históricos del conflicto, sino que también se ha extendido a entornos urbanos, en una lógica de “gobernanza armada” y disputa entre estructuras ilegales por rentas criminales.

Entre los factores señalados por Indepaz aparecen el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de migrantes, la deforestación y los vacíos institucionales en amplias regiones del país.

La masacre que llevó el registro a 35 ocurrió el 26 de marzo en límites de Popayán y Cajibío, Cauca, donde fueron hallados tres cuerpos dentro de un vehículo incinerado.

El reporte señala que, además de la brutalidad del hallazgo, las autoridades enfrentaban dificultades para el levantamiento de los cadáveres por la presencia de actores armados en la zona.

Indepaz recordó en ese caso que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas sobre riesgos en el municipio de Cajibío, entre ellos restricciones a la movilidad y presión de grupos armados sobre la población civil.

Aunque la base pública de Indepaz accesible en la web aún aparecía actualizada solo hasta el 28 de febrero, la comparación histórica de sus listados permite dimensionar la gravedad del trimestre de 2026.

Al revisar los registros del mismo observatorio para el cierre de marzo, se encuentran 17 masacres en el primer trimestre de 2020, 23 en 2021, al menos 31 en 2022, 25 en 2023, 18 en 2024 y 16 en 2025. Bajo esa serie, los 35 casos de 2026 se ubican como el peor arranque de año dentro del periodo revisado.

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Los balances anuales de Indepaz muestran que Colombia cerró 2025 con 78 masacres y 256 víctimas, 2024 con 76 masacres y 267 víctimas, 2023 con 93 masacres y 300 víctimas, 2022 con 94 masacres y 300 víctimas, 2021 con 96 masacres y 338 víctimas y 2020 con 91 masacres y 381 personas asesinadas.

Es decir, aunque los totales anuales han oscilado, la masacre sigue siendo una modalidad persistente de violencia colectiva en el país, sin que los registros hayan vuelto a niveles previos a la reconfiguración armada posterior a la firma del Acuerdo de Paz.

El trasfondo humanitario ayuda a explicar por qué estos crímenes siguen ocurriendo.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió en febrero de 2025 que los grupos armados y organizaciones criminales continúan usando la violencia para ejercer control sobre la población, proteger intereses económicos y debilitar la gobernabilidad local, con impactos desproporcionados sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.

En ese mismo informe, la ONU verificó 252 personas asesinadas en 72 masacres durante 2024 y reportó además el reclutamiento de 216 niños y niñas por grupos armados no estatales.

La propia ONU puso como ejemplo la crisis del Catatumbo, donde señaló que la escalada de combates desde mediados de enero dejó más de 52 personas asesinadas y decenas de miles de desplazados.

A eso se suma el panorama descrito por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), según la cual en 2025 la violencia y el conflicto afectaron al menos a 1,6 millones de personas en Colombia, tres veces más que en 2024, con la emergencia del Catatumbo como la más grave desde 2016.

Ese contexto sugiere que las masacres del primer trimestre de 2026 no son únicamente episodios locales: forman parte de una crisis humanitaria más amplia, marcada por confrontaciones armadas, desplazamientos, confinamientos y control territorial.

Las advertencias institucionales tampoco eran inexistentes. El sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registraba, en enero y febrero de 2026, reportes de riesgo por incremento de violencia homicida, desplazamientos forzados y posibles confrontaciones bélicas en distintos puntos del país, como El Roble (Sucre) y municipios de Cesar y Norte de Santander.

El 31 de marzo, la propia Defensoría volvió a alertar por el aumento de homicidios y violencia armada en Buenaventura, uno de los puntos neurálgicos del Pacífico, donde confluyen economías ilegales, corredores marítimos y estructuras criminales en disputa.

En la práctica, la geografía del trimestre muestra dos rasgos simultáneos. El primero es la persistencia de los territorios clásicos del conflicto armado, como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño o Guaviare.

El segundo es la expansión de esta violencia a zonas urbanas y periurbanas, como Barranquilla y su área metropolitana, Cúcuta, Riohacha o Popayán, donde confluyen redes de sicariato, disputas entre bandas y organizaciones armadas con capacidad de control local.

Esa mezcla vuelve más compleja la respuesta estatal: no basta con militarizar corredores rurales si la violencia también se recicla en puertos, capitales departamentales y cinturones metropolitanos.

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