Caso Ungrd: suspenden audiencia de libertad por vencimiento de términos de Sandra Ortiz

La audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue suspendida este miércoles y continuará el próximo 16 de abril a las 9:00 a.m. La exfuncionaria enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante la diligencia, el abogado defensor, Mauricio Camacho, argumentó que la exfuncionaria habría superado los tiempos máximos establecidos por la ley para el inicio del juicio. Según explicó, desde la radicación del escrito de acusación -realizada el 24 de enero de 2025- hasta el inicio del juicio han pasado más de 240 días, cifra que, a su juicio, configura el vencimiento de términos. Añadió que, en total, han transcurrido más de 400 días desde esa etapa procesal y que Ortiz completa más de 500 días privada de la libertad.

Lea también (Procuraduría alerta irregularidades en Corpamag por suspensión del ferry en Salamina)

La defensa insistió en que los plazos fijados en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal fueron sobrepasados. En ese sentido, Camacho señaló que “la ciudadana Sandra Eliana Ortiz ha superado con creces el factor objetivo que le imponía ese canon quinto del 317. Solicito que usted ordene la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova y profiera la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación 26 de Carabineros del Parque Nacional”.

La audiencia no concluyó durante esta sesión y quedó suspendida mientras el juez analiza los argumentos presentados por la defensa y las posiciones de las demás partes dentro del proceso. Esta diligencia se suma a un historial de solicitudes similares por parte del equipo jurídico de Ortiz, entre ellas peticiones de libertad por vencimiento de términos y solicitudes de preclusión, ninguna de las cuales ha prosperado hasta ahora.

Sandra Liliana Ortiz, quien fue exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, es procesada por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del entramado de corrupción en la Ungrd. 

Según la acusación de la Fiscalía, la exfuncionaria habría gestionado y entregado $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que los recursos estaban destinados al pago de sobornos.

Otras noticias