Consejo de Estado respalda a presidente De la Espriella y niega tutela por expresiones religiosas

El Consejo de Estado negó una acción de tutela presentada contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por las manifestaciones religiosas realizadas durante actos públicos de su Gobierno. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, que examinó los señalamientos sobre una presunta vulneración del carácter laico del Estado colombiano y las libertades de conciencia y de cultos.

La providencia, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, resolvió las pretensiones formuladas por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández contra el jefe de Estado y dos integrantes de su gabinete: Rodrigo Lara, quien se desempeñaba como ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos cuestionados, y Paola Holguín, ministra de Cultura.

Lea también (Gato Rogelio: clínica veterinaria contradice versión de la Universidad San Martín)

El accionante cuestionó la presencia de expresiones vinculadas con el catolicismo y el judaísmo durante actividades públicas en las que participaron funcionarios del Gobierno nacional. Según su planteamiento, esas manifestaciones podían comprometer el deber de neutralidad religiosa de las autoridades y constituir una promoción institucional de determinadas confesiones.

Los magistrados de la Sección Quinta rechazaron las pretensiones de la tutela. La información divulgada sobre la decisión también señala que el Consejo de Estado calificó como “temerario” parte del recurso presentado por el demandante.

La controversia judicial se concentró en la relación entre las manifestaciones religiosas de los servidores públicos y el principio constitucional de laicidad, que establece la separación entre las instituciones estatales y las confesiones religiosas.

La Constitución Política de Colombia reconoce, en su artículo 18, la libertad de conciencia y prohíbe que las personas sean obligadas a actuar contra sus convicciones. Por su parte, el artículo 19 garantiza la libertad de cultos, reconoce el derecho a profesar y difundir libremente una religión y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

En el mismo sentido, la Ley Estatutaria 133 de 1994 desarrolla el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos. Su artículo segundo establece que ninguna iglesia o confesión religiosa tiene carácter estatal u oficial y reconoce el deber de protección de las creencias religiosas.

La decisión del Consejo de Estado se conoce después de otras controversias judiciales relacionadas con las expresiones religiosas del presidente De la Espriella durante los primeros meses de su mandato, iniciado el 7 de agosto de 2026.

Uno de los antecedentes ocurrió durante la ceremonia de posesión presidencial, realizada en Cali, Valle del Cauca, cuando el Congreso de la República incorporó a la programación un espacio denominado “Invocación y alabanza”, en el que participaron representantes de distintas confesiones religiosas.

La actividad contó con intervenciones de representantes católicos, un pastor evangélico y un rabino. Su inclusión en la ceremonia motivó una acción de tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien consideró que el acto desconocía el deber de neutralidad religiosa del Estado.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá resolvió inicialmente esa controversia y ordenó al presidente De la Espriella y al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ofrecer disculpas públicas por las manifestaciones religiosas realizadas durante la ceremonia oficial.

La decisión de primera instancia también incluyó disposiciones relacionadas con el respeto al principio de neutralidad religiosa en las actuaciones de las autoridades públicas.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia en septiembre de 2026 y negó las pretensiones del accionante.

En su pronunciamiento, el Tribunal examinó las circunstancias en las que se desarrolló la ceremonia presidencial y señaló que la sesión del Congreso tenía como finalidad principal la posesión del nuevo jefe de Estado.

Los magistrados también tuvieron en cuenta que durante el acto participaron representantes de distintas confesiones y que sus intervenciones no estuvieron dirigidas a exigir la adhesión de los asistentes a una religión determinada.

La corporación recordó que el carácter laico del Estado colombiano no supone la eliminación de las creencias religiosas de la sociedad ni la prohibición de que los ciudadanos, incluidos los servidores públicos, ejerzan sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de cultos.

El Tribunal también examinó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y concluyó que el accionante no había acudido previamente a otros mecanismos para solicitar aclaraciones o rectificaciones sobre las manifestaciones cuestionadas.

La controversia dio lugar a pronunciamientos de distintas autoridades. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, defendió la autonomía del Legislativo para organizar la ceremonia de posesión y sostuvo que la participación de representantes de varias religiones no constituía una adhesión institucional a una confesión determinada.

En la impugnación presentada por la Presidencia del Congreso se argumentó que el carácter plural de la actividad religiosa debía tenerse en cuenta al establecer si existió una vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante.

Otro proceso judicial se originó en una actividad realizada el 29 de agosto de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”.

Durante ese encuentro, convocado por el Gobierno nacional, se desarrollaron manifestaciones religiosas relacionadas con la Virgen de Fátima. La participación del presidente motivó una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó una vulneración de las libertades de conciencia y de cultos y del principio de neutralidad religiosa.

El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá resolvió esa acción mediante una sentencia del 15 de septiembre de 2026, en la que ordenó al mandatario abstenerse de participar, en ejercicio de sus funciones, en actos que implicaran una manifestación de adhesión o identificación del Estado con una confesión religiosa determinada.

El despacho también examinó una afirmación atribuida al presidente sobre la entrega de la Nación a Cristo. Tras revisar el registro audiovisual de la actividad, estableció que esas palabras habían sido pronunciadas por otra persona y no por el jefe de Estado.

La sentencia no ordenó una reparación simbólica al accionante ni dispuso remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para iniciar una investigación disciplinaria.

Los procesos judiciales se originaron en hechos y acciones de tutela diferentes, promovidos por ciudadanos distintos y examinados por autoridades judiciales independientes.

En el caso más reciente, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la tutela presentada por Román Camilo Díaz Fernández contra el presidente De la Espriella, Rodrigo Lara y Paola Holguín, y negó las pretensiones relacionadas con las manifestaciones religiosas cuestionadas.

Otras noticias