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¿Quién es Cristiano Zanin, el juez que amplió la votación en Brasil y fue abogado de Lula?
Un jurista que está en el ojo del huracán tras las elecciones que ganó el presidente de Brasil para un cuarto periodo.
Cristiano Zanin Martins, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este domingo 25 de octubre ampliar hasta las 7:00 de la noche la jornada de votación de la segunda vuelta presidencial, inicialmente programada para finalizar a las 5:00 de la tarde.
La determinación del magistrado, quien durante varios años fue abogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provocó una controversia por sus antecedentes profesionales, su relación con el mandatario y las dificultades que surgieron para aplicar la medida cuando numerosas mesas electorales ya habían cerrado.
La decisión respondió a una solicitud presentada por la campaña de Lula, que denunció restricciones en el servicio de transporte público en distintas ciudades brasileñas. Según la petición, las dificultades de movilidad habían impedido que algunos ciudadanos llegaran oportunamente a sus puestos de votación.
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Zanin consideró graves los hechos expuestos y dispuso prolongar durante dos horas el tiempo disponible para sufragar. La orden debía ser ejecutada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo encargado de administrar los comicios.
Sin embargo, la decisión fue comunicada cuando el cierre de las urnas ya se encontraba en marcha. Ante las dificultades para reabrir los equipos electrónicos, el magistrado emitió una aclaración y estableció que la ampliación únicamente se aplicaría en las mesas que todavía permanecieran abiertas. Los votos depositados en las urnas cerradas continuarían su proceso de contabilización.
La controversia adquirió una dimensión política por la relación de Zanin con Lula y los cuestionamientos del candidato opositor Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El vínculo entre el magistrado y el mandatario brasileño se remonta a los procesos judiciales que enfrentó Lula durante la operación Lava Jato, cuando Zanin asumió su defensa.
También existe un elemento adicional en el desarrollo de los acontecimientos: las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro presentaron solicitudes para ampliar el horario de votación debido a dificultades de desplazamiento de los electores, aunque acudieron a instancias judiciales distintas y plantearon alcances diferentes para sus peticiones.
Cristiano Zanin nació el 15 de noviembre de 1975 en Piracicaba, municipio del estado de São Paulo. Se graduó como abogado en 1999 en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el litigio empresarial, civil y penal.
Antes de llegar al Supremo Tribunal Federal, ejerció durante más de dos décadas como abogado. Su experiencia incluyó procesos de recuperación judicial de empresas, controversias comerciales y litigios de repercusión nacional. Entre los asuntos en los que participó figuran procedimientos relacionados con la aerolínea Varig, la quiebra de Transbrasil y la recuperación judicial de Lojas Americanas.
También ejerció como profesor de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil y participó en actuaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Su esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, también es abogada y ambos desarrollaron actividades profesionales en el ámbito jurídico brasileño.
Su reconocimiento nacional aumentó durante la operación Lava Jato, investigación judicial sobre corrupción, lavado de dinero y contratación pública que involucró a empresarios, dirigentes políticos y funcionarios de Brasil.
Zanin integró el equipo jurídico que defendió a Lula frente a las acusaciones formuladas durante ese proceso. El expresidente había sido condenado en causas relacionadas con presuntos beneficios recibidos de empresas constructoras y permaneció encarcelado entre abril de 2018 y noviembre de 2019.
La defensa de Lula cuestionó la competencia del juzgado de Curitiba para conocer determinados procesos y la imparcialidad del entonces juez federal Sérgio Moro, quien había dictado una de las condenas contra el dirigente del Partido de los Trabajadores.
En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas de Lula dictadas por la justicia federal de Curitiba al determinar que ese juzgado carecía de competencia para tramitar los respectivos procesos. En otra decisión, el tribunal reconoció la parcialidad de Moro en el caso del apartamento tríplex de Guarujá.
Estas decisiones constituyeron resultados judiciales relevantes para la estrategia de defensa desarrollada por Zanin y otros abogados. La anulación de las condenas permitió que Lula recuperara sus derechos políticos y pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2022, en las que derrotó a Jair Bolsonaro.
La relación profesional entre Lula y Zanin continuó siendo un asunto de debate público cuando el dirigente del Partido de los Trabajadores regresó a la Presidencia de Brasil.
El 1.º de junio de 2023, Lula anunció la postulación de su antiguo abogado para ocupar una vacante en el Supremo Tribunal Federal, generada por la jubilación del magistrado Ricardo Lewandowski.
La designación abrió una discusión sobre la independencia judicial debido a que el candidato había representado personalmente al presidente en procesos penales de gran repercusión.
El nombramiento fue sometido al procedimiento constitucional correspondiente. Zanin compareció ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y posteriormente recibió la aprobación del pleno de esa corporación.
El 21 de junio de 2023, el Senado aprobó su designación con 58 votos favorables y 18 contrarios. El decreto presidencial de nombramiento fue publicado el 5 de julio y el nuevo magistrado tomó posesión el 3 de agosto de ese año.
Desde entonces, Zanin integra el máximo tribunal brasileño, organismo que ejerce funciones de control constitucional y conoce procesos relacionados con las principales autoridades del Estado.
Su llegada al Supremo estuvo acompañada de cuestionamientos por el vínculo profesional con Lula, pero también por las posiciones jurídicas que comenzó a adoptar en asuntos relacionados con derechos fundamentales, legislación penal y decisiones del Gobierno.
Una de sus primeras controversias ocurrió en agosto de 2023, cuando votó en contra de ampliar el reconocimiento de la homofobia y la transfobia como modalidades del delito de injuria racial.
El tribunal aprobó esa interpretación por nueve votos contra uno. Zanin sostuvo que la ampliación propuesta no correspondía al objeto original del proceso judicial que había llevado al Supremo a equiparar determinadas conductas discriminatorias con el delito de racismo.
Su posición generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos de la población homosexual y de sectores políticos cercanos al Partido de los Trabajadores.
Durante sus primeros meses en el tribunal también se distanció de posiciones defendidas por integrantes del oficialismo en el debate sobre la despenalización de la posesión de drogas para consumo personal.
Zanin se manifestó en contra de la despenalización en los términos discutidos por el tribunal, una postura que recibió cuestionamientos de sectores progresistas y coincidió parcialmente con posiciones de grupos conservadores.
Estos pronunciamientos se produjeron después de su nombramiento por Lula y formaron parte de las primeras decisiones que marcaron su trayectoria como magistrado.
En materia económica, Zanin también intervino en procesos relacionados con las políticas fiscales del Gobierno brasileño.
En abril de 2024, suspendió disposiciones que prorrogaban beneficios tributarios sobre las nóminas de determinados sectores empresariales y municipios. La medida se produjo dentro de una controversia entre el Gobierno y el Congreso sobre el impacto presupuestario de las exenciones.
La decisión favoreció la posición fiscal defendida por el Ejecutivo, que había cuestionado la ausencia de mecanismos suficientes para compensar la reducción de ingresos públicos.
Durante su primer año en el Supremo, el magistrado también participó en procesos relacionados con la figura del juez de garantías, el tratamiento de datos personales y otras controversias constitucionales.
El propio STF destacó, en su balance institucional de agosto de 2024, su participación en decisiones sobre exenciones tributarias y herramientas de seguimiento de contenidos personales.
La relación entre Zanin y Lula volvió a convertirse en motivo de confrontación política durante la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre de 2026, cuando el magistrado recibió la solicitud de ampliar el horario electoral.
La controversia se produjo en una jornada en la que ciudadanos de varias localidades denunciaron dificultades para utilizar el transporte colectivo. En ciudades de Bahía y São Paulo se reportaron problemas de movilidad que motivaron solicitudes de intervención de la justicia electoral.
La campaña de Lula pidió una ampliación de dos horas para la votación. La candidatura de Flávio Bolsonaro también solicitó una prórroga ante el Tribunal Superior Electoral para determinadas localidades afectadas por problemas de transporte y condiciones meteorológicas.
La orden de Zanin, emitida cerca del cierre previsto para las 5:00 de la tarde, produjo dificultades operativas porque varias mesas ya habían finalizado sus actividades y las urnas electrónicas habían sido cerradas.
El Tribunal Superior Electoral, presidido por el magistrado Kassio Nunes Marques, tuvo que examinar la aplicación de la determinación. Posteriormente, Zanin precisó que la extensión únicamente operaría en los lugares donde las urnas continuaban abiertas.
En las mesas que habían terminado la recepción de votos, el escrutinio debía continuar conforme a los procedimientos establecidos.
La ampliación y las posteriores aclaraciones del magistrado estuvieron entre los hechos que marcaron el cierre de la jornada electoral brasileña.
Tras conocerse la victoria de Lula, Flávio Bolsonaro anunció que no reconocería el resultado y que acudiría a la justicia para solicitar la anulación de los comicios.
Durante una declaración ante periodistas en Brasilia, el candidato opositor cuestionó que un antiguo abogado del presidente hubiera adoptado una decisión sobre el horario electoral en el momento en que estaba finalizando la votación.
Bolsonaro acusó al magistrado de modificar las condiciones de la jornada electoral y afirmó que la determinación había afectado la igualdad de los votantes de distintas ciudades.
También sostuvo que la orden había sido adoptada a solicitud de un antiguo socio profesional de Zanin, en referencia a los vínculos del magistrado con el equipo jurídico de Lula.
El candidato utilizó la expresión “amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal” para cuestionar la actuación judicial y justificar su negativa a reconocer los resultados.
La acusación de favorecimiento político corresponde a los señalamientos formulados por Flávio Bolsonaro. La relación profesional previa entre Zanin y Lula, así como el nombramiento del magistrado por parte del presidente, son hechos documentados en los registros oficiales del Supremo Tribunal Federal y del Senado brasileño.
En su declaración, Bolsonaro insistió en que la ampliación había modificado las reglas durante la propia votación y anunció que su equipo jurídico presentaría las actuaciones correspondientes para controvertir el resultado electoral.
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