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Cargos a funcionarios del Inpec por fiesta en pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota
Los hechos ocurrieron en el pabellón de extraditables, donde se habrían realizado conciertos vallenatos sin autorización.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades ocurridas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá La Picota, específicamente en el pabellón de alta seguridad de extraditables.
Los hechos investigados tuvieron lugar entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, durante la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes, fecha en la que, según el Ministerio Público, se habrían realizado conciertos con reconocidos cantantes vallenatos sin autorización.
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La medida disciplinaria afecta a: Carlos Hernán Camacho, entonces director encargado de La Picota, Luis Francisco Gómez Benítez, capitán de prisiones. Los dragoneantes Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, así como la realización de juegos de azar y los mencionados conciertos dentro del pabellón de alta seguridad.
Estas conductas, señaló la Procuraduría, representarían una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del régimen penitenciario, especialmente tratándose de un espacio destinado a internos de alto riesgo con estrictas medidas de control.
Para el Ministerio Público, los investigados habrían incumplido las normas que regulan el ingreso de elementos permitidos y prohibidos en los centros penitenciarios, así como los deberes establecidos en el Código General Disciplinario y los reglamentos internos del sistema carcelario.
La Procuraduría reiteró que la vigilancia del sistema penitenciario es esencial para garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad institucional y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Añadió que estas investigaciones buscan asegurar que hechos como estos no vuelvan a repetirse en establecimientos de alta seguridad del país.
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