Contraloría alerta por más de 6.000 contratos directos por más de $2 billones tras entrada de la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República, a través de su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), alertó sobre la suscripción de 6.292 contratos directos por más de $2 billones en sectores que no estarían exceptuados, luego de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, norma que restringe la contratación directa por parte de entidades estatales hasta el final del proceso electoral.

De acuerdo con el informe, la Ley contempla excepciones únicamente para los sectores de salud, defensa y seguridad, así como para contratos cuyo objeto esté relacionado con situaciones de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito. En total, el organismo analizó 25.685 contratos por un valor de $2,8 billones.

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Como resultado del seguimiento, se identificó que entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026 se firmaron 6.292 contratos directos por más de $2 billones. Los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos reportados tras la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y que no tendrían excepción.

Sobre estos hallazgos, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseguró que “la vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen”.

Durante su intervención en el foro ‘Garantías Electorales, un diálogo con las regiones’, el funcionario señaló que el reto del ente de control es asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de equidad, seguridad y confianza. En ese contexto, la Contraloría implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, herramienta con la que se analiza información y se realiza vigilancia y control a los recursos destinados para las elecciones.

Otra línea de seguimiento se enfocó en el posible uso de recursos públicos con fines proselitistas en época electoral. Allí se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a $1,68 billones, firmados entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.

Posteriormente, entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año, ya en vigencia la Ley de Garantías, se detectaron 368 contratos directos adicionales por $31.959 millones con objetos similares.

“En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, manifestó el Contralor.

Finalmente, Rodríguez Becerra advirtió que el país enfrenta desafíos como la polarización, la desinformación, el orden público, la violencia política y las brechas sociales, factores que ponen a prueba las instituciones. “Espacios como éste evidencian el esfuerzo al que estamos llamados para fortalecer las garantías electorales, promover prácticas responsables y avanzar hacia mecanismos que reduzcan la desigualdad y dignifiquen la participación democrática”, concluyó.

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