Confirman condena contra exrepresentante de Yapurutú por corrupción en contrato de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Tras revisar los términos del allanamiento a cargos, el Tribunal ajustó la pena contra Estupiñán Bravo a 9 años, 11 meses y 27 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la investigación adelantada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el condenado intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría a favor de Yapurutú. El contrato, por $29.000 millones, tenía como propósito suministrar 40 carrotanques destinados al departamento de La Guajira.

Dentro del proceso contractual, Estupiñán Bravo presentó una certificación en la que se garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, esa información no correspondía con la realidad, pues los carrotanques todavía se encontraban en etapa de ensamblaje.

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Pese a esta situación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 el procesado y otros involucrados tramitaron desembolsos por $25.375 millones.

La investigación estableció además que durante la ejecución del proceso contractual se generaron sobrecostos por $11.114 millones. De esta suma, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se habrían apropiado de $4.330 millones, mientras que otros terceros recibieron $6.784 millones.

Además de la pena de prisión, el exrepresentante de ventas recibió una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas. También deberá pagar una multa de $5.000 millones por los recursos apropiados y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De manera paralela al proceso que derivó en su condena, un juez de control de garantías de Bogotá avaló un principio de oportunidad suscrito entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía General de la Nación.

En virtud de este acuerdo, el procesado se comprometió a entregar información relevante sobre otros posibles involucrados en los hechos investigados, reparar económicamente los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.

Como parte del principio de oportunidad, la Fiscalía determinó la suspensión parcial de la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado.

El caso hace parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades por las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD relacionadas con el suministro de carrotanques para La Guajira.

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