Corte Suprema inspecciona Comisión de Acusaciones por procesos contra Petro

Funcionarios de policía judicial, enviados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, realizaron una inspección en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para indagar el avance de los procesos que se siguen contra el presidente Gustavo Petro.

La diligencia se concentra especialmente en el caso por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022. La actuación fue ordenada dentro de un proceso que adelanta el despacho de la magistrada Cristina Lombana, tras una denuncia que advierte posibles manipulaciones y dilaciones en la investigación.

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En ese contexto, Lombana investiga el actuar del denominado “triunvirato” de representantes encargados del caso: Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta. La magistrada ha insistido en obtener el expediente completo para evaluar si existen obstáculos procesales que hayan frenado el avance de las indagaciones.

Los antecedentes del caso se remontan a noviembre del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente por superar los límites de financiación permitidos en la contienda electoral. En esa decisión también se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar a Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña y será imputado el próximo 8 de mayo.

En el caso del presidente Petro, su condición de aforado establece que su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia que ahora es objeto de verificación por parte de la Corte Suprema.

Adicionalmente, en octubre pasado la Corte Suprema compulsó copias por una presunta violación de topes en la campaña de la consulta interpartidista. Según la investigación, habría un desfase cercano a $1.215 millones relacionado con facturas de transporte aéreo que, presuntamente, fueron presentadas como gastos de la campaña al Senado y no de la presidencial.

De acuerdo con los datos analizados, la campaña a la consulta interna del entonces precandidato Petro reportó gastos por $8.717 millones ante el Consejo Nacional Electoral. Dentro de ese monto se incluyó un gasto de transporte aéreo por $1.109 millones con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.; sin embargo, la Corte sostiene que el valor real habría ascendido a 2.324 millones.

La inspección busca establecer si las investigaciones han avanzado conforme a la ley o si, por el contrario, se han presentado irregularidades que puedan comprometer el trámite de los procesos contra el mandatario.

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