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Caso Odebrecht: Colombia exige a EE. UU. nombre de alto cargo mencionado en acuerdo con Grupo Aval
MinJusticia pide a EE.UU. revelar identidad del “Funcionario 3” del caso Odebrecht.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, envió una solicitud formal a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, con el propósito de que sea revelada la identidad del individuo denominado como “Funcionario Colombiano 3” dentro del acuerdo de resolución judicial alcanzado en ese país entre las autoridades federales y representantes del Grupo Aval, en el marco del proceso derivado del escándalo de corrupción vinculado con la Ruta del Sol II.
La petición se fundamenta en los compromisos vigentes de cooperación judicial bilateral entre Estados Unidos y Colombia. El documento remitido a la fiscal estadounidense plantea la importancia de que el Estado colombiano pueda conocer el nombre de la persona aludida en el citado acuerdo como receptora de sobornos por parte de los actores involucrados en la adjudicación y ejecución del contrato de concesión vial de la Ruta del Sol II, proceso en el cual también tuvo participación la constructora brasileña Odebrecht.
En la misiva enviada desde el despacho del ministro Idárraga, se expresa que la individualización de dicho funcionario es relevante para continuar con los procesos internos de esclarecimiento de los hechos que rodearon este caso de corrupción transnacional.
El ministro señala que, en el documento suscrito por las autoridades judiciales de Estados Unidos y los representantes legales del Grupo Aval, se hace referencia directa a que la identidad de esta persona es conocida por las entidades encargadas de la investigación en ese país.
Según el contenido de los hechos jurídicamente relevantes incluidos en el acuerdo judicial, el “Funcionario Colombiano 3” habría desempeñado funciones dentro de la Rama Ejecutiva del Estado colombiano entre los años 2010 y 2018.
En ese contexto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, solicita que la identidad de esta persona sea remitida de forma oficial, ya sea por parte de la fiscal Bondi o mediante orden del juez competente que tramitó el caso.
La comunicación indica además que, junto con el nombre, deben ser enviados los soportes documentales que permitieron a las autoridades estadounidenses identificar al referido funcionario como beneficiario de pagos indebidos.
Esta documentación, según expone Idárraga, es necesaria para que la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades competentes en Colombia puedan continuar con las investigaciones y eventuales acciones judiciales que correspondan en el ámbito nacional.
El Gobierno colombiano sustenta su petición en el principio de colaboración judicial internacional y en el interés superior de garantizar la verdad en los casos de corrupción que han tenido impacto en la contratación estatal, así como en la necesidad de avanzar en mecanismos efectivos de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional frente a hechos que comprometen a servidores públicos de alto nivel.
Esta solicitud se produce en un contexto en el que el caso Odebrecht ha generado múltiples investigaciones tanto en Colombia como en otros países de América Latina.
En el caso específico de la concesión de la Ruta del Sol II, el escándalo incluyó la revelación de pagos ilícitos a funcionarios y particulares para asegurar la adjudicación y posteriores adiciones contractuales del megaproyecto de infraestructura, con millonarios perjuicios para el erario.
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