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Caso Ungrd: Corte Suprema aplaza decisión sobre congresistas investigados
Empate en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema frenó la decisión. La definición se retomará después de elegir conjueces.
La Corte Suprema de Justicia aplazó la decisión sobre la acusación contra cinco congresistas y un excongresista investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de que la Sala de Instrucción registrara un empate en la votación sobre su situación jurídica.
Los implicados en el proceso son Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
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La discusión quedó empatada 3-3 entre los magistrados. Por esta razón, el Alto Tribunal deberá designar conjueces que permitan destrabar el debate. La Sala se reunirá nuevamente la próxima semana para esa elección y el 11 de marzo retomará la deliberación que definirá si los parlamentarios serán llamados a juicio y enviados a prisión.
El magistrado ponente, Misael Rodríguez, propuso avanzar con la acusación formal y dictar medida de aseguramiento contra los investigados. Según su planteamiento, los implicados, por su condición de figuras políticas con influencia regional y nacional, podrían interferir en el proceso judicial si continúan en libertad.
Dentro del expediente, una de las principales pruebas son los chats del celular de la exasesora del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, en los que se registran reuniones entre ministros señalados en el escándalo y los congresistas investigados. En esos encuentros, según la investigación, se habría negociado apoyo político a proyectos del Gobierno, como el de endeudamiento.
Sin embargo, durante la discusión surgieron posturas jurídicas distintas. Una de ellas advierte un posible vicio de procedimiento en la investigación contra Manzur, originalmente en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, que habría sido reasignada sin cumplir el trámite correspondiente, lo que podría anular lo actuado.
La otra posición plantea negar la medida de aseguramiento al considerar que no existen pruebas nuevas o sobrevinientes que justifiquen apartar a los congresistas de sus funciones públicas mientras avanzan las investigaciones.
El caso adquiere mayor relevancia política porque Manzur y Manrique están aspirando a la reelección. Con el aplazamiento de la decisión, la definición de su situación jurídica podría quedar atravesada por las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las que podrían resultar nuevamente elegidos al Congreso.
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