Corte Suprema confirma condena a juez por apropiación de $1.779 millones, recursos públicos, mediante tutelas

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una sentencia condenatoria contra un exjuez de la República, al confirmar la responsabilidad penal por actuaciones relacionadas con el uso irregular de acciones de tutela que derivaron en la apropiación de recursos públicos.

La decisión ratificó una pena de 100 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en un caso que involucró la expedición de múltiples fallos judiciales contrarios al ordenamiento jurídico.

De acuerdo con lo establecido por el alto tribunal, el exfuncionario judicial tramitó y resolvió al menos 40 acciones de tutela mediante las cuales ordenó medidas que afectaron directamente el patrimonio de una entidad territorial.

Estas decisiones permitieron el traslado de aproximadamente 1.779 millones de pesos a particulares, quienes accedieron a dichos recursos en virtud de órdenes emitidas sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

En el análisis del caso, la Corte determinó que las providencias proferidas desconocieron de manera directa disposiciones constitucionales y legales que regulan la destinación y protección de los recursos públicos.

En particular, se estableció que no era procedente ordenar embargos ni secuestros de dineros estatales a través de acciones de tutela, debido a la vigencia del principio de inembargabilidad del erario y al carácter subsidiario de este mecanismo constitucional.

Este último exige que la tutela solo proceda cuando no exista otro medio judicial idóneo, condición que no se cumplía en los asuntos evaluados.

El fallo también evidenció que el entonces juez no ofreció una argumentación suficiente que justificara su apartamiento de estos criterios jurídicos.

La ausencia de motivación en las decisiones fue considerada un elemento relevante para acreditar la configuración del delito de prevaricato por acción, al tratarse de resoluciones adoptadas en contravía de normas claras y aplicables al caso.

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En cuanto al origen de las obligaciones cuya ejecución fue ordenada, se estableció que correspondían a títulos ejecutivos derivados de relaciones contractuales celebradas por la entidad territorial.

Dichos títulos estaban respaldados en actos administrativos que contenían obligaciones definidas en términos claros, expresos y exigibles.

En consecuencia, la competencia para conocer de los procesos ejecutivos recaía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, ámbito en el cual actuó el procesado.

La Corte concluyó que existió una relación funcional entre las decisiones judiciales adoptadas y el resultado final de apropiación de recursos públicos.

En este sentido, el delito de prevaricato fue identificado como el medio empleado para alcanzar el resultado material, que se concretó en el detrimento del patrimonio estatal mediante el delito de peculado por apropiación.

Esta relación fue sustentada en diversos elementos de contexto que evidenciaron una actuación orientada a producir efectos contrarios a la ley.

El análisis probatorio permitió establecer que el exjuez, pese a carecer de competencia para intervenir en los asuntos, emitió órdenes de embargo y secuestro de recursos públicos, libró mandamientos de pago, aprobó liquidaciones y dispuso la entrega de títulos judiciales a los accionantes.

Estas actuaciones se desarrollaron tanto en el marco de acciones de tutela como en procesos ejecutivos, y en la mayoría de los casos produjeron efectos concretos en la transferencia de dineros públicos.

Con la decisión, la Corte Suprema de Justicia confirmó en su integridad la sentencia condenatoria previamente impuesta, dejando en firme la sanción privativa de la libertad y la declaración de responsabilidad penal del exfuncionario por su intervención en los hechos. El fallo fue adoptado con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito.

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