Aseguradoras privadas rechazaron contrato de pasaportes en Colombia: estos los riesgos que detectaron

La entrada en operación del nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia ha puesto en evidencia una serie de tensiones institucionales, financieras y contractuales, tras confirmarse que varias aseguradoras privadas decidieron no asumir los riesgos asociados al proyecto liderado por el Gobierno nacional.

Desde la fecha de inicio del modelo, el Estado colombiano asumió de manera directa la producción, personalización y entrega de los pasaportes. Este cambio implica una modificación estructural frente al esquema anterior, en el que participaban operadores privados.

Según lo anunciado por el Gobierno, la impresión del documento se realiza actualmente en la Casa de la Moneda de Portugal, con la proyección de que, en un plazo estimado de diez años, la Imprenta Nacional de Colombia asuma la totalidad del proceso.

No obstante, durante el desarrollo del proyecto surgieron dificultades relacionadas con el aseguramiento del contrato.

En una intervención pública, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, informó que ninguna compañía aseguradora del sector privado aceptó respaldar el proceso.

De acuerdo con su explicación, esta situación representó uno de los principales obstáculos en la fase de implementación, aunque aseguró que el proyecto cuenta en la actualidad con los requisitos exigidos, incluidas las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil.

El rechazo por parte de las aseguradoras se produjo en un contexto en el que las condiciones iniciales del contrato contemplaban un alto nivel de cobertura.

Las exigencias incluían una póliza por un valor cercano a los 120.493 millones de pesos, con porcentajes destinados a diferentes tipos de amparo, entre ellos un 20 % para riesgos generales y un 5 % para obligaciones laborales, además de otros componentes asociados a prestaciones sociales e indemnizaciones.

Empresas como Mapfre, Mundial y Seguros del Estado habrían evaluado estas condiciones sin encontrar viabilidad para asumir el riesgo.

Posteriormente, las garantías fueron objeto de ajustes en al menos dos ocasiones, con el fin de reducir el valor asegurado y facilitar la participación de una aseguradora estatal.

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Como resultado de estas modificaciones, el monto habría disminuido hasta aproximadamente 37.000 millones de pesos, lo que representa una reducción significativa en un periodo cercano a dos meses.

La cobertura final fue asumida por La Previsora S. A., entidad de carácter público, lo que permitió dar continuidad al proceso.

Sin embargo, las razones que habrían motivado la negativa de las aseguradoras privadas no se limitan únicamente a las condiciones económicas.

Informes preliminares indican que también influyeron factores relacionados con la experiencia operativa de la Imprenta Nacional en este tipo de proyectos y la magnitud del contrato.
Paralelamente, el modelo ha sido objeto de revisión por parte de organismos de control.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación con el propósito de evaluar la legalidad del proceso, en particular frente a los mecanismos de selección utilizados y las condiciones de adjudicación.

Según el ente de control, existirían cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento, así como posibles deficiencias en la planeación y en los estudios técnicos que sustentaron la contratación.

Dentro de las líneas de investigación, la Procuraduría también analiza la eventual utilización de vigencias futuras de carácter excepcional que podrían extenderse más allá del periodo del actual Gobierno.

Adicionalmente, se revisa la disponibilidad presupuestal para distintos componentes del convenio y la conformación de la junta directiva de la Imprenta Nacional.

En el curso de estas actuaciones, el Ministerio Público solicitó la suspensión del nuevo esquema ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.

No obstante, el Gobierno nacional se opuso a dicha medida, argumentando que el contrato involucra un componente internacional que debería ser evaluado por instancias con competencia en ese ámbito.

Esta posición fue controvertida por la Procuraduría, que sostuvo que la Casa de la Moneda de Portugal no constituye un organismo internacional en sentido estricto, sino una empresa.

Este aspecto tendría implicaciones en la forma en que se estructuró el contrato, especialmente en lo relacionado con pagos en moneda extranjera y en la participación de la Imprenta Nacional como intermediaria entre la entidad portuguesa y la Cancillería colombiana.

El ente de control también evalúa si se habrían omitido disposiciones legales aplicables a la contratación con entidades internacionales, particularmente en lo referente a la proporción de los aportes.

Según lo señalado, la contribución de la parte portuguesa sería inferior al 50 % del valor total del convenio, lo que podría incidir en la normatividad aplicable.

A pesar de estas investigaciones, tanto la Imprenta Nacional como el Ministerio de Relaciones Exteriores han insistido en que el proceso continúa su curso sin interrupciones.

Desde ambas entidades se ha reiterado que las actuaciones de la Procuraduría se encuentran en una fase preliminar y que no constituyen una decisión de fondo sobre la legalidad del modelo.

En comunicados oficiales, el Ministerio Público ha confirmado que las indagaciones no implican, en esta etapa, conclusiones desfavorables para las entidades involucradas, ni para el Fondo Rotatorio encargado de la ejecución del proyecto.

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