Procuraduría investiga a Benedetti y Angie Rodríguez por presunto pacto con exparamilitares

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta participación en un intento de utilizar testimonios de antiguos jefes paramilitares contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el abogado Abelardo de la Espriella con fines electorales.

El proceso está relacionado con el denominado “Pacto de Valledupar”, un encuentro en el que, según las denuncias conocidas, se habría solicitado a exintegrantes de las autodefensas entregar declaraciones que comprometieran a los tres dirigentes políticos.

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La actuación disciplinaria se produjo después de las declaraciones de Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que la reunión, presentada inicialmente como una actividad institucional, habría tenido objetivos distintos de los anunciados públicamente.

Ante estos señalamientos, el Ministerio Público dispuso la recopilación de elementos probatorios para establecer las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro y determinar si existió una utilización indebida de funciones o recursos institucionales para promover actuaciones contra figuras políticas.

Entre las primeras decisiones, la Procuraduría ordenó conservar las entrevistas concedidas por Angie Rodríguez y las manifestaciones difundidas por Mancuso en sus redes sociales. Estos registros serán incorporados al material que examinará el organismo de control durante la investigación.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación un informe sobre las diligencias y actuaciones adelantadas en relación con las denuncias, con el propósito de conocer los elementos recopilados por ese organismo y establecer su pertinencia dentro del expediente disciplinario.

Otra de las medidas contempla una inspección al Dapre para obtener documentación relacionada con la gestión de Rodríguez, particularmente los archivos entregados al equipo de empalme durante la transición de Gobierno y los registros vinculados con su salida de la entidad.

La revisión documental busca identificar información que permita reconstruir los hechos denunciados y establecer si existen registros administrativos relacionados con las actuaciones atribuidas a los investigados.

La Procuraduría también dispuso escuchar en declaración a Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Hollman Morris, director de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz.

Sus testimonios harán parte de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del denominado “Pacto de Valledupar”, el carácter de la reunión y la posible participación de funcionarios públicos en las actuaciones denunciadas.

El organismo de control deberá determinar si Benedetti y Rodríguez incurrieron en conductas que constituyan faltas disciplinarias, particularmente frente a los señalamientos sobre una eventual utilización de antiguos integrantes de organizaciones paramilitares para obtener declaraciones contra Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella.

El denominado “Pacto de Valledupar” surgió de una reunión celebrada en octubre de 2025 en la capital del Cesar, en la que participaron 11 antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y representantes del Gobierno de Gustavo Petro. El encuentro tenía como propósito anunciado avanzar en el cierre del proceso de desmovilización iniciado con los acuerdos de Santa Fe de Ralito, revisar los compromisos pendientes de reparación a las víctimas y abordar la situación jurídica de antiguos integrantes de las autodefensas. Entre los asistentes estuvieron Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”, y Edward Cobos Téllez, conocido como “Diego Vecino”.

La reunión contó con la participación de Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Víctor de Currea-Lugo, asesor presidencial; Armando Benedetti, ministro del Interior, y Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin embargo, según las declaraciones posteriores de Rodríguez y Mancuso, durante las conversaciones se habría planteado a los excomandantes la necesidad de entregar testimonios públicos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el abogado Abelardo de la Espriella. Rodríguez aseguró que la solicitud provenía del entonces presidente Gustavo Petro, afirmación cuya veracidad y alcance deberán establecer las autoridades.

Salvatore Mancuso confirmó que los representantes gubernamentales les solicitaron pronunciarse contra los tres dirigentes políticos, pero aseguró que ninguno de los antiguos comandantes aceptó. En un video difundido en sus redes sociales, el exjefe paramilitar explicó que había acordado personalmente con Petro, durante una reunión anterior en Montería, revisar los resultados del proceso de desmovilización, los bienes entregados para reparar a las víctimas, las obligaciones judiciales pendientes y la situación de los excombatientes privados de la libertad. Según su relato, la propuesta presentada posteriormente en Valledupar por Rodríguez y De Currea-Lugo modificó el propósito inicial del encuentro y provocó el rechazo de los participantes.

Mancuso sostuvo que los excomandantes ya habían entregado información ante las autoridades judiciales durante más de dos décadas y que no estaban dispuestos a participar en declaraciones orientadas contra determinadas figuras políticas. También aseguró que, después del desacuerdo, no se realizaron entrevistas ni pronunciamientos públicos contra Uribe, Vargas Lleras o De la Espriella y que las reuniones destinadas a concluir los asuntos pendientes del proceso de Ralito no volvieron a convocarse. Sobre la eventual responsabilidad de Gustavo Petro, precisó que el exmandatario nunca le formuló personalmente esa solicitud y que corresponderá a las autoridades establecer quién impartió las instrucciones.

Las declaraciones de Mancuso coincidieron con el testimonio de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor del excomandante paramilitar, quien afirmó haber presenciado las reuniones y señaló a Rodríguez y De Currea-Lugo como las personas que transmitieron la petición. Villamizar aseguró que los antiguos jefes de las autodefensas rechazaron la propuesta y que no se concretó ningún acuerdo para declarar contra los dirigentes mencionados.

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